Siete años con la prestación de paro congelada empobrecen aún más a los desempleados vascos

Todo sube: sube el pan, sube la leche, sube el transporte público... Pero no sube la prestación por desempleo ni tampoco el subsidio. El asidero al que se aferran precisamente las personas más vulnerables lleva congelado desde el lejano año 2010: el paro tiene desde entonces el tope máximo de 1.087 euros mensuales, y el subsidio, de 426. Pero en este tiempo, en el curso de los últimos siete años, los precios han subido un 10%. Así que estar hoy en el paro es un 10% más duro.

El problema es común para toda España, pero supone un empobrecimiento aún mayor para los desempleados vascos porque aquí las cosas cuestan más. Es decir, no cunden lo mismo mil euros en Donostia o en Bilbao que en Cuenca o en Lugo. Pero en las cuatro ciudades los desempleados percibirán, como máximo, 1.087 euros.

Las desigualdades entre territorios quedan bien definidas en distintos indicadores. Por ejemplo, en los sueldos. El salario bruto mensual en Euskadi es de 2.344 euros, el segundo más alto de España tan solo por detrás de Madrid (2.385), según la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral, referida al cierre de 2016. La media estatal está en 2.010 euros brutos, y el furgón de cola lo ocupa Extremadura, con 1.647. Son realidades muy distintas, pero en todos los casos si esos trabajadores que están en la media pierden su empleo percibirán la misma prestación. Y con ella deberán arreglárselas en entornos muy diferentes porque en Euskadi el coste de la vida es casi un 8% superior a la media española, y cerca de un 30% más alto que en Extremadura, según un estudio elaborado por la Universidad Pompeu Fabra.

La culpa de que las prestaciones no hayan subido desde 2010 -lo de las desigualdades territoriales ya es otra cosa- es del Iprem. El Índice Público de Renta de Efectos Múltiples nació en 2004 de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para calcular las ayudas sociales. La cuestión es que aquel año el SMI iba a subir un 9%, y eso impactaría de manera indirecta en las prestaciones referenciadas a él. Así que la solución fue inventarse otro índice, el Iprem, con una cuantía inferior.

En fin, que la poda para adelgazar gastos llegó por abajo, perjudicando a la población más empobrecida, y la dinámica continuó durante los años siguientes. Desde entonces hasta ahora, el Iprem se ha revalorizado un ínfimo 13,4%, hasta los 532,51 euros que están vigentes desde 2010, mientras que el SMI ha aumentado un 42%, hasta los actuales 707,6. En ese periodo, es decir, en los últimos trece años, los precios han crecido más de un 28%, según recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La maniobra ha sido y está siendo dramática para miles de desempleados, pero supone un importantísimo ahorro para las arcas públicas. Hay que tener en cuenta que la principal prestación con referencia al Iprem, la de desempleo, tiene un tope máximo del 175% de este índice (hecho el cálculo sobre catorce pagas). De ahí resultan los 1.087 euros mensuales (en doce pagas). Pues bien, si ese cálculo se realizase tomando como base el SMI, como ocurría hasta 2004, la cuantía máxima de la prestación aumentaría hasta los 1.444 euros mensuales. Todo un respiro para los parados que por su nivel salarial pasado pudiesen acceder a ese tope, y todo un roto -otro más- para las cuentas públicas.

Y el impacto iría incluso más allá de la prestación y subsidio de desempleo, ya que el Iprem también se utiliza para fijar otros beneficios sociales como son el acceso a la Justicia gratuita o a la vivienda protegida, la concesión de becas...

Más desigualdades sociales

Que se haya limitado de manera semejante la capacidad adquisitiva de quienes se quedan en paro -tanto por la creación del Iprem como por su falta de actualización desde 2010- no hace sino incrementar las desigualdades sociales. También es cierto que, según pasa el tiempo y los parados se mantienen sin trabajo, van agotando su prestación y se quedan sin ingresos, lo que agrava su situación hasta niveles de emergencia social.

Así, mes tras mes baja la tasa de cobertura y según los últimos datos del Ministerio de Empleo (referidos a febrero), en Euskadi está en el 38%. Esto es, de los más de 138.000 desempleados registrados en la comunidad autónoma en ese mes, sólo 52.652 cobraban algo. La mayoría, 30.211, la prestación contributiva; otros 19.332, el subsidio; 3.068 la renta activa de inserción; y 41 estaban en el programa de activación de empleo. También es verdad que en Euskadi quien tiene derecho a percibir la Renta de Garantía de Ingresos (algo más de 650 euros), opta por ella en vez de por un subsidio estatal de cuantía más baja.

Pero también ha querido el Gobierno Vasco contener gastos en la RGI este año. Pese a estar referenciada esta ayuda al SMI, la subida de este indicador el 8% en 2017 pactada en Madrid por PP y PSOE suponía un considerable impacto en los Presupuestos vascos, así que, tras mucha polémica, finalmente se limitó la mejora al IPC.