Todos los grupos animan a la Fiscalía a investigar la gestión del Consorcio

Unanimidad. Todos los grupos mostraron ayer su satisfacción por la decisión del fiscal superior de Euskadi de investigar la paralización de la incineradora. Juan Calparsoro anunció ayer en este periódico su intención de abrir diligencias para comprobar si el pago de cuantiosas indemnizaciones es producto de una mala gestión en el Consorcio de Residuos (GHK). En este caso, los responsables podrían ser acusados de prevaricación y responderían con su patrimonio.

El ministerio público, como no podía ser de otra manera, no prejuzga si la culpa recae en los anteriores gestores (PNV) o en los actuales (Bildu). De ahí que cada uno de los grupos se felicite de la decisión, en el convencimiento de que la investigación hará recaer la responsabilidad en los demás.

Joxean Agirre, coordinador de Sortu en Gipuzkoa, animó al fiscal a «ir hasta el fondo». En su opinión, «algunas personas que tuvieron responsabilidades en la anterior legislatura o en GHK tendrán que ir buscando abogado y preparando su patrimonio». El dirigente de Sortu invitó a Calparsoro a no dejar «nada ni a nadie sin investigar», al tiempo que recordó que el Consorcio ha anunciado «que estudia llevar a los tribunales a los anteriores responsables» de esta entidad.

Agirre, no obstante, echó en falta que Calparsoro no manifieste igual diligencia en investigar «otro tipo de asuntos que han costado a los guipuzcoanos centenares de millones de euros de pérdidas», en referencia a los sobrecostes en Bidegi y las irregularidades en Etorlur.

Denis Itxaso, responsable socialista de Medio Ambiente en Gipuzkoa, señaló que ya advirtió «desde el inicio de la legislatura de las graves consecuencias de abandonar los compromisos contractuales, jurídicos y financieros» para la construcción de la incineradora.

Itxaso recordó que las infraestructuras que se diseñaron respondían a una «planificación integral aprobada por norma en las Juntas, su financiación fue validada por el Banco Europeo de Inversiones, su ubicación fue legitimada por un Plan Territorial Sectorial aprobado por la Diputación y ayuntamientos, y todo ello permitía la clausura de los vertederos, dando así un paso de gigante en la gestión de los residuos».

«Deriva temeraria»

El responsable socialista lamentó que «todo esto haya sido despreciado por la cerrazón obsesiva de un grupo político cuyas acciones han estado exclusivamente guiadas a paralizar las infraestructuras, en una deriva temeraria que puede convertir el Consorcio en un auténtico infierno económico».

El dirigente socialista considera «alentador que la Fiscalía actúe de oficio ante un problema que es público y del que todos los días se conoce una nueva vuelta de tuerca, y que puede derivar en gravísimas consecuencias económicas para el entramado institucional guipuzcoano, las arcas públicas, y en último término, los propios contribuyentes».

El PP se mostró confiado en que la investigación de la Fiscalía sobre la incineradora «no sea aislada» y que se «decida también a evitar la indefensión de los guipuzcoanos en temas como Etorlur o Bidegi, que pueden acarrear un coste importante por su gestión más que dudosa».

El juntero popular Txema Murguiondo afirmó que lo «primero» para su partido «es evitar la indefensión de los ciudadanos», por lo que la actuación del fiscal superior en el asunto de la incineradora resulta «positiva».