La ayuda social que solo concede Gipuzkoa se cierra con 1.142 beneficiarios

La Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), la prestación social que concede Gipuzkoa a personas sin recursos que llevan un año empadronadas en el territorio, baja la persiana de forma definitiva. La extinción de este subsidio, creado en la anterior legislatura de Bildu para compensar los recortes en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a cargo del Gobierno Vasco, se ha hecho en dos tiempos. El primero, el pasado mes de julio, cuando el actual gobierno foral PNV/PSE restringió la entrada al sistema de forma general. La salvedad fueron las familias con hijos a su cargo a quienes se les concedió un tiempo extra, hasta el pasado diciembre. 206 solicitantes han acreditado un año de empadronamiento y, por lo tanto, han podido acceder a la ayuda. Supone una media de 34 nuevas peticiones al mes cuando lo habitual era recibir un centenar. La prestación se cierra en total con 1.142 perceptores, que reciben una media de 691 euros al mes para poder subsistir, a falta de la posibilidad de reclamar la RGI, para la que hay que contar con un mínimo de tres años de empadronamiento.

La «revisión» de la AGI estuvo sobre la mesa desde el primer minuto del nuevo departamento de Política Social, que dirige la jeltzale Maite Peña. Pero fue el pasado mes de abril cuando se comunicó públicamente una decisión política que venía barruntándose desde hacía meses y que tenía todos los ingredientes de la polémica. El rechazo de EH Bildu, padre de la prestación, fue inmediato, también el de Podemos, además de entidades sociales como SOS Racismo y Cáritas, que llegaron a manifestarse a las puertas de la Diputación. El PSE ha acompañado al PNV, su socio de gobierno, en una medida cuanto menos incómoda, mientras que el PP se ha felicitado porque la reforma ha encajado en los planteamientos de los populares de poner fin a una ayuda que había nacido sin consenso.

Para dar carpetazo definitivo a la AGI, la Diputación se ha apoyado en un informe en el que se concluía que la prestación había provocado «un efecto llamada» en determinados municipios, sin garantizar «la inserción social» de los beneficiarios, además de otorgarse de forma exclusiva en el territorio, fuera del marco de la Ley vasca de Servicios Sociales, que acaba de entrar en vigor con el desafío de armonizar el sistema en Euskadi.

No ha habido marcha atrás. El pasado 1 de julio se escribió el primer capítulo del final de la ayuda. Y desde entonces la bolsa de perceptores, y por lógica la factura que paga la Diputación por este concepto, ya ha empezado a reducirse. A fecha de diciembre, el número de beneficiarios había descendido un 20% respecto a las cifras de julio, de los 1.420 a los 1.142 actuales, en su gran mayoría inmigrantes. En paralelo, el gasto ha caído un 22,5%, del millón largo que se invertía a mediados de año a los 789.000 euros que se abonaron en diciembre. El impacto del cierre de la AGI seguirá siendo paulatino, a medida que los perceptores puedan acceder a la RGI, una vez cumplan los tres años de empadronamiento. En ese tiempo, la Diputación seguirá abonando la prestación a quienes continúen dentro del sistema. Los últimos en salir serán las 25 familias que han empezado a cobrar la ayuda este mes de diciembre y que, por lo tanto, marcarán el final de la AGI en diciembre de 2018.

La radiografía de los perceptores que estaban cobrando la ayuda el último mes muestra que seis de cada diez son hombres, y que la mayoría (58%) son únicos beneficiarios, es decir, conforman una unidad convivencial de un solo individuo, según datos facilitados por el Departamento de Política Social. La mitad tiene entre 23 y 35 años, seguido de la franja de edad entre 36 y 50 años (39%). Siete de cada diez no tenían ingresos propios. El país de procedencia mayoritaria de los beneficiarios es Marruecos (21%), seguido de Argelia, Nigeria, Pakistán y, a mayor distancia, Senegal y Honduras. El 48% llevaba entre 13 y 18 meses empadronado en Gipuzkoa y otro 36%, 12 meses.

Reflejo en el presupuesto

La reducción de la demanda ya tiene su reflejo en los presupuestos de 2017 que ha presentado el Departamento de Políticas Sociales. La partida para la AGI 'adelgaza' en cinco millones, al pasar de los 11,3 que se han desembolsado en 2016 a los 6,3 del presente ejercicio, un descenso de casi la mitad (-45%) que se irá acentuando en los próximos dos años hasta que el contador quede a cero. Esos cinco millones de 'ahorro' se destinarán ahora a políticas de envejecimiento, según ha planificado el departamento. El plan para atender las crecientes necesidades de una población cada vez más envejecida se lleva buena parte de los esfuerzos económicos de la cartera, que cuenta para este 2017 con 363 millones del presupuesto, la mayor inversión en política social de la historia. El gasto en prestaciones económicas se llevará 78,8 millones, un 1,1% más que hace un año, de los cuales 52,4 serán para las ayudas a personas con dependencia.

Las cuentas del departamento también hacen sitio al plan de inserción 'Elkar Ekin', una iniciativa que se lanza para reforzar la política contra la exclusión social, la asignatura pendiente del conjunto del sistema de protección social vasco. Entre las novedades del programa está el servicio de valoración de la exclusión, que deberá contar con un modelo de baremación, similar al que se aplica para la dependencia. También incluye nuevas plazas, tanto de atención diurna como nocturna, entre las que destaca la experiencia 'Housing First', en colaboración con el Ayuntamiento de Donostia. El plan contempla una nueva ayuda económica, que tendrá un carácter temporal, a diferencia de la AGI, estará vinculada a procesos de inclusión social, y cuyas condiciones aún no han sido detalladas.