El 36% de las pensiones en Euskadi no llega a los 735 euros del Salario Mínimo

Manifestación del sábado en San Sebastián./Iñigo RoyoGráfico
Manifestación del sábado en San Sebastián. / Iñigo Royo

Los perceptores de estas prestaciones han perdido de media 1,4 puntos de poder adquisitivo desde el ejercicio 2012

JULIO DÍAZ DE ALDA / LUCÍA PALACIOSSan Sebastián / Madrid

La multitudinaria respuesta que logró ayer en toda España la convocatoria en demanda de unas prestaciones dignas lanzada por las asociaciones de pensionistas deja entrever el malestar que impera en el colectivo y en el conjunto de la sociedad. Una reacción que se vio también en San Sebastián y en todo Euskadi con una fuerza inusitada.

Y es que, a pesar de que la pensión media en esta comunidad autónoma es ciertamente más alta que en el conjunto del Estado (1.157,71 euros frente a los 932,29 euros que se abonan de media en el Estado, con datos del pasado febrero), una diferencia que deriva del simple hecho de que aquí se cobran salarios más altos, no es menos cierto que no todos los pensionistas viven con la holgura que pueda transmitir ese siempre engañoso promedio estadístico.

De hecho, la prestación de casi cuatro de cada diez pensionistas vascos, el 36,22% del total, no llega a rebasar el Salario Mínimo Interprofesional, que hoy está fijado en 735,89 euros. En total, son 198.441 perceptores, según los últimos datos de la Seguridad Social.

La ‘herida’ de las pensiones bajas escuece más si se desciende un escalón y se analizan aquellas prestaciones inferiores a los 650 euros. Un segmento en el que se encuentran 170.056 personas en la comunidad autónoma, un 31% del total.

Algo más de 15.000 pensionistas vascos se ven empujados a pedir la Renta de Garantía de Ingresos

Por debajo de la simbólica y no menos alarmante referencia de los 500 euros -en este punto cabe recordar que hablamos de quienes ingresan la mitad de los llamados mileuristas- hallamos a 89.300 perceptores, el 16,31%. Esto hace que algo más de 15.000 pensionistas se vean obligados a completar su ‘nómina’ con la denominada Renta de Garantía de Ingresos.

Si ponemos el foco en las pensiones de viudedad, habitualmente bajas, los vascos que perciben una de estas prestaciones y que no rebasan el SMI ascienden a 56.112, lo que supone el 41,46% del total de viudos y viudas de Euskadi. Y el grupo de los que están por debajo de los 650 euros asciende a 43.334 personas, es decir, el 32% del total. En Gipuzkoa, son 4.011 los pensionistas que han pedido cobrar también cada mes la RGI.

Estas son cifras que dan una magnitud de la cruda realidad que viven muchos pensionistas vascos. Otros tienen unas pensiones algo más honrosas, fruto de cotizaciones más elevadas. Por ejemplo, algo más de la mitad de los perceptores de Euskadi (el 51,93%) no rebasa los 1.000 euros y el 56,84% no supera los 1.100. Y es que unas de las reclamaciones de los pensionistas y jubilados -se pudo ver ayer en multitud de carteles y pancartas- es que la pensión mínima se sitúe en los 1.080 euros.

Cuatro de cada diez jubilados cobra menos que el salario mínimo, es decir, menos de 735 euros al mes

¿Por qué esa cifra? Tal y como recuerdan los propios pensionistas, la denominada Carta Social Europea -que ha sido suscrita por el Gobierno español- establece que ninguna pensión tiene que estar por debajo del umbral de la pobreza. Esa barrera de la dignidad mínima se sitúa en Euskadi en esos 1.080 euros.

Si la radiografía se limita a Gipuzkoa, la pensión media se encuentra en 1.133,33 euros, de nuevo muy por encima de la estatal. Las prestaciones de viudedad, de las que existen 123.044 en el territorio, muestran un promedio de 766,45 euros, algo por debajo del dato vasco, que alcanza los 778, 06 euros. En Bizkaia la referencia está en 788,61 euros, mientras que los viudos y las viudas alaveses ingresan de media cada mes 766,45 euros.

Esta semana, casi en el único mensaje concreto trasladado por el presidente del Gobierno al colectivo de los pensionistas, Rajoy insinuó cierta mejoría en las pensiones mínimas y de viudedad. Un alza que condicionó, eso sí, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La respuesta no se hizo esperar, y la presidenta de la Asociación de Viudas del País Vasco, Maite Bilbao, resaltó que el anuncio del presidente del Gobierno de incrementar la base reguladora de las pensiones mínimas de viudedad del 52% hasta el 60% «no es cierto». «Eso es una disposición adicional de 2012 de una reforma que quedó pendiente. Es para las pensiones de viudedad más bajas y desfavorecidas, que son las que cobran complementos a mínimos porque no llegan a los 639 euros; son pensionistas que tienen entre 380 y 400 euros reconocidos como prestación y cobran esos complementos, que es una RGI», zanjó.

Negro futuro

Lo que sí es una realidad, al menos un dato basado en estadísticas oficiales, destacaron las asociaciones de pensionistas, es que el colectivo en su conjunto ha perdido 1,4 puntos de poder adquisitivo desde que el Gobierno de Mariano Rajoy entró en La Moncloa. Y es que en los dos primeros años el Ejecutivo popular revalorizó las pensiones un 1% de forma general (las mínimas se incrementaron un 2,9% en 2012 y un 2% en 2013), para dar paso después a ese repunte mínimo del 0,25%, lo que da un incremento promedio del 3,5%. En ese tiempo, la inflación creció en España casi un 5% (tomando como referencia el dato de diciembre).

La prestación de viudedad en Gipuzkoa se sitúa en 766,45 euros, por debajo del dato de la media vasca

La ‘fotografía’ no mejora si se mira al futuro. Si todo sigue su curso y no se retoca el índice de revalorización de las pensiones, estas prestaciones se seguirán incrementando apenas un 0,25% anual -puesto que es más que improbable que se haya corregido el déficit del sistema-, pero los precios crecerán más de un 1,5% (la previsión del Gobierno es un IPC del 1,6% en 2018 y del 1,7% en los dos próximos años).

Eso significa que en apenas un lustro los mayores habrán perdido 6,25 puntos de poder adquisitivo, calculando por lo bajo. En definitiva, que en diez años los pensionistas tendrán 12 puntos menos de capacidad de compra. Como temen los mayores (y también quienes se puedan convertir en pensionistas en los próximos años), el horizonte puede ser aún más oscuro.

¿Por qué? Por el denominado factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Esto, que es otra de las consecuencias de la reforma del sistema de pensiones del año 2013, supondrá en la práctica la aplicación al cálculo de la prestación de un coeficiente reductor (aún por determinar) asociado a la esperanza de vida que exista en cada momento. Ante la falta de datos precisos, todas las estimaciones no pasan de ser conjeturas, pero algunos estudios alertan de un recorte de 75 euros de media para los nuevos jubilados en España.

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