El PNV emplaza al PSE a desbancar a Bildu de la Mancomunidad de San Markos
Señalan que los socialistas les han propuesto esta iniciativa y se muestran dispuestos a aceptarla. El cambio supondría que en el Consorcio, si reingresara Txingudi, las mancomunidades a favor de la incineradora tendrían más votos que las contrarias
FERNANDO SEGURA
Domingo, 20 de mayo 2012, 05:51
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La composición del Consorcio de Residuos (GHK) podría variar sustancialmente si PNV y PSE unen sus fuerzas para desbancar a Bildu de la Mancomunidad de San Markos. La portavoz del GBB, Maria Eugenia Arrizabalaga, desveló ayer que los socialistas se han puesto en contacto con el PNV «solicitándonos que demos solución a la representación en San Markos».
La portavoz del GBB compareció ante los medios de comunicación para explicar las conclusiones de una reunión mantenida con concejales del partido para analizar la política de residuos de Bildu.
La iniciativa de desbancar a la coalición en San Markos supondría que en GHK tendrían más peso las mancomunidades a favor de la incineradora que las que se oponen. Ahora bien, para que se diera este vuelco tendría que producirse el reingreso de Txingudi. El Supremo invalidó su incorporación por una cuestión de forma.
No obstante, incluso con la participación de Txingudi, en el cómputo total de votos el 'no' a la planta sería mayoritario, dado que la Diputación tiene una representación determinante (33%).
Los jeltzales señalan que, aunque la oposición al Plan de Residuos en vigor se mantendría, subrayan que el cambio en San Markos pondría a la Diputación en un brete.
El PNV explica que desde la institución foral se ha insistido en que las mancomunidades son las entidades competentes en materia de residuos. Por tanto, si en el Consorcio el voto de las que se muestran a favor de la incineradora fuera mayoritario, el PNV estima que la Diputación debería aceptar esta postura.
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En caso contrario, tendría que hacer valer el 33% de representatividad que le corresponde para mantener el 'no', enfrentándose al criterio mayoritario de las mancomunidades. Si el Gobierno foral toma esta decisión, los jeltzales señalan que quedaría en evidencia ante el discurso mantenido en favor del respeto a las competencias de las mancomunidades.
Arrizabalaga se mostró partidaria de llegar a un acuerdo con los socialistas, pero recordó que el PNV tras las elecciones de hace un año emplazó al PSE «para que las mancomunidades donde pudieran darse mayorías en favor del Plan de Residuos en vigor tuvieran su reflejo en la representación». Esta propuesta, señaló la dirigente del PNV, «tuvo su efecto en Debabarrena, pero no en San Markos. En este caso, al PSE le interesó intercambiar cromos con Bildu. La coalición se hacía con la mayoría en San Markos y el PSE en el Añarbe».
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Arrizabalaga concluyó que «si el emplazamiento que realiza ahora Denis Itxaso es sincero, nos alegramos y aprovecharemos la oportunidad para invitarles a modificar la representatividad en San Markos».
Juntas Generales
No obstante, desde el PNV se asegura que la última palabra en la gestión de los residuos recae en las Juntas y no en el Consorcio. «La Ley de Medio Ambiente es clara. Señala que la institución competente para establecer la planificación es el órgano ambiental del Gobierno Vasco. Añade que en tanto éste no disponga de una planificación propia, como es el caso, esta competencia recae en las instituciones de cada territorio, es decir, en las Juntas Generales. Una cosa es la gestión del día a día y otra la planificación».
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Arrizabalaga señaló que, a tenor de la legislación, «no se puede plantear un choque de legitimidades. Bildu lo que demuestra es que se arroga la legitimidad de las instituciones en las que tiene mayoría amplia, y no reconoce la de aquellas que no controla». La portavoz del GBB añadió que la coalición «muestra una falta de cultura democrática. Deberán pasar por las Juntas».
Preguntada por el escenario que se podría dar si Bildu mantiene su criterio de confiar al Consorcio la planificación, la dirigente del PNV eludió dar una respuesta. «A día de hoy sigue en vigor un acuerdo que establece un plazo de seis meses. Nosotros nos atenemos a nuestra palabra y veremos si Bildu hace lo mismo o no. En su momento adoptaremos las medidas que consideremos oportunas».
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