Tolosa

Tolosa da un nuevo paso para solicitar ser declarada Zona Tensionada de Vivienda

Tal y como aseguró el alcalde Andu Martínez de Rituerto, este documento, una primera versión a falta de incluir las aportaciones de la oposición y, pasada la aprobación plenaria, las del Gobierno Vasco, «tiene mayor importancia» porque «aporta muchas más herramientas» que la propia declaración de zona tensionada. Según sus palabras, «declararlo nos permitirá intervenir en el alquiler, pero no resolverá los problemas derivados de la necesidad de acceso a la vivienda».

El objetivo marcado para los próximos tres años en Tolosa será «aumentar el parque de viviendas de alquiler a precios asequibles, facilitar la emancipación de los jóvenes y aumentar las posibilidades de adquirir vivienda a colectivos vulnerables, sin que este esfuerzo financiero supere el 30% de sus ingresos», indicó Martínez de Rituerto. Ander Figuerido, concejal de Vivienda, explicó que el plan de acción «define las directrices de las políticas de vivienda» hasta 2028, con «nueve estrategias y veinte acciones divididas en cuatro líneas de trabajo estratégicas». Algunas de ellas, ya en funcionamiento.

El primero de ellos es el fomento del alquiler asequible, por un lado, aumentando el parque de VPO y, por otro lado, movilizando los domicilios vacíos para su puesta en alquiler. Como detalló Ander Figuerido, en Tolosa se estima construir más de 800 viviendas, en especial en terrenos de San Esteban, Amaroz y el barrio de Olarrain, la mayoría en régimen de alquiler, superando así los 550 pisos. Este punto también contempla la preparación y captación de suelo y generar alojamientos dotacionales, entre otros. En este sentido, el concejal de Vivienda recordó que dos proyectos, la creación de viviendas dotacionales para jóvenes en el edificio Sagrado Corazón y las viviendas intergeneracionales de Iurramendi, están en marcha.

La segunda estrategia sería la puesta en alquiler de viviendas vacías, aumentando las 61 que están dentro del programa Bizigune del Gobierno Vasco, a través de subvenciones que premien su inclusión en el mercado –sobre todo en la Parte Vieja–, y la posible recuperación de antiguos programas municipales que fomenten su incorporación en el mercado mobiliario.

El segundo eje plantea actuaciones sobre el actual parque construido, incentivando la rehabilitación o segregación de viviendas, la regeneración de los barrios y la reforma de locales comerciales para su uso como domicilios. A este respecto, el Ayuntamiento está a la espera de lo que marque el nuevo decreto del Gobierno Vasco para revisar las ordenanzas municipales y el planteamiento. Por otra parte, se ha modificado el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para fomentar la rehabilitación, y se mantendrá el recargo del 100% sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para fomentar la salida al mercado de viviendas vacías.

El tercer eje contiene las prestaciones y ayudas al alquiler, para mejorar el sistema, fomentar la emancipación de los jóvenes y atender a los grupos vulnerables. Se han actualizado las cantidades de la ordenanza municipal de ayudas al alquiler para «ajustarlas a la realidad», y se promoverán ayudas de emergencia social.

El cuarto y último eje recoge la necesidad de que el Ayuntamiento esté en estrecha coordinación con el Gobierno Vasco, Alokabide y Visesa para la gestión eficaz del documento, y la evaluación y seguimiento de su ejecución. De forma complementaria se asesorará e informará a la ciudadanía bajo un servicio integral que permita resolver dudas en torno a la vivienda, su rehabilitación y programas y recursos de intermediación en el mercado del alquiler.

Ander Figuerido quiso aclarar que «el Ayuntamiento es la administración que menor competencia tiene en vivienda, y es necesario que tomemos decisiones estructurales junto al resto de entidades para salir de la lógica del mercado y el negocio, y para que la vivienda sea un derecho como es necesario». A su vez, el alcalde Andu Martínez de Rituerto añadió que «la vivienda está recogida como un derecho subjetivo en la Ley de Vivienda y está aceptada como derecho en la Constitución; se deben cerrar las puertas a la especulación. Si se toman medidas estructurales, podremos hablar definitivamente de bien de uso».