El Gobierno sube impuestos a los ricos y plantea un alivio mínimo a las rentas bajas

La batalla fiscal iniciada por las comunidades autónomas en las últimas semanas ha obligado al Gobierno a adoptar nuevas medidas que se adoptarán a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y de la iniciativa parlamentaria. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este jueves un nuevo paquete de medidas que afectarán al IRPF, al impuesto de Sociedades y los gravámenes a la riqueza con las que el Estado espera recaudar 3.144 millones de euros adicionales en dos años.

Unas medidas que no tienen impacto en el País Vasco, que goza de régimen fiscal propio en virtud del Concierto Económico. De hecho, las instituciones vascas han insistido estos días que no entrarán en el «festival fiscal». Es más, se ciñen a las medidas aprobadas a finales de julio en Euskadi para paliar la elevada inflación.

«La situación actual requiere de una actuación decidida para ayudar a familias y empresas», indicó la ministra durante su comparecencia ante los medios.

Bajo esa premisa, el Estado impondrá un nuevo «impuesto de solidaridad» a las grandes fortunas, que se aplicará de forma temporal en 2023 y 2024 a los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 3 millones de euros (más 300.000 euros de la vivienda habitual).

El gravamen, que se pagará a partir de 2024, establecerá tres tramos a nivel estatal. Para los patrimonios de entre 3 y 5 millones de euros se aplicará un tipo del 1,7%. Para los que se sitúen entre 5 y 7 millones de euros, del 2,1%, mientras que si se superan los 10 millones de euros, se tributará al 3,5%.

Desde el Ministerio detallan que el tributo no se aprobará en Presupuestos como el resto de las medidas anunciadas, sino por otra vía legal que aún se debe detallar. E indican que se intentará evitar la doble imposición, con lo que la cuota que se abone por Patrimonio en las CCAA será deducible.

Según el Ejecutivo, el potencial recaudatorio de esta medida, diseñada para impactar en las CCAA que en la práctica han eliminado el tributo mediante bonificaciones, ascenderá a 1.500 millones de euros y los contribuyentes potenciales alcanzan los 23.000 millones.

En el IRPF, por su parte, el Gobierno llevará a cabo varias medidas que intentarán beneficiar a las rentas bajas, aunque de forma limitada. Por un lado, incrementa del 26% al 27% el gravamen sobre las rentas de capital superiores a los 200.000 euros. Para las de más de 300.000 euros, se eleva también dos puntos, hasta el 28%.

A cambio de ese esfuerzo mayor para los que más ganan, el Gobierno propone cambios que afectarán a los ciudadanos de menores rentas en rendimientos de trabajo. No se tocarán los tramos ni los tipos, sino que se ampliará el beneficio fiscal del que ya gozan determinadas rentas más bajas de los 18.000 euros hasta los 21.000 euros.

«No es una cifra elegida al azar, porque el salario mediano en España se sitúa en torno a esa cifra», explicó la ministra. La medida supondrá un ahorro de 1.881 millones de euros a los beneficiarios, según cálculos del Ministerio.

Montero ha matizado que la medida no se puede comparar con la deflactación que han planteado algunas CCAA. «No es una deflactación, porque eso es una bajada generalizada de impuestos y eso es precisamente lo que pretendemos evitar. Lo que nosotros aplicamos es una ampliación de una deducción que ya existía sobre las rentas del trabajo», explican desde el Ministerio.

Calculan que «un trabajador que gana 18.000 euros, se ahorrará 746 euros al año con la medida». La ministra asegura que la deflectación en el IRPF que han propuesto las CCAA apenas alcanza un ahorro de unos 23 euros.

La reducción también alcanzará al mínimo de tributación. A partir de ahora, quedarán exentos del pago del IRPF los salarios a partir de 15.000 euros, frente a los 14.000 euros actuales. «Es una medida que intenta acompañar la subida del SMI», indicó la ministra. Esta medida se incluirá en los próximos PGE. El impacto de esta medida será de 1.881 millones de euros.

En el ámbito del IRPF también habrá novedades para los autónomos, con una rebaja adicional del 5% en el rendimiento neto de los módulos para los autónomos. Del mismo modo, se eleva al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación.

En cuanto al impuesto de Sociedades, a la tributación mínima del 15% para las grandes empresas aprobada recientemente, el Gobierno sumará una rebaja del tipo nominal del 25% al 23% del tributo para pequeñas empresas con facturación inferior al millón de euros. El Gobierno estima en 407.300 las empresas que se beneficarán de la medida.

A ello se sumará un cambio normativo que limitará al 50%, desde el 75% actual, la posibilidad de compensar pérdidas de filiales en los grupos consolidades. Es decir, solo se podrán aplicar un 50% de las pérdidas. El Estado espera recaudar con esta medida unos 2.439 millones de euros entre 2023 y 2024 afectando a unas 3.600 empresas, el 0,2% de las declarantes del impuesto de Sociedades.

«Tenemos que hacer el ajuste fiscal para combatir la inflación», indican desde el Ministerio, donde calculan que la rebaja de los impuestos energéticos ha supuesto un ahorro de más de 10.0000 millones de euros a familias y empresas.

«Las medidas responden a las necesidades del momento y están justificadas», indicó Montero, que también confirmó que el paquete de los próximos Presupuestos incluirá la bajada del 10% al 4% en los productos de higiene femenina.