Zapatero aprueba por decreto un despido más barato

La reforma laboral ya es una realidad. Por atender a intereses enfrentados no satisface a nadie. El Gobierno se ha quedado solo con su proyecto. Abarata y facilita el despido, algo que a las instituciones y a los empresarios les resulta insuficiente. Los sindicatos lamentan que no ataje la temporalidad injustificada de los contratos y la consideran lesiva para los intereses de los trabajadores. Su decepción e indignación contra el Gobierno llega a tal grado que han convocado una huelga general para el 29 de septiembre en todo el Estado. Los sindicatos vascos la han convocado para el 29 de junio en Euskadi. Mientras tanto, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro Celestino Corbacho afirmaron tajantemente, después de la reunión en la que el Gabinete aprobó el decreto, que se trata de la reforma «más importante de las emprendidas en los últimos 20 años».

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogerá hoy o mañana la reforma, que al día siguiente de su publicación entrará en vigor. El decreto se someterá el día 22 en el Congreso a un complicado examen de convalidación. Después se convertirá (si la Cámara lo aprueba) en proyecto para su tramitación como ley.

Corbacho destacó que el decreto refleja el abaratamiento para los empresarios de todos los despidos (improcedente de 45 días, improcedente de 33 días y objetivo de 20 días) en ocho días por año de servicio. En tanto se crea una 'hucha' de capitalización para atender este descuento, la formación, la movilidad e incluso las pensiones complementarias. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), financiado por los empresarios, se hará cargo de la rebaja. El dinero recibido por el trabajador con motivo del despido permanecerá sin cambios. Los sindicatos alertan de que la medida abre la puerta a que se registren más despidos improcedentes puesto que su coste se queda en 37 y 25 días, según los casos, sin necesidad de justificación de causas.

Otra manera de abaratar el despido es la generalización del contrato de fomento del empleo, el que conlleva los 33 días de despido improcedente. Solo quedan excluidos para su utilización los hombres de 30 a 45 años de edad que lleven menos de tres meses en el paro. Pero si han sido titulares de un contrato indefinido ordinario (indemnización de 45 días), podrán acogerse a él. Su uso se extiende para la transformación de empleos eventuales en estables.

Corbacho explicó que es «una mayor oportunidad para que gente atascada en la temporalidad pueda acceder al contrato de fomento». A su juicio, no se «puede universalizar porque no pueden existir dos contratos iguales (ordinario y de fomento), pero el Gobierno sí apuesta porque esta modalidad de empleo sea utilizada por muchas más personas.

Límite del contrato temporal

El único contrato temporal que la reforma 'toca' es el de obra o servicio determinado. Se acota su uso a tres años con prórroga de 12 meses si el convenio colectivo lo admite. Los empresarios ven aquí un peligro para que proliferen las salidas de trabajadores a los cuatro años en empresas que temerosas por su futuro no puedan hacer frente a una transformación del contrato temporal en fijo.

La flexibilidad del despido viene por el lado de las rupturas objetivas. La empresa podrá echar a sus trabajadores por motivos económicos cuando «de los resultados (de la compañía) se desprenda una situación negativa» tras justificar «mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva». No existen requisitos de tiempo ni se habla de pérdidas. Corbacho insistió en que se concretan los motivos del despido mientras que fuentes próximas a la redacción del decreto resaltaron que «el papel de los jueces queda igual, con una nueva definición de la justificación».

La indemnización por la conclusión de los contratos temporales se eleva de ocho a 12 días, de manera progresiva, de modo que su aplicación quedará cerrada en el año 2015. Para la patronal CEOE, esta medida es «una barbaridad» porque pone en peligro todas las colocaciones con fecha de caducidad.

Corbacho explicó que el decreto también contempla el denominado «modelo austriaco», consistente en crear ese fondo de capitalización, que sustituirá al Fogasa en el abaratamiento del despido. «El Gobierno entiende -añadió- que este modelo deberá hacerse con un proyecto ley que llegará al Parlamento en un año, dejando claro que no tiene que contemplar subida de las cuotas empresariales a la Seguridad Social». Argumentó que se trata de un mecanismo que «garantizará derechos que acompañan a los trabajadores a lo largo de su carrera profesional y que servirán para la formación, la movilidad, el despido y las pensiones».