CAF superará los 17.000 millones en cartera tras amarrar el 'contrato del siglo' en Bélgica

El contrato público, que contempla un paquete inicial de 1.695 millones que implicaría la construcción de 180 trenes, aún no está formalmente firmado, pero esta reafirmación consolida la posición de la compañía guipuzcoana en una operación de calado estratégico. De cerrarse en firme, permitiría a la empresa dirigida por Javier Martínez Ojinaga superar holgadamente los 17.000 millones de euros en cartera de pedidos, una nueva cifra récord que rebasaría el techo de 15.603 millones anunciado en la presentación de resultados del primer trimestre. El próximo lunes, 28 de julio, el grupo, integrado también por la filial Solaris, dará a conocer el balance semestral, aunque el peso del macroproyecto belga no se reflejaría en la cartera hasta su firma.

La confirmación de CAF como adjudicataria preferente llega tras varios meses de tensión política y sindical. La decisión inicial de la operadora belga, anunciada el 28 de febrero, fue impugnada por Alstom, con fábricas en Brujas y Charleroi, y Siemens, que cuestionaron el peso dado al empleo local y otras condiciones del concurso. El Consejo de Estado, una suerte de tribunal contencioso-administrativo, dio parcialmente la razón a los reclamantes y suspendió el procedimiento por recomendación de su auditor. La polémica, que provocó las quejas de los alcaldes de Brujas y Charleroi y de la principal central sindical de Alstom, llevó incluso al ministro de Movilidad belga, Jean-Luc Crucke, a defender que un dictamen jurídico externo y una auditoría técnica independiente «validaron el proceso de evaluación».

La nota emitida ayer por la operadora de ferrocarriles belga argumenta que «las ofertas presentadas por los tres licitadores (CAF, Almstom y Siemens) incluyen el recurso a proveedores locales. El Consejo lo valora y anima al licitador preferente a concretar esta vía», agrega. La SNCB también subraya que ha tenido en cuenta los argumentos del Consejo de Estado y que la nueva motivación incluye un análisis detallado que respeta todos los criterios del procedimiento. Además, el Consejo de Administración ha solicitado a la dirección de CAF que, antes de la adjudicación definitiva, muestre una «confirmació» expresa de que sus actividades cumplen con el derecho internacional y los derechos humanos.

Durante estos meses de incertidumbre, CAF defendió la legalidad del procedimiento y la solidez de su oferta. Su consejero delegado, Javier Martínez Ojinaga, viajó a Bruselas para insistir en que la selección se realizó tras un «procedimiento transparente, basado en criterios objetivos» y se mostró dispuesto a explorar fórmulas de retorno industrial, aunque advirtió que no pueden imponerse condiciones no previstas en el pliego original. Ahora y tras esta última revisión, la operadora belga afirma que los tres licitadores, incluida CAF, han manifestado su intención de colaborar con proveedores locales como parte del proyecto.

La decisión definitiva de la SNCB refuerza la posición de CAF en el mercado europeo y en el debate sobre las normas de contratación pública en la Unión Europea. El caso ha sido seguido con atención en otros países, ante el temor de que un cambio de criterio sentara un precedente que afectara a la seguridad jurídica de futuras licitaciones transnacionales. Sobre ello, Ojinaga ya señaló durante la junta de accionistas, celebrada el pasado 14 de junio, que la industria ferroviaria europea necesita «normas simplificadas, previsibilidad y condiciones de competencia equitativas en materia de licitaciones y contratación pública». El adjudicatario deberá no solo construir los trenes, sino también suministrar piezas, formar personal y prestar soporte técnico durante décadas.