La Diputación deberá adoptar medidas de excepción con el problema de la basura

El Ejecutivo de Garitano elaboró por su cuenta y riesgo un plan alternativo que preveía la construcción de diversas infraestructuras alternativas a la de la planta incineradora de residuos prevista en Zubieta, pero ninguna de ellas se ha acabado poniendo en marcha. En paralelo, los vertederos se han ido llenando paulatinamente y el margen de maniobra se acerca a cero, cuando además el gobierno foral ha comprometido su cierre definitivo.

La instalación de una planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB), en los mismo terrenos destinados para la incineradora de Zubieta, se ha convertido ahora mismo en la pieza esencial del plan de residuos promovido unilateralmente por Bildu y debería ponerse en marcha para finales de 2015, dado que en esa fecha los vertederos abiertos en el territorio guipuzcoano (Lapatx y Sasieta) tendrían que estar cerrados, según la promesa realizada en su momento por la Diputación. Sin embargo, la planta de Tratamiento Mecánico Biológico de Zubieta no ha logrado los permisos ambientales requeridos por el Gobierno Vasco. No obstante, el cumplimiento del plazo inicialmente previsto resultaba ya en un principio casi imposible de cumplir, incluso si la institución foral hubiera contado de inmediato con las oportunas autorizaciones ambientales. Además, y como ejemplo del retraso añadido que acumula el plan promovido por la Diputación, está el ejemplo de la planta de compostaje de Epele, que no tiene problemas de licencias, es mucho más sencilla de construir, pero continúa también aún empantanada.

Más allá de los permisos medioambientales necesarios pendientes de consecución, la planta de Tratamiento Mecánico Biológico carece de financiación, cuando se trata de una infraestructura compleja con un coste aproximado de 60 millones de euros, y en Zubieta a día de hoy solo existe una explanada vacía tras la renuncia a la construcción de la planta incineradora inicialmente proyectada. Ahora, con la necesidad de solicitar una nueva autorización ambiental, el diputado Errazkin ha aplazado la puesta en marcha de la TMB a finales de 2016.

Los plazos corren también en contra de otra instalación que el gobierno foral de Bildu considera clave: el vertedero de 'inertes' proyectado en el municipio de Zestoa. Esta instalación también debería entrar en servicio a finales de 2015, pero el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa no ha iniciado la preceptiva tramitación en el Gobierno Vasco. Con todo, el plazo previsto para su estreno deja de ser relevante, dado que la planta de TMB de Zubieta va a sufrir un significativo retraso y son sus residuos los que se proyectan depositar en el vertedero de Zestoa.

Un plan con respaldo

Esta compleja situación obligará a la Diputación Foral de Gipuzkoa a adoptar en el transcurso de este año determinadas medidas de emergencia que pasan por reabrir vertederos o ampliar la vida útil de los que aún permanecen en uso, o en caso contrario, tomar la decisión de exportar a otros territorios basura generada en Gipuzkoa. Al mismo tiempo, deberá desarrollar un plan integral de residuos que proporcione una respuesta eficaz y definitiva a tan delicado problema. Este plan, que podría incluir o no la disponibilidad de una incineradora adaptada a las necesidades de tratamiento de la fracción resto, debería contar al mismo tiempo con el respaldo mínimo indispensable de las Juntas Generales.

La dimensión que ahora mismo alcanza el problema del tratamiento de los residuos en Gipuzkoa empuja al gobierno foral de Bildu a la necesidad de buscar acuerdos, dejando al margen la estrategia unilateral que ha protagonizado desde el comienzo de la actual legislatura. Además, la reciente incorporación de la Mancomunidad de Txingudi al Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, por una sentencia del Tribunal Supremo, modifica la correlación de fuerzas existente hasta ese momento, ya que la mayoría de este organismo, que agrupa al conjunto de las mancomunidades guipuzcoanas, es ahora contraria al plan de residuos promovido por Bildu y se alinea favorablemente con el aprobado en la pasada legislatura. Esta nueva situación plantea a la Diputación un problema de difícil solución, ya que la mayoría del Consorcio de Residuos está en contra de un plan que la institución foral pretende desarrollar, aunque para ello tenga que hacer valer desde ahora la fuerza de su porcentaje del 33% en este organismo, cuando la Diputación siempre ha señalado que las mancomunidades son soberanas en este tema.