Del proyecto para la construcción de la incineradora solo se ha ejecutado la explanación de los terrenos de Zubieta donde se iba a levantar. :: MICHELENA
«GHK tira 350.000euros al mes a la basura»
GHK, además de las indemnizaciones a las constructoras, tendrá que hacer frente a los créditos concedidos para desarrollar el plan de residuos aprobado en la pasada legislatura. GHK recibió 195 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, además de otros 68 millones de La Caixa y Banesto. Estas cantidades se deben emplear para construir las infraestructuras contempladas en el plan, entre ellas la incineradora de Zubieta.
Estos bancos siguen con lupa los movimientos del Consorcio y no se descarta que en breve pidan explicaciones sobre el uso que se está dando a los créditos, dado que no se emplean para los fines acordados. GHK se encuentra atenazada por una contradicción. Está abonando cantidades millonarias a los bancos por unas infraestructuras que no tiene intención de ejecutar.
El Consorcio no ha dado a conocer en este último año datos sobre su situación financiera. Las últimas informaciones fueron ofrecidas el pasado jueves por el socialista Denis Itxaso, exconsejero de la entidad. Este aseguró que en 2011 se pagó una media de 200.000 euros mensuales para cubrir cargas financieras, cantidad que se ha incrementado a 350.000 euros en 2012. En total, desde mayo de 2011 y hasta el presente mes, el Consorcio de Residuos ha abonado 5 millones de euros. PSE, PNV y PP coinciden en señalar que GHK «está tirando el dinero a la basura».
El Consorcio de Residuos (GHK) y las constructoras de la incineradora siguen sin llegar a un acuerdo sobre cómo deshacer o modificar el contrato de adjudicación de la planta de Zubieta. La relación ha sido difícil durante los pasados meses, pero en las últimas semanas el desencuentro es absoluto, habiéndose llegado al borde de la ruptura. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que a las empresas se les ha acabado la paciencia y han reclamado en reuniones mantenidas con los responsables del Consorcio que decidan de inmediato cuáles son sus planes respecto al contrato.
La unión temporal de empresas (UTE) formada por FCC, Zerbitzu Elkartea, Altuna y Uria, Murias y AE&E ganaron en la legislatura pasada el concurso para la ejecución de la planta de Zubieta. Las obras de explanación de los terrenos arrancaron en enero de 2011. El convenio estipula el pago de 223 millones por la construcción de la infraestructura, otros 50 millones por operar y mantener la planta durante cinco años, prorrogables otros tres por 53 millones más.
El Gobierno foral de Bildu paralizó la obra al poco de llegar al poder, decisión que daría derecho a las citadas empresas a reclamar indemnizaciones multimillonarias.
El Consorcio y las constructoras llevan un año negociando si el contrato se rompe o no y, en consecuencia, si se pagan las indemnizaciones o si cabe algún otro tipo de acuerdo menos traumático.
Durante estos meses se ha barajado la posibilidad de que la rescisión del acuerdo fuera compensada mediante la adjudicación de las plantas de tratamiento de residuos contempladas en el plan de Bildu, entre las que se encuentran una planta de biometanización y varias de compostaje. Este cambio de cromos presenta un problema evidente.
Las instalaciones deberán salir a concurso público y, en principio, la UTE citada competiría en igualdad de condiciones con las propuestas presentadas por otras empresas.
El tiempo transcurrido desde la paralización de la incineradora no ha servido para llegar a acuerdos. Esta situación ha elevado al máximo la tensión entre las constructoras y GHK. Las primeras consideran que no es de recibo que un proyecto adjudicado tras ganar un concurso público siga paralizado dos años más tarde, situación que les genera cuantiosos gastos por diversos conceptos. Las fuentes conocedoras de los contactos señalan que la UTE ha exigido al Consorcio que aclare de inmediato sus intenciones para así obrar en consecuencia, máxime cuando disponen de un contrato legal y, por tanto, pueden reclamar las indemnizaciones con total garantía de cobrarlas.
Incumplimiento
La tensión es máxima con GHK, pero también es cierto que una ruptura definitiva no interesa a ninguna de las dos partes, así que es difícil prever si el ultimátum se cumplirá o si, por el contrario, el ‘impasse’ se mantendrá varios meses más. De hecho, no es la primera vez que la UTE exige a GHK que tome una decisión definitiva.
En febrero del año pasado, las constructoras enviaron un burofax a Juan Carlos Alduntzin, presidente del Consejo de Administración del Consorcio, en el que le recriminaba que GHK «lleva tiempo incumpliendo sus obligaciones básicas y solo a ella se le podrá exigir responsabilidades por cualquier perjuicio que se ocasione por el retraso que ya viene soportando el proyecto». A la vista está que aquel burofax hizo poco efecto, de ahí el enfado mayúsculo de la UTE.
Las constructoras se juegan mucho en un enfrentamiento con la Diputación, entre otras cuestiones porque Bildu gobierna en localidades en las que cuentan con adjudicaciones, entre ellas Donostia.
El Consorcio de Residuos tampoco tiene interés en una ruptura traumática. GHK debería indemnizar a la UTE con 24 millones de euros, según los cálculos realizados por los anteriores gestores de GHK.
Este periódico ha preguntado al Consorcio la situación de las negociaciones. La respuesta ha sido: «GHK está llevando esta cuestión con la seriedad y rigor que requiere, en defensa de los intereses de la ciudadanía guipuzcoana».
