El Colegio Oficial de Médicos no aprecia un delito de intrusismo en La Asunción
Aclara que, según el Constitucional, «si un titulado en Medicina ejerce una especialidad sin titulación especial» no comete una infracción
El Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa no ve un delito de intrusismo en el empleo de doctores extranjeros sin la especialidad homologada en la clínica Santa María de la Asunción de Tolosa. Así lo hizo saber ayer, tras «realizar un seguimiento» al caso del hospital de Tolosa, concertado por el Servicio Vasco de Salud, y que ha sido denunciado en Fiscalía por una antigua doctora del centro. El gerente de la clínica, Jesús Gómez Montoya, se encuentra a la espera de reunirse con la fiscal jefe de Gipuzkoa tras esta última acusación, que tacha de «sin sentido».
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El Colegio, por su parte, se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional para defender que «los médicos que ejercen una especialidad sin tenerla legalmente reconocida no incurrirían en un delito de intrusismo». Según este dictamen del Constitucional, «si bien es cierto que quien ejerce cualquier especialidad médica sin ostentar el título de médico comete un delito de intrusismo, no llegamos a la misma conclusión respecto del titulado en medicina que ejerce una especialidad sin titulación especial». Aquí se situarían los «diez o doce» profesionales extranjeros de La Asunción que, en palabras de Montoya, ya han comenzado los trámites de verificación, pero siguen sin los documentos necesarios «porque tardan entre seis y diez años en llegar». Hay otros dos que todavía no han iniciado este proceso.
En cualquier caso, desde el Colegio aseguran que «todos» los profesionales de este hospital de Tolosa tienen el título de medicina general homologado en España, «por lo tanto, son médicos». Es «distinto» el caso de aquellos que proceden de países de Latinoamérica o ajenos a la Unión Europea. De todas formas, insisten en que la homologación de estos certificados no es, «en absoluto», competencia de los Colegios de Médicos. Este trabajo corresponde al Ministerio de Sanidad.
En el punto de mira
El gerente defiende el buen hacer de su clínica y justifica los contratos de estos profesionales: «No hay médicos suficientes para cubrir todas las plazas vacantes y, además, tienen un nivel muy alto». Pese a tener el apoyo del Colegio, Montoya continúa en el punto de mira de antiguos trabajadores del centro médico, así como de la plataforma a favor de la sanidad pública de Tolosaldea, Topa, que niegan la falta de profesionales del sector. «Lo que no hay es gente que quiera trabajar en las malas condiciones laborales que ofrece este centro», manifiestan.
«Está jugando con la seguridad de los pacientes de Tolosaldea», denuncia una excirujana de la clínica. «Dice que tienen el título de especialista aunque no esté homologado, ¿pero cómo sabemos nosotros que es verdad? Yo no me montaría en un avión pilotado por alguien sin el diploma de piloto homologado», añade esta mujer, que quiere «desmentir» la versión del gerente. Hace hincapié en que estas personas «deberían estar haciendo labores de ayudantes, pero no ejerciendo sin la homologación».
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Desde Topa, por su parte, señalan que la situación «se ha agravado más estos dos últimos años», en los que, al parecer, se habrían ido de la clínica alrededor de una veintena de médicos. Y no solo eso, «ha habido meses en los que a la mitad les faltaba la homologación».
Si bien la mayoría de los que está en este grupo es procedente de países de fuera de la Unión Europea, Javier Arana, de Topa, afirma que «también hay alguno que no lo es y no tiene ninguna especialidad, aunque lleve años ejerciendo como tal». El problema, insiste, «es que el objetivo de esta clínica es ganar dinero. Nosotros lo único que queremos es tener un hospital público en Tolosa».
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La Asunción funciona como centro concertado de Osakidetza para los pacientes de la comarca de Tolosaldea, pese a ser privado. Esta es la única zona de Euskadi en la que no existe un centro hospitalario público. Ejerce como hospital comarcal de referencia en la zona, con unos 300.000 actos médicos al años, y está financiado por un concierto de Osakidetza que en 2018 ascendió a los 21.883.346 euros.
Mientras que la Fiscalía de Gipuzkoa decide qué hacer con este caso, Osakidetza aseguró que ya «se ha solicitado verificación e información a los responsables del centro». Montoya confía en que en que en Fiscalía «desestimen y archiven la denuncia», como sucedió, asegura, con la que interpuso hace un par de años «por un motivo similar» Topa.
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