Sánchez ofrecerá a medio plazo un estatus a Cataluña que encauce su aspiración nacional

La primera fase de esta estrategia de distensión pasa por intentar enfriar la inflamación identitaria provocada por el choque de trenes tras la Declaración Unilateral de Independencia el pasado 30 de octubre, considerada inconstitucional, y reducir el clima de confrontación entre la Generalitat y el Estado, una vez que se ha desactivado ya la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El Ejecutivo de Sánchez cree que esta apuesta es perfectamente compatible con una estrategia inteligente de explicación que deslegitime en la Unión Europea la campaña de imagen desarrollada por el secesionismo catalán contra la democracia española. La elección de Josep Borrell al frente de Exteriores encaja en esa filosofía.

En todo caso, el Gobierno es consciente de que esta operación va a costar tiempo, y que en la terapia de los próximos meses «unos y otros nos vamos a decir muchas cosas con mucha dureza». Sobre todo porque está en curso un proceso judicial en el que los principales exresponsables de la anterior Generalitat están encausados y, mayoritariamente, en prisión preventiva acusados de un grave delito de rebelión.

Sin embargo, la última pretensión es reconducir este conflicto al ámbito político y gestionar una solución negociada que sería bien vista desde la Unión Europea. El último horizonte sería una reforma de la Constitución, que la ministra de Política Territorial y Función Pública, la catalana Meritxel Batet, ha considerado «necesaria, urgente y viable», pero que requeriría el concurso del centro-derecha para ponerse en marcha con garantías de éxito. Una voluntad por ahora inexistente; además, los nacionalistas catalanes también ven insuficiente este cambio en la estructura constitucional del Estado en la medida en la que no recoge el derecho a decidir.

A corto plazo, las expectativas son pues más modestas y pasan por alumbrar un nuevo tiempo que mitigue la confrontación y posibilite la apertura de un canal de diálogo. La próxima entrevista entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pretende reabrir esta relación institucional, a pesar de las profundas discrepancias.

El Ejecutivo central, a través de la ministra Batet, ha comenzado a preparar una respuesta concreta al listado de las 46 reivindicaciones que en su momento entregó el expresident Carles Puigdemont al ya expresidente Mariano Rajoy, con excepción de la exigencia de un referéndum de autodeterminación vinculante. También estudia fórmulas para el desbloqueo de determinadas leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña e impugnadas ante el Tribunal Constitucional. Batet pidió ayer al Govern «acuerdos parciales» para «restaurar la confianza».

La cuestión política de fondo quedaría pendiente para una próxima legislatura. El modelo de Sánchez, que en su momento ya abrazó la realidad plurinacional de España frente a los sectores más jacobinos de su partido, pretende corregir los desajustes del actual diseño autonómico pero deja claro su rechazo a la ruptura de la soberanía constitucional. La línea roja es el derecho de autodeterminación, aunque se difumine en un eufemismo semántico como derecho a decidir.

Sin embargo, la novedad es que los socialistas creen que deben plantear una alternativa política al independentismo y se oponen también a un discurso inmovilista de mantenimiento de estatu quo. A su juicio, ha sido esa resistencia a las reformas la que ha provocado una espiral de radicalidad al exacerbar al secesionismo y, a su vez, alimentar el espacio españolista de Ciudadanos en una parte de su electorado tradicional castellano-parlante del cinturón industrial de Barcelona. Los socialistas ven factible alcanzar acuerdos a corto plazo en inversiones en infraestructuras y estudian las fórmulas para la recuperación de las competencias del Estatuto de 2006 que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2010, así como una nueva Ley de Lenguas y un nuevo modelo de financiación autonómica.

En todo caso, el Ejecutivo socialista no moverá ficha política hasta la próxima legislatura. Si el PSOE puede formar de nuevo Gobierno y cuenta con una mayoría suficiente se reactivaría esta 'tercera vía' para explorar un nuevo pacto entre Cataluña y el Estado español.

En este escenario comienzan a perfilarse algunas propuestas para el debate que el Gobierno de Sánchez observa con interés. La primera, la presentada hace varias semanas por un instituto de prestigio como el Cer- cle de Economía de Cataluña, que desde el Ejecutivo socialista se considera un instrumento valioso y pragmático para una discusión alejada de planteamientos rupturistas. La propuesta plantea la necesidad de «respetar el principio de legalidad» pero, al mismo tiempo, pide hacerlo compatible «con el ejercicio del principio democrático que obliga a los poderes políticos a encontrar las vías legales adecuadas para encauzar las legítimas aspiraciones y preferencias de la población».

A corto plazo plazo, el principal desafío de los socialistas pasa por reactivar el debate en el seno de la Comisión del Congreso de los Diputados encargada de estudiar las posibilidades de una reforma de la Constitución. Una comisión que en este momento se encuentra bajo mínimos ya que, por motivos muy diferentes, no participan ni Ciudadanos ni Unidos Podemos, ni tampoco los nacionalistas vascos ni catalanes.

Sin embargo, un escollo que condiciona la normalización de relaciones es todo el proceso judicial en marcha, con una instrucción a punto de cerrarse, con la vista puesta en el juicio oral, previsiblemente en otoño, y una serie de graves acusaciones por delito de rebelión contra los exresponsables de la Generalitat. La situación de siete políticos en prisión preventiva y las causas judiciales abiertas contra varios más que están en extranjero complican el deshielo.

En esta línea, uno de los gestos que podría hacerse realidad en las próximas semanas es el del acercamiento de los políticos presos a las cárceles de Cataluña. Los socialistas catalanes están por la labor y la ministra Batet se ha mostrado a favor, si bien ha matizado recientemente que la decisión final dependía del juez instructor. El encargado de la instrucción, el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, negó ese extremo. La esposa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cuixart, que sigue encarcelado, recordó a Batet que ha quedado claro que la decisión solo compete a Instituciones Penitenciarias y le pidió que se asesore antes de opinar sobre el tema.

En este contexto, los socialistas catalanes abogan por llevar a cabo esta medida en las próximas semanas como gesto de apaciguamiento. El mismo Torra ha planteado esta demanda en sus contactos con dirigentes socialistas, así como su preocupación por el impacto en un nuevo tiempo de distensión de una eventual entrega de Carles Puigdemont a la Justicia española, si finalmente se llevara a cabo.