Las Juntas Generales de Bizkaia defendieron ayer la necesidad de aclarar la política sobre tratamiento de basuras que adoptará la Diputación de Gipuzkoa y las causas del posible retraso en la construcción de la incineradora. De esta forma, la Cámara foral vizcaína pretende conocer si, tras su finalización en mayo del próximo año, se renueva el convenio firmado en 2008 por la Diputación de Bizkaia y el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. El acuerdo permite que desde esa fecha se traslade al vertedero vizcaíno de Igorre de 25.0000 toneladas anuales de residuos guipuzcoanos.
Los firmantes del convenio se comprometían a aceptar el trasvase de residuos, previo pago de un 10% del coste de su tratamiento, hasta que Gipuzkoa desarrollara su plan para gestionar estas basuras.
En una iniciativa presentada por el PP y apoyada por el PSE y el PNV, la Cámara vizcaína se comprometió ayer a requerir la reunión urgente de la comisión de seguimiento de este convenio, a fin de «aclarar definitivamente» las intenciones de la Diputación de Gipuzkoa en materia de tratamiento de residuos.
«Caos e incertidumbre»
Ignacio Aldecoa, portavoz del PP, lamentó «el caos y la incertidumbre» en que, en su opinión, los actuales responsables de la Diputación de Gipuzkoa mantienen la gestión de las basuras. Añadió que, aunque Bizkaia está «ayudando» a sus vecinos guipuzcoanos, su capacidad de recoger vertidos «es limitada».
Aunque tanto el PSE-EE como el PNV respaldaron el texto, la representante del grupo nacionalista, María Presa, indicó que las Juntas Generales de Bizkaia «no somos quien debe decir a Gipuzkoa qué hacer con sus basuras».
Idoye Errazti, de Bildu, afirmó que la Diputación guipuzcoana debate la búsqueda del mejor sistema para tratar sus residuos de una forma respetuosa con el medio ambiente.
