El Consorcio de Residuos amarra la financiación de las plantas de tratamiento

DV. El Consorcio de Residuos quiere asegurarse la financiación de las plantas de tratamiento previstas en el Plan de Residuos de Gipuzkoa. La asamblea general de la entidad, constituída por la Diputación y las ocho mancomunidades, aprobó ayer la modificación de los estatutos, con el fin de amarrar la financiación de 300 millones de euros. La mayor parte se solicitará al Banco Europeo de Inversiones.

La asamblea dio el visto bueno con carácter inicial al cambio estatutario. Votaron a favor seis de las ocho mancomunidades. San Marcos y Alto Deba se posicionaron en contra, así como un representante de Tolosa y otro de Azpeitia. Ahora se abrirá un plazo de alegaciones para, posteriormente, proceder a la aprobación definitiva. Lograda ésta, un mero trámite a la vista de la votación de ayer, cada mancomunidad adaptará la modificación a sus propios estatutos.

El cierre de los vertederos en 2012 obligará a poner en marcha para esa fecha la incineradora de Zubieta, así como la planta de tratamiento previo, cuyo sistema está todavía por definir. Además, se contempla una red de instalaciones de compostaje y garbigunes.

Ingresos por tarifas

El Consorcio pedirá créditos que podrían alcanzar los 300 millones de euros para acometer la construcción de estas infraestructuras. El aval de estos préstamos será únicamente los ingresos que obtenga la entidad a través de las tarifas que cobrará a partir del próximo mes a las mancomunidades por el tratamiento de sus residuos (117 euros por tonelada). Esta dependencia económica de las entidades comarcales ha llevado al Consorcio a proponer una modificación estatutaria que garantice que esta entrada de ingresos no va a fallar. La entidad quiere evitar, por ejemplo, que una hipotética salida de la mancomunidad de San Marcos conlleve una redistribución de su aportación entre el resto de comarcas.

San Marcos genera el 50% de la basura de Gipuzkoa y por tanto aportará al Consorcio el 50% de sus recursos. Los créditos se pedirán en previsión de que esa parte del presupuesto está asegurada, es decir, que la mancomunidad se mantendrá dentro del Consorcio.

La modificación de los estatutos, ante la eventualidad de que se produzcan abandonos, establece salvaguardas para evitar que el resto de mancomunidades tengan que aumentar sus aportaciones con el fin de devolver el crédito.

El nuevo estatuto señala que la entidad comarcal que abandone el Consorcio «abonará los gastos que se originen con motivo de la separación, la parte del pasivo contraído por el Consorcio a su cargo, así como el valor de la capitalización del sobrecoste del servicio que se calcule que se genera para el resto de entes consorciados, considerando la vida útil de las infraestructuras que están construidas o en proceso de ejecución».

Si éste fuera el caso de San Marcos, la entidad tendría que abonar el 28% del presupuesto de las instalaciones, es decir, el equivalente al peso de su representatividad en el Consorcio.

EB se ha mostrado crítica con el cambio de estatutos, dado que en su opinión sólo pretende blindar la construcción de la incineradora.