Diario Vasco

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El cierre definitivo del acceso a la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor de la Ley vasca de Servicios Sociales, el pasado 26 de diciembre. La normativa establece el derecho subjetivo de los servicios sociales y marca la senda hacia un modelo común en todo Euskadi, dos aspectos sustanciales que chocan con el modelo territorial de la AGI, una ayuda que solo se concedía a personas residentes en Gipuzkoa. En sus inicios, solo se pidió seis meses de empadronamiento pero luego Bildu endureció el requisito a un año. Mantener una ayuda propia, desconectada del sistema que se quiere implantar -con todos los interrogantes y deberes pendientes para su puesta en práctica-, limitaba su engranaje con el resto de territorios que ahora han de cumplir con las exigencias de la ley, uno de los desafíos para las instituciones vascas en este nuevo año.

La normativa, aprobada hace ocho años, consagra los servicios sociales como un derecho, al igual que la Educación y la Sanidad, y por lo tanto son ya exigibles ante un juez. Esto significa que si una persona a la que le corresponde un recurso o prestación económica no es atendida puede reclamar ese derecho ante la justicia. La nueva legislación impone a los tres territorios una cobertura mínima para cada servicio (el 80% de la cobertura media de los tres territorios desde el pasado 1 de enero y del 85% para 2020). Las principales carencias se detectan en los servicios sociales municipales, como ha quedado reflejado en un informe reciente del Ararteko. En Gipuzkoa, los ayuntamientos y la Diputación han acelerado el trabajo en los últimos meses para organizar los servicios que deben prestarse de forma comarcal, un nuevo modelo organizativo con el que se pretende eliminar las desigualdades de acceso entre municipios, sobre todo los pequeños.

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