Diario Vasco

EH Bildu defiende su actuación pese a la sentencia que anula la paralización de la incineradora

Terrenos de Eskuzaitzeta en Zubieta, en donde se construirá la planta incineradora
Terrenos de Eskuzaitzeta en Zubieta, en donde se construirá la planta incineradora / LOBO ALTUNA
  • Mantiene que la rescisión del contrato se realizó «de forma razonada» y por «mutuo acuerdo» entre el Consorcio de Residuos y las empresas adjudicatarias

EH Bildu ha asegurado este jueves que la decisión de rescindir el contrato para la construcción de la incineradora, aprobada en la legislatura anterior fue "correcta y acorde a la ley", a pesar de la sentencia de un juzgado donostiarra conocida ayer y que anula la decisión de paralizar esa infraestructura.

EH Bildu ha anunciado que impulsará en las mancomunidades que se presente un recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de San Sebastián, que ha anulado la rescisión de la adjudicación al entender que no cumplía con la norma foral que detalla la gestión de residuos de Gipuzkoa y que prevé la puesta en marcha de una planta incineradora.

La coalición abertzale mantiene que el proyecto de incineradora que adjudicó el anterior gobierno del PNV era "perjudicial para las personas" y tenía un tamaño "que no se correspondía con las necesidades de tratamiento de residuos de nuestro territorio", por lo que significaba un "despilfarro de dinero público"

Además, destaca que la rescisión del contrato se realizó "de forma razonada" y por "mutuo acuerdo" entre el Consorcio de Residuos y las empresas adjudicatarias, a las que se indemnizó con 8 millones de euros más 3 millones por los trabajos ya efectuados.

«No ha entrado al fondo del asunto»

La formación soberanista entiende que la sentencia del juzgado donostiarra "no ha entrado en el fondo del asunto", por lo que "ni siquiera ha tenido en cuenta esos argumentos fundamentales".

EH Bildu considera que las personas con responsabilidad pública tienen la "legitimidad" e incluso la "obligación" de "paralizar una infraestructura sobredimensionada con el fin de evitar perjuicios a las personas".

"Actuaron con responsabilidad y en defensa del interés general de la ciudadanía", ha añadido la coalición, que ha insistido en que los dirigentes de la Diputación y de GHK en la anterior legislatura "actuaron con total legitimidad democrática y cumpliendo la ley al 100 %".

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