Listado de morosos
Lagilur y los hermanos Osinalde repiten como los grandes morosos de la Hacienda de GipuzkoaSon 86 nombres, con una deuda de 319 millones, los que componen la relación de los mayores deudores después de que el umbral se redujera a 600.000 euros
La Hacienda foral de Gipuzkoa publicó este viernes la que es ya la octava lista de contribuyentes con grandes deudas con el erario público; un ... listado que incluye a 86 sujetos (casi el doble que los 46 de la toma anterior) que suman una deuda total de 319 millones de euros. En concreto, la lista -que tiene una vocación en cierto modo ejemplarizante- identifica a aquellas personas físicas o jurídicas que tenían una deuda superior a 600.000 euros con la Hacienda foral a 31 de diciembre de 2022.
Respecto a la anterior lista, publicada en junio del pasado año, la principal novedad radica en la reducción del límite para entrar en ella, que pasa del millón de euros anterior a los citados 600.000 euros del presente documento.
Esa alteración -que en realidad replica un movimiento idéntico realizado con anterioridad en el Estado- ha hecho que se incorporen a la lista de grandes deudores otros 50 nuevos contribuyentes; un grupo que suma una deuda total de 45,5 millones.
De la misma forma, explicó este viernes el equipo de Jokin Perona, desde la última publicación han abandonado la relación siete contribuyentres, que adeudaban en conjunto 13,4 millones.
La constructora Lagilur sigue siendo el sujeto tributario que más debe a la Hacienda de Gipuzkoa, con 80,22 millones de euros, la misma cantidad que figuraba en las anteriores listas y la mayor deuda a un fisco territorial en todo el País Vasco.
La deuda de la constructora deriva del derrumbe de una operación inmobiliaria emprendida en 2004 por Kutxa en Cartagena, a través de tres empresarios vascos del Grupo Yeregui, para desarrollar un megaproyecto turístico junto al Mar Menor.
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Pero la iniciativa no llegó a buen puerto y el proyecto naufragó porque se basaba en la premisa de que los terrenos iban a ser recalificados, pero este trámite no recibió luz verde dado que el plan no se ajustaba a los requerimientos medioambientales. Esa negativa dejó sin efecto una inversión de 219 millones de euros para construir 5.000 viviendas y campos de golf.
Dos hermanos
El segundo puesto se lo reparten los hermanos José Ramón y Juan Miguel Osinalde Echaniz, cuya primera aparición en la lista en el año 2017 estuvo envuelta en polémica, pero que desde entonces no han salido de la misma aunque siguen con la vía jurídica para resolver la situación con el fisco foral.
La minuta supera los 46,5 millones en un caso, y 46,4 en el otro. Eso sí, la cantidad que adeudan los dos hermanos al Fisco guipuzcoano es una única deuda solidaria (ambos responden por iigual) y no dos diferentes, con lo que a efectos prácticos no se pueden sumar ya que en realidad es la misma y es única.
La relación de grandes deudores, que se enmarca en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, busca hacer «pedagogía», asegura Hacienda, que persigue con este gesto «lograr el rechazo social y deslegitimar actitudes y comportamientos condescendientes con el fraude».
En esa lista aparecen tanto empresas (muchas de ellas en concurso de acreedores y sin actividad) como nombres de personas particulares. Como sucediera en anteriores ediciones, algunos de los protagonistas son 'viejos conocidos', como Fagor Electrodomésticos (con una deuda al erario público de 5,4 millones) o Lagun Artea, quebrada hace unos años. En el apartado empresarial, firmas de la construcción o inmobiliarias ocupan más de una casilla.
La lista se renovará el año que viene, esta vez con la fecha del 31 de diciembre de 2023 como referencia. La publicación del listado no resultará afectada por las actuaciones realizadas por el deudor o deudora con posterioridad a dicha fecha de referencia.
La propuesta de inclusión en el listado suele ser comunicada a la persona contribuyente, que dispone de 10 días para formular alegaciones. Pasado ese plazo, se procede a dictar el acuerdo de publicación. La misma se lleva a cabo por medios electrónicos y deja de ser accesible una vez transcurridos tres meses desde la fecha de publicación. Asimismo, se adoptan las medidas necesarias para que los motores de búsqueda de internet no accedan a esta información.
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