El Puerto de Pasaia investiga el sobrecoste de las obras de la lonja pesquera

La Autoridad Portuaria de Pasaia trata de esclarecer las causas que han motivado un sobrecoste de cinco millones de euros en las obras -paralizadas desde febrero- de la nueva lonja pesquera, por lo que ha encargado una auditoría a Puertos del Estado además de contratar una ingeniería privada para extraer conclusiones externas sobre lo sucedido con este proyecto. Fuentes del Puerto reconocen que «ha habido errores administrativos en el proceso y estamos sumidos de lleno en la aclaración de lo que ha ocurrido por la responsabilidad que nos atañe al hablar de dinero público».

Mientras espera la información que puedan arrojar los estudios solicitados, la Autoridad Portuaria ha conocido con «perplejidad» la decisión de la abogada del Estado -miembro de su consejo de administración- de elevar a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa la investigación del caso.

Las mismas fuentes consultadas explican que en la reunión del consejo del 5 de abril, la mayoría acordó esperar a recibir los informes aclaratorios para decidir si elevar o no la cuestión a la Fiscalía. El Consejo cuenta con 15 miembros, entre los que se encuentran tres representantes de la Administración del Estado, tres del Gobierno Vasco, una de la Diputación de Gipuzkoa, un representante de los trabajadores -de LAB-, tres de la Cámara de Comercio, más los alcaldes de Pasaia, la socialista Izaskun Gómez, y Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu), además de su presidente y su vicepresidente. Sólo el subdelegado del Gobierno y el representante de LAB secundaron la tesis de la asesora jurídica, Macarena Olona, de recurrir a la Fiscalía.

Según fuentes del Puerto, la propia abogada del Estado «reconoce que no se trata de una querella y que no tiene más indicios de los que extrae del informe del interventor general del Estado, que es el primer sorprendido de su decisión». Aseguran incluso que «las consultas realizadas con la propia Abogacía del Estado y Puertos del Estado nos han instado a terminar las auditorías en marcha antes de tomar decisiones». Concluyen que «los únicos indicios que hoy por hoy existen son de naturaleza administrativa y no delictiva».

La propia Autoridad Portuaria pidió a Puertos del Estado dos auditorías, una técnica y otra jurídica, para esclarecer los posibles fallos en la gestión de una obra adjudicada en 15 millones de euros -se había presupuestado en 18 millones- y cuyos costes han superado los 22 millones. Según gestores del Puerto, debido a la baja en la adjudicación, legalmente era factible hacer modificaciones del 20%, lo que elevaría a 18 millones la cifra tope para justificar con arreglo al proyecto.

«Depurar responsabilidades»

Fuentes de la Autoridad Portuaria asumen que «el interventor general del Estado planteó dudas sobre la gestión del proyecto y a partir de ahí tomamos medidas para depurar responsabilidades». Además de la contratación de la citada ingeniería y de la solicitud de la correspondiente auditoría, su presidente, Ricardo Peña, destituyó el pasado 18 de febrero al director de la entidad, Gregorio Irigoyen, y abrió un expediente disciplinario al jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario, quien ejercía como director de obra.

A las complicaciones de una obra compleja llevada a cabo sin cerrar la lonja, el Puerto suma los gastos asumidos como consecuencia de que el concurso de licitación para la propia gestión de la lonja quedase desierto en agosto del pasado año. Se refiere así a la ejecución de instalaciones que inicialmente estaba previsto que fueran a cargo del futuro concesionario. No obstante, desde el Puerto reconocen que «esas cargas de más no justifican la desviación encontrada y por eso estudiamos a fondo qué ha ocurrido».

En quince días, la Autoridad Portuaria espera conocer el resultado del expediente de responsabilidad patrimonial abierto en relación a la liquidación al contratista de una cantidad de 1,5 millones a la UTE formada por Lurgoien y FCC. Algo más estima que tardarán en llegar los informes de auditoría encargados y el mencionado estudio de la ingeniería contratada.

Hace dos semanas que la abogada del Estado presente en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia presentó en la Fiscalía de Donostia su denuncia, «con la autorización del Gobierno central», matizan fuentes judiciales, por las desviaciones producidas en los trabajos correspondientes al proyecto modificado de la nueva lonja pesquera. Desde ese momento, las investigaciones se solapan. Tanto la Fiscalía como la propia Autoridad Portuaria de Pasaia tratan de profundizar en las causas de la carestía de un proyecto que sigue, de momento, encallado.