El informe de la RGI concluye que el dinero defraudado no llega al 0,8% del gasto total

La brecha entre lo que dicen los datos sobre el nivel de fraude en el cobro de las prestaciones sociales y lo que la ciudadanía vasca percibe sigue siendo grande. El informe que recoge las propuestas de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) concluye que las cantidades defraudadas y utilizadas de forma indebida han dejado un agujero de 18,1 millones desde 2012, fecha en la que la gestión de la principal ayuda social en Euskadi pasó a manos de Lanbide. En este tiempo, el dinero pagado a perceptores que engañaron al sistema para cobrar el subsidio ha representado el 0,8% de la inversión total destinada al sistema, que asciende a 2.262 millones de euros incluida la partida para la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) para el alquiler.

La imagen instalada en casi la mitad de la ciudadanía vasca, sin embargo, dista mucho de este retrato, como también refleja el diagnóstico del sistema que acompaña al informe presentado la semana pasada por el Gobierno Vasco del PNV y PSE, una propuesta de reforma que ha relanzado el debate eterno sobre las ayudas sociales. El documento incluye una encuesta realizada a 1.350 personas en Euskadi, de las cuales el 48% manifestó estar de acuerdo con la idea de que el fraude está muy instalado entre los perceptores de estas ayudas. El porcentaje baja respecto a lo señalado por el 64% de los encuestados en 2012, pero no deja de resultar elocuente.

Los datos recogidos ayudan a entender las fortalezas y debilidades de un sistema que vive bajo el foco permanente. La fotografía refleja un modelo «plenamente homologable» a los países socialmente más avanzados de Europa, con casi 200 euros de gasto anual por habitante y un impacto positivo a la hora de reducir las tasas de pobreza, su principal misión. Las principales dificultades y limitaciones tampoco se distancian demasiado de lo que ocurre en otros sistemas europeos.

La primera cifra que destaca el informe es el «constante» incremento del número de tramitaciones, que se ha cuadruplicado entre 2012 y 2016. La explicación no está en las nuevas solicitudes, que de hecho van a la baja desde hace tres años, sino en el aumento de las revisiones por el aumento del control. Ocho de cada diez de estas verificaciones concluyen con el mantenimiento de la prestación. El esfuerzo en comprobar si la ayuda se está cobrando con pleno derecho permite evaluar con más precisión el nivel de fraude y de usos inadecuados. Los casos detectados han supuesto el 1,3% del total de revisiones realizadas desde 2012. El fraude en concreto ha ido reduciéndose del 0,77% al 0,26%. En cambio, la evolución de la cantidad defraudada se multiplicó casi por tres entre 2012 y 2015, pero ha vuelto a reducirse a la mitad el año pasado.

La mejora de los procesos de control ha hecho también aflorar una mayor cantidad de cobros indebidos de la ayuda, un problema de envergadura. Entre enero de 2013 y diciembre de 2016, el montante ascendió a 132,5 millones, de los cuales se han recuperado 26,1 millones.

Problema «estructural»

El principal motivo por el que se generan estos pagos de más es el trabajo (32%). Ocurre cuando un beneficiario de la ayuda empieza un contrato laboral y obtiene unos ingresos adicionales, que son comunicados a Lanbide pero no siempre hay margen administrativo para reflejar ese cambio en la nómina del mes. Las cuestiones relacionadas con la residencia habitual supusieron un 26%, mientras que un 11,6% respondieron a realidades de fraude y usos indebidos.

Aunque el sistema debe mejorar esta gestión, el informe pone sobre la mesa la dificultad que supone el creciente peso de la RGI en su modalidad de complemento a salarios bajos para incentivar la inserción laboral. Ahora mismo, un 20% de los perceptores son trabajadores pobres, pero «la perspectiva de que el empleo precario y los bajos salarios vaya a incrementarse en los próximos años hace suponer que el problema de los cobros indebidos pueda adquirir un carácter, si cabe, más estructural», sostiene el informe.

Ligada a esta fórmula, aparece otra de las sombras que suele planear sobre el sistema, la del riesgo de que los perceptores terminen viviendo de las ayudas en lugar de trabajar. Los datos de Lanbide recogen que el 55% de beneficiarios de la RGI llevan menos de cinco años cobrando la prestación. Del 46% que sí supera ese umbral, un tercio son personas de más de 65 años, en su mayoría pensionistas que completan sus ingresos bajos. La cronificación en el sistema «no es alta», refleja el estudio, pero sí se están elevando las tasas de intermitencia, es decir, el número de personas que entran y salen del sistema con cierta frecuencia precisamente por la inestabilidad del mercado de trabajo.

La inclusión laboral es de hecho otro de los grandes desafíos pendientes, aunque no exclusivo de Lanbide sino del conjunto del mercado de trabajo. «No llega a uno de cada cuatro perceptores activables -no entran a contar los pensionistas, por ejemplo- los que han conseguido engancharse en el mercado laboral aunque sea de manera precaria». El problema en realidad no es la disposición al trabajo de las personas que están cobrando la ayuda, sino «las posibilidades reales de inserción en el actual mercado laboral», concluye el informe.