El PP expresa su «decepción» y pide más medidas al Gobierno Vasco

Los cambios propuestos por el Gobierno Vasco para la RGI no han encontrado, de momento, un apoyo político en la oposición, aunque por motivos diferentes. Los grupos ligados a la izquierda, como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, reprocharon en una primera lectura las «medidas restrictivas» recogidas, mientras que el PP vasco reiteró ayer su «decepción» ante un documento que carece, a su juicio, de «ambición».

El presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, «apreció» que Lakua reconozca, aunque «tarde», que existe «un problema de fraude en la RGI, un problema grave de cobros indebidos y un problema muy serio de cronificación de las personas que reciben las ayudas», según dijo en Vitoria. Pero criticó que las medidas planteadas no tienen «ni ambición y ni voluntad» para resolverlos.

También mostró su «preocupación» ante la idea de que los cobros indebidos prescriban a los dos años si Lanbide no los reclama antes al perceptor. «Eso es legitimar una situación de fraude», acusó Alonso que reclamó al Ejecutivo bipartito del PNV y PSE «medidas efectivas y urgentes». Insistió en la necesidad de que el gabinete presidido por Iñigo Urkullu «se mueva ya», en lugar de «aparentar que uno va a tomar medidas, dilatarlas en el tiempo y tratar de calmar a la opinión pública pero para no hacer nada», reprochó ante el anuncio de que las primeras medidas no se aplicarían hasta 2019.

«Política de Maroto»

El sindicato ELA también expresó ayer su «preocupación» pero por entender que la propuesta de reforma supone «recortes» en el acceso a la prestación. «La mayoría de medidas suponen más control y más criminalización, con el único objetivo de recortar», reprobaron el responsable del área social de ELA, Mikel Noval, y la integrante del gabinete de estudios de la central Janire Landaluce. Criticaron, entre otras medidas, el anuncio de más control en la comprobación de la residencia efectiva de los perceptores o la idea de conceder una sola RGI por domicilio -aunque abierta a excepciones-, lo que supone aplicar «la política de Maroto».

No pasaron por alto las palabras de la consejera, Beatriz Artolazabal, en las que dijo que con 650 euros se puede llevar una vida digna y le invitó a que haga «la prueba un par de años». Lamentaron además que se apliquen en las cuantías el recorte del 7% respecto a la ley de 2008 y además se desligue de la actualización del SMI.