EB-Aralar critica los cambios en el Consorcio de Residuos para evitar la fuga de municipios

IRUN. DV. Ezker Batua-Berdeak-Aralar de Irun presentó ayer su disconformidad con la modificación de cambios de Estatutos que pretende el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, en el que se encuentran las mancomunidades del territorio, incluida la de Txingudi.

El portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Manuel Millán, criticó que una de las modificaciones principales quiere «obligar a los ayuntamientos (o mancomunidades a las que pertenezcan) a pagar su parte proporcional de la incineradora aunque se desvinculen después del proyecto y no soliciten su servicio en el futuro». Ese es el de la incineradora y se trata, en definitiva, de fijar las responsabilidades previamente, de manera que un cambio político posterior no haga que alguien, por su cuenta, decida abandonarlo, obligando al resto a cargar con las costas de esta iniciativa ahora conjunta.

Para Millán, esta iniciativa se plantea «tras la experiencia de Usurbil», donde la aplicación del sistema de recogida puerta a puerta que se puso en marcha en febrero, arroja «cifras de reciclaje que, en tan sólo dos meses, pasan del 28,42% al 76,08%; además de obtener una materia orgánica con una pureza del 98%». Lo que el portavoz de la coalición planteaba es que «conocedores de estos datos, los promotores de la incineradora temen que el sistema se extienda a otras poblaciones de Gipuzkoa», algo que ve factible por el tamaño de los municipios. Si así ocurriera, considera Millán que el material destinado a la incineración sería mucho menor, «lo que pondría de manifiesto la irracionalidad del proyecto estrella del Consorcio de incineración en Zubieta».

«Déficit democrático»

Millán estima que esta pretensión de «hacer pagar a los ayuntamientos un proyecto a priori, aunque finalmente no se realice o no lleven los residuos a incinerar, evidencia que el verdadero objetivo es obstaculizar sistemas alternativos y superiores en compostaje y reciclaje para blindar un único sistema basado en la incineración».

El edil irunés denuncia que en el trasfondo de todo este complejo mecanismo existe «un déficit democrático». Aducía que la voluntad popular se distorsiona desde el voto hasta este Consorcio que toma estas decisiones («los ciudadanos eligen concejales, éstos miembros de mancomunidades, éstos a sus representantes en el Consorcio y éste una sociedad de gestión»). También alega que la medida de blindar el proyecto incinerador «supone actuar al margen de la posible composición futura de los ayuntamientos» ya que entiende que «podrían llegar gobiernos distintos, con programas distintos. Estos estatutos del Consorcio supondrían hipotecar la gestión de los municipios al margen de la voluntad popular municipal».