Diario Vasco

Habrá Justicia para el juez Lidón

La viuda de Lidón, Marisa Galarraga, emocionada en un homenaje en el Tribunal Superior junto a sus hijos Jordi e Iñigo, Juan Luis Ibarra y Josu Erkoreka.
La viuda de Lidón, Marisa Galarraga, emocionada en un homenaje en el Tribunal Superior junto a sus hijos Jordi e Iñigo, Juan Luis Ibarra y Josu Erkoreka. / TELEPRESS
  • El Gobierno pide la extradición de 'Txeroki' tras ser inculpado por el asesinato perpetrado hace 15 años

  • El sumario del crimen que sacudió a la Magistratura vasca avanza hacia su resolución por el empeño de la familia, de las FSE y de la Audiencia Nacional

El día amaneció umbrío aquel 7 de noviembre de 2001. Muy temprano, a las siete y veinte, los Lidón ya estaban preparados para abandonar su domicilio en la localidad vizcaína de Getxo. Los tres -José María, magistrado de la sección segunda de la Audiencia de Bizkaia, su esposa Marisa Galarraga y su hijo pequeño Iñigo- acostumbraban a salir juntos en el coche del juez cada mañana: la amenaza que se cernía ya entonces contra integrantes concretos de la Judicatura vasca no había alterado ni el buen ánimo ni las rutinas de Lidón, un «marido amantísimo», culto, vitalista y bonachón, al que todos sus colegas de toga y compañeros y alumnos de la Universidad de Deusto recuerdan con la mirada húmeda y la pesadumbre de las pérdidas más irreparables. Aquel día de lluvia y dolor, Iñigo partió solo y se cruzó fuera del garaje con dos viandantes a los que no prestó atención. Eran los asesinos de su padre. Al cabo de unos segundos los dos hombres, a cara descubierta y solo tapados con un gorro para el agua y una visera hacia atrás, dispararon a bocajarro a su víctima hasta dejarla inerte en su asiento. A su lado estaba su mujer. «Empecé a a escuchar los tiros. Primero por ventanilla del conductor, luego también por la delantera. Al principio me quedé impasible..., sin reacción. Después pensé, al oír los disparos desde delante: ¡Ya vale! ¡Ya basta! ¡Más no, más no!», relató Marisa Galarraga, con una entereza sobrecogedora, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que acabó condenando en 2005 al etarra Orkatz Gallastegi -hermano de Irantzu, la etarra que secuestró a Miguel Ángel Blanco- por haber recopilado los datos que facilitaron el atentado.

Este lunes se cumplen 15 años del asesinato que la Magistratura vasca temía en lo más hondo, pero que siempre se resistió tan siquiera a concebir. A pesar de que para entonces, para aquel sombrío 7 de noviembre de 2001, ETA ya había asesinado al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, a los jueces del Supremo Rafael Martínez Emperador y José Francisco Querol o a los fiscales Carmen Tagle y Luis Portero. A pesar de que Joaquín Giménez, presidente de las Audiencias de Bizkaia y de Gipuzkoa, había tenido que marcharse porque tan solo parecía cuestión de tiempo que los terroristas terminaran por ejecutar su reiterada amenaza. A pesar de que las fuerzas de seguridad ya protegían a togados como Juan Luis Ibarra, Juan Mateo Ayala y Fernando Grande-Marlaska, que rememoran en estas mismas páginas aquella jornada terrible en que les arrebataron a Lidón y, con ello, la libertad y todo sosiego. Hace 15 años, ETA consumó uno de los pocos crímenes que le quedaban por inaugurar. Y en estos 15 años, la impunidad de los presuntos asesinos -identificados finalmente como Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', el exjefe militar de la banda armada encarcelado en Francia, y su compañero del comando Olaia Asier Arzalluz 'Sendoa'- ha representado sal en la herida abierta en la Magistratura de Euskadi. El Gobierno español ya ha solicitado al galo la extradición de 'Txeroki' para poder juzgarle junto a 'Sendoa', según han confirmado fuentes judiciales a este periódico.

El de José María Lidón Corbi es uno de los 165 asesinatos de ETA sin resolver que contabiliza el último recuento de la Audiencia Nacional. Cada uno de esos crímenes -el listado de Covite es aun mayor- constituye un desafío profesional y también moral para la Justicia, que se enfrenta en muchos casos a la destrucción de pruebas ante el inexorable transcurso del tiempo y al paulatino olvido de los detalles por parte de los testigos. Ahora, 15 años después, el sumario del atentado que costó la vida al magistrado de la Audiencia vizcaína se asoma a su resolución final, tras una investigación enredada en meandros y que estuvo a punto de clausurarse definitivamente por la atribución errónea de la autoría del atentado a Egoitz Gurrutxaga y Hodei Galarraga. Ambos fallecieron en Bilbao en septiembre de 2002 -es decir, diez meses después del asesinato de Lidón- al estallarles la bomba que transportaban. La pista engañosa surgió de ahí: en el vehículo de los etarras apareció una de las pistolas con la que fue tiroteado el magistrado, lo que les convirtió 'de facto' en sospechosos. Y su muerte impedía esclarecer, sin sombra de duda, la responsabilidad penal del atentado.

Arresto e identificación

Sin embargo, no hubo unanimidad en las fuerzas de seguridal al evaluar la entidad como indicio probatorio del arma hallada junto a los cadáveres de Gurrutxaga y Galarraga; la Ertzaintza fue uno de los cuerpos que interpretó que la prueba resultaba endeble para dar por confirmada la autoría del crimen, perpetrado cuando el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dirigía el Ministerio de Interior. Rajoy fue relevado en julio de 2002 por Ángel Acebes. No fue hasta el 17 de noviembre de 2008, horas después de la detención en Cauterets de 'Txeroki', cuando el entonces titular de Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, alentó la hipótesis de que la mano del dirigente de ETA había intervenido directamente en el asesinato de Lidón. Pero algo no cuadraba, porque las FSE fechaban en un momento posterior a ese atentado la incorporación de Aspiazu al comando Olaia.

Fue el empeño de la viuda y de sus hijos Jordi e Iñigo, apuntalado por el compromiso del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y del fiscal-jefe, Javier Zaragoza -curtido en los juzgados de San Sebastián-, lo que permitió reabrir el sumario que ahora encara su resolución. El pasado diciembre, el ministerio público presentó su escrito de conclusiones provisionales, por el que pide 30 años de prisión para 'Sendoa' y para 'Txeroki', al que Marisa Galarraga e Iñigo Lidón identificaron en una rueda de reconocimiento. Con el procesamiento elevado ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia, está pendiente la extradición de Aspiazu para poder juzgar a ambos.

Lidón, vocacional profesor de Derecho que entró en la Judicatura por el cuarto turno, pertenecía a una recordada -casi legendaria- generación de jueces de la Audiencia de Bizkaia distinguida por su innovadora manera de aplicar la ley y por un escrupuloso respeto a los derechos de los detenidos; la 'quinta', entre otros, de Juan Alberto Belloch, Joaquín Giménez y Juan Luis Ibarra. El magistrado asesinado, ponente en 1990 de la sentencia por el atentado de 'kale borroka' que se cobró la vida de Maite Torrano y Félix Peña en la casa del pueblo del PSE en Portugalete, firmó la condena contra nueve guardias civiles por las torturas a Tomás Linaza, padre de un miembro de ETA. «Seremos capaces de juzgar a los asesinos», prometieron sus compañeros, con las entrañas rotas, en las escalinatas del Palacio de Justicia en Bilbao sacudido por el atentado. Era el oscuro y aterrador 7 de noviembre de 2001. Hoy se cumplen 15 años.

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