Una prestación al margen de la Ley vasca de Servicios Sociales

La normativa, aprobada hace ocho años, consagra los servicios sociales como un derecho, al igual que la Educación y la Sanidad, y por lo tanto son ya exigibles ante un juez. Esto significa que si una persona a la que le corresponde un recurso o prestación económica no es atendida puede reclamar ese derecho ante la justicia. La nueva legislación impone a los tres territorios una cobertura mínima para cada servicio (el 80% de la cobertura media de los tres territorios desde el pasado 1 de enero y del 85% para 2020). Las principales carencias se detectan en los servicios sociales municipales, como ha quedado reflejado en un informe reciente del Ararteko. En Gipuzkoa, los ayuntamientos y la Diputación han acelerado el trabajo en los últimos meses para organizar los servicios que deben prestarse de forma comarcal, un nuevo modelo organizativo con el que se pretende eliminar las desigualdades de acceso entre municipios, sobre todo los pequeños.