La izquierda abertzale exige al PNV que explique sus intereses «inconfesables» con la incineradora

La izquierda abertzale afirmó ayer que el PNV debe explicar a la ciudadanía guipuzcoana «cuáles son sus intereses inconfesables en la construcción de la incineradora de Zubieta».

Estas declaraciones de la izquierda abertzale suman un eslabón más al cruce de acusaciones con el PNV. El presidente del Consorcio de Residuos, Juan Carlos Alduntzin, acusó el pasado viernes a los anteriores responsables de la entidad de actuar «de forma despreciable e irresponsable con el dinero público». Horas después, el GBB respondía acusando a Bildu de incumplir la legalidad en materia de residuos y de «azuzar el miedo».

La izquierda abertzale criticó ayer que el PNV «está priorizando la defensa a ultranza de unos intereses económicos y políticos privados frente a los intereses comunes de la ciudadanía en todo lo que tienen que ver con la incineradora de Zubieta». La izquierda abertzale subraya que los jeltzales «cerraron deprisa y corriendo, justo al final de la pasada legislatura, unos contratos con los bancos que son tan ventajosos para esas entidades como perjudiciales para la ciudadanía guipuzcoana».

Según la formación independentista, ese contrato «suponía una pérdida para los ciudadanos de 5,7 millones de euros en el mismo momento de la firma, y luego 300.000 euros al mes. Este producto financiero no es un crédito, porque los créditos, como todo el mundo sabe, se pueden cancelar. Este llamado 'swap' es una condena para la ciudadanía, un auténtico atraco a las arcas forales».

La izquierda abertzale señala que «estamos ante una auténtica aberración contable y política que solo se puede entender desde la óptica de quien gobierna para defender los intereses de la gran banca y las grandes constructoras».

Bidegi

La coalición soberanista subraya que así ha funcionado el PNV mientras ha gobernado, «a todo lujo a cuenta del erario público, para defender el beneficio de unos pocos. Y es que llueve sobre mojado, porque la gestión de Markel Olano al frente de la Diputación está llena de agujeros negros: ahí está todavía pendiente la investigación por los 900 millones de deuda de Bidegi, cuyos desfases presupuestarios ya están sancionados en firme por el propio Tribunal Vasco de Cuentas, y que ahora están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas de Madrid. Y ahí está el caso Bravo, en el que quedó demostrada la existencia de una trama de fraude fiscal durante más de una década de gestión jeltzale en la hacienda foral».

La izquierda abertzale denuncia que «todo ello se ha producido mientras más de 45.000 ciudadanos están en el paro, más de 10.000 viven por debajo del umbral de la pobreza, cada día se cierran más fábricas, hay más desahucios... La crisis sistémica que padecemos es consecuencia de la nefasta gestión de unos políticos con nombre y apellido que han priorizado los intereses de la banca y de las constructoras por encima del bien común. Esos mismos políticos que deciden pagar la deuda de la banca con dinero público. Esos mismos políticos que hipotecan a la sociedad guipuzcoana para veinte años con la construcción de una incineradora tan contaminante que está demostrado que aumenta los índices de cáncer alrededor de la planta».

Restaurante

La izquierda abertzale incidió en que «esos políticos con nombre y apellido que trabajan por y para el gran capital, y que se van con ellos a celebrarlo a restaurantes de lujo, como Markel Olano y Carlos Ormazabal, y que luego se jactan públicamente de ello, riéndose a la cara de todos y cada uno de los guipuzcoanos y guipuzcoanas».

La formación soberanista hacía referencia a una información publicada el viernes por Gara. En ella se informaba sobre la comida y cena a la que invitaron los anteriores responsables del Consorcio en febrero de 2011 a los directivos de los bancos con los que se había firmado el contrato para financiar la incineradora. El importe de la comida, según la información citada, fue de 1.196 euros, a razón de 170 euros por comensal. La factura de la cena, para veinte personas, fue de 1.644 euros.

El ex diputado general, Markel Olano, respondió a esta información a través de su cuenta de twitter, afirmando que «la financiación del BEI ha sido clave para Gipuzkoa. ¿Que trajimos a responsables del BEI y los llevamos a comer a un buen restaurante? Bien hecho».