Elorza admite el «fallo gordo» de que la limpieza de edificios lleve nueve años sin contrato

El alcalde reconoció ayer que ha sido «un fallo gordo» el mantener sin contrato en los últimos 9 años el servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales. El llegó el mismo día en que PNV y Hamaikabat arreciaron en críticas al gobierno municipal tras recibir un informe del secretario general del Ayuntamiento que considera la situación como una «clara irregularidad jurídica». Es el segundo episodio de esta naturaleza que sale a relucir en los últimos meses, tras revelar los grupos de la oposición que el gobierno municipal prorrogó el pasado septiembre tres contratos de gestión de la OTA cuando estos ya había expirado, algo que advirtió previamente el servicio jurídico municipal.

Los grupos PNV, EA, PP y la concejala de Hamaikabat pidieron hace dos semanas al secretario general del Ayuntamiento un informe que aclarase la situación de los contratos de limpieza de los edificios municipales -Ayuntamiento, sedes municipales, casas de cultura, polideportivos y colegios públicos- y determinase las consecuencias jurídicas. El letrado entregó ayer el informe, en el que se explica que el contrato se adjudicó el 14 de mayo de 1997 y expiró cuatro años después (2001) porque «no consta» que se haya determinado ninguna prórroga. El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas referente al ejercicio 2005 no sólo detectó esta irregularidad sino que frente a unas obligaciones de pago de 3,5 millones de euros anuales por estos servicios indicó que se facturaron unas cantidades «un 58% superiores, excluyendo las revisiones de precios».

El informe del secretario señala que desde 2001 no se ha convocado ningún concurso por lo que las empresas Galant Garbitasuna SL y FCC Medio Ambiente SA «han continuado prestando sus servicios al Ayuntamiento y facturando por los mismos sin contrato alguno». Esto es calificado como «una clara irregularidad jurídica», ya que la «prórroga tácita» de los contratos supone una adjudicación «por la vía de los hechos», que «ha privado a las empresas del sector de la posibilidad de optar a estos contratos», lo que constituye una «vulneración del principio de libertad de concurrencia».

Odón Elorza asumió ayer que lo ocurrido es «un fallo muy gordo» porque «no hemos sido capaces de detectar una situación irregular». Desde hace unas semanas se analizan todos los edificios y se ha pedido informe a los directores para elaborar el pliego de condiciones de la licitación. En una semana se aprobará un dictamen en la Junta de Gobierno que dará cobertura jurídica a los servicios de limpieza en tanto se convoque el preceptivo concurso.