Diario Vasco

La condena canónica no impide a la Fiscalía actuar por la vía penal

  • El ministerio público tratará de determinar la gravedad de los hechos y asimismo, si estos habrían prescrito o no

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El proceso que se siguió contra el exvicario general Juan Cruz Mendizabal conforme al derecho canónico no es impedimento para que ahora pueda incoársele un proceso penal en el ámbito de la justicia ordinaria, siempre y cuando concurran las circunstancias que contempla la ley. No cabe interpretar, por tanto, que es ya un caso juzgado. Fuentes jurídicas consultadas indican que la vía eclesiástica vendría a ser el equivalente a la apertura de un proceso disciplinario que lleva aparejadas medidas, como pueden ser la suspensión de funciones, la separación de la labor pastoral o la expulsión del sacerdocio, pero no sanciones penales propiamente dichas. Por lo tanto, las fuentes consultadas indican que la Fiscalía está plenamente facultada para llevar a cabo los primeros trámites del proceso penal, que es autónomo y que no está supeditado al canónico.

Recuerdan, asimismo, que aun cuando en determinadas circunstancias los «tocamientos» solo son perseguibles mediante la interposición de una denuncia por parte de las víctimas, no es este el caso que ahora se ha conocido en Gipuzkoa, toda vez que cuando se llevaron a cabo los abusos las víctimas eran menores. Precisamente esta minoría de edad es la que permite hora al ministerio público abrir de oficio la investigación, aun cuando no exista querella por parte de los perjudicados.

Tras la apertura de la diligencias de investigación, la Fiscalía deberá concretar las circunstancias que concurrieron en los hechos. Entre ellas, una de capital importancia es determinar si los delitos habrían prescrito o no. Para ello, es clave conocer en qué año adquirieron los dos chicos la mayoría de edad, ya que en los ilícitos contra la indemnidad sexual la ley establece que «cuando la víctima fuere menor de edad, los términos de prescripción se computarán desde el día en que éste haya alcanzado la mayoría y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha de fallecimiento». Es decir, la extinción del delito empezaría a contar cuando los chicos cumplieron 18 años.

De la misma manera, la investigación ha de fijar en qué condiciones se cometieron los hechos. Y ello porque la extinción de los delitos contra la libertad sexual varían en función de la gravedad de los mismos y de las circunstancias que concurren en su comisión. No es lo mismo unos tocamientos con sin violencia o intimidación y, lógicamente, tampoco es igual un abuso que una agresión o violación.

En este sentido, teniendo en cuenta que los «tocamientos» denunciados por uno de los dos menores tuvieron lugar en 2001, en aquel periodo la prescripción en la forma más leve del delito era de tres años. No obstante, en 2003 la ley se modificó, de manera que desde entonces los abusos caducan entre los 5 y 10 años, dependiendo en qué condiciones han sido perpetrados y entre 10 y 15 en los casos graves, como sería el de una violación.

En consecuencia, lo primero que tendrá que aclarar la Fiscalía es conocer la gravedad de los abusos que sufrieron los dos menores para determinar el delito concreto cometido y sus penas y de esta manera, establecer si prescribe en tres, cinco o en más años.

Por otro lado, en distintos ámbito han surgido voces que recriminan al obispo que no diera cuenta de lo que había ocurrido a la Fiscalía. Las citadas fuentes jurídicas consultadas, sin embargo, sostienen que la actitud de monseñor José Ignacio Munilla en modo alguno es constitutiva de reproche penal.

En este sentido recuerdan que hasta 1995 la ley obligaba a toda persona a denunciar la comisión de cualquier delito del que hubiese tenido conocimiento.

La norma, sin embargo, se modificó posteriormente de manera que en la actualidad solo están conminados a denunciar aquellos que por su profesión están asimismo obligados a actuar penalmente, es decir, jueces, fiscales, policías y también los inspectores de Hacienda.

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