El 30% de adjudicaciones de VPO en alquiler son a extranjeros por su bajo nivel de ingresos

Un grupo de personas, junto a la promoción de VPO de Pagola en San Sebastián. / ARIZMENDIGráfico
Un grupo de personas, junto a la promoción de VPO de Pagola en San Sebastián. / ARIZMENDI

El sistema de baremación prioriza a los demandantes que tienen más difícil acceso a la vivienda | Apenas el 1% de los pisos entregados en régimen de compra son para foráneos, que casi en su totalidad centran sus solicitudes en el arrendamiento

Amaia Chico
AMAIA CHICO SAN SEBASTIÁN.

El sistema de baremación que desde 2013 evalúa la situación de los solicitantes de una VPO y prioriza las adjudicaciones en función de criterios más justificados que el aleatorio sorteo utilizado hasta entonces tiene su reflejo en la estadística que radiografía el servicio público. El cambio en el perfil de los solicitantes, el incremento exponencial de las peticiones para alquiler en detrimento de la compra (81% frente a 19%), y los ingresos cada vez más bajos de las personas inscritas en Etxebide tienen su incidencia en las adjudicaciones, que en el último lustro han variado tanto en número como en régimen y en destinatarios. Fruto de esa evolución, es el aumento en el porcentaje de personas extranjeras que resultan adjudicatarias de una vivienda protegida, casi la mayoría de alquiler. En 2017, supusieron el 25% de los beneficiarios de una VPO, el doble que cinco años antes, pero menos de lo que les correspondería por su peso en el registro de inscripción de Etxebide.

¿La razón? No se trata de que el número de solicitantes foráneos se haya multiplicado, sino que la concesión de viviendas va ligada a un perfil vinculado, casi en exclusiva, al alquiler, con mayor riesgo de exclusión debido a unos ingresos que apenas superan los 11.000 euros de media, y a la mayor cantidad de personas que integran la unidad familiar. «Cuantos más miembros y menos ingresos, más puntos», determina el sistema de baremación establecido en 2012, y que «en ningún caso toma en consideración el origen o nacionalidad de los solicitantes» como criterio para la adjudicación, remarca el último informe del Observatorio vasco que analiza la tasa de población extranjera residente en Euskadi que participa del sistema público de vivienda.

A partir de esa fecha, la prevalencia del alquiler sobre la compra, tras la crisis económica, y el sistema de baremación, que el Departamento está volviendo a revisar con un nuevo decreto que ajuste aún más los criterios para priorizar a los colectivos con más dificultades de acceso al mercado libre o con más riesgo de pobreza o exclusión, han condicionado la evolución en el reparto de VPO. Si en 2008, la práctica totalidad, un 96,2% de los pisos entregados -la mayoría en compra- iban a parar a manos de ciudadanos con pasaporte español, una década después ese porcentaje se ha amoldado a la nueva realidad social, y la proporción ha pasado a ser de un adjudicatario foráneo por cada tres autóctonos.

El informe, no obstante, matiza, que el peso de los extranjeros en cada régimen de cesión se mantiene inalterable desde hace un lustro. Es decir, siguen siendo adjudictarios solo del 1% de las VPO de compra; esencialmente porque nunca las han demandado. Y son beneficiarios del 30% de las de alquiler, donde se concentran sus expedientes de solicitud. En números absolutos, el pasado año, de las pocas viviendas adjudicadas en Euskadi -la tasa más baja de los últimos años-, 292 de alquiler fueron para personas de origen extranjero frente a 630 que quedaron en manos de «nacionales». En cuanto al régimen de compra, apenas 3 foráneos recibieron en Euskadi las llaves de un piso en propiedad de Etxebide frente a 235 autóctonos.

Gipuzkoa apenas ha variado en los últimos años el peso de la población extranjera en su censo, donde supone el 5,5%, un punto más que hace una década. Y por eso tampoco en las listas del servicio vasco de vivienda se ha producido un incremento exponencial de sus solicitudes. De hecho, según el informe, los solicitantes extranjeros son adjudicatarios de menos viviendas de las que les correspondería por su peso en las listas de Etxebide, donde a 31 de marzo de este año había apuntadas un total de 65.027 personas, 12.788 más que un año antes. De ellas, 52.810, más del 80%, se inclina por el alquiler, justo lo contrario a lo que ocurría antes de la crisis, en 2007. Y del total, unos 15.800 expedientes de solicitud pertenecen a personas extranjeras, de las que apenas un 2,7% busca obtener un piso en régimen de compra.

La recesión económica, que obligó a muchos inmigrantes a replantearse su estancia en Euskadi y volver a sus países de origen ante la falta de empleo y la mayor precarización de su situación socioeconómica, tiene su reflejo también en la estadística de Etxebide. Desde 2005 hasta 2013, el número de solicitantes extranjeros va en paulatino aumento hasta alcanzar el pico de 20.082 demandantes ese último año, cuando la acumulación de años de crisis y una situación económica más compleja que cinco o seis años antes provocó una caída en picado de la demanda. En 2014, los solicitantes cayeron en más de 6.000, hasta 14.343. Y desde entonces ha sufrido un suave incremento hasta las 15.764 personas que el pasado año estaban inscritas en Etxebide, casi un 23% del total, según el Observatorio vasco.

La puntuación

El criterio de obtención de puntos fijado por el Gobierno Vasco en la orden de 15 de octubre de 2012, donde se instauró el sistema de baremación que sustituyó a los sorteos, ha priorizado las adjudicaciones en función de las rentas y de las familias con hijos o hijas. Y a ese perfil responden en gran medida las unidades convivenciales extranjeras.

El sistema, que ahora el Departamento de Iñaki Arriola está sometiendo a revisión, concede puntos en función de los años de inscripción en arrendamiento (de 5 a 40); de los miembros que integran la familia (5 por cada uno, hasta un máximo de 30); de los ingresos (desde un máximo de 20 a rentas con menos de 9.000 euros a 5 para quienes cobren entre 25.000 y 30.000; y hasta 10 puntos por empadronamiento o por pertenecer a alguno de los colectivos «con especial necesidad de vivienda» como el de personas con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de maltrato, divorciados o separados legalmente, afectados por desahucios, jóvenes y mayores de 70 años.

El informe de Vivienda recalca que la evolución en las adjudicaciones y el peso en ellas de los solicitantes de origen autóctono o extranjero responde exclusivamente a esos parámetros. «En ningún caso se toma en consideración la nacionalidad de la persona como criterio de puntuación». Y ofrece, a continuación, datos que justifican todas esas adjudicaciones. El nivel medio de las rentas de los demandantes extranjeros de VPO es de 11.238 euros, unos 4.000 menos que la media de los ingresos acreditados por el resto de solicitantes. Una proporción que se sitúa en paralelo a los ingresos medios que acreditan las familias residentes en Euskadi en general, el de las extranjeras se sitúa por debajo de los 19.000 euros y el de los autóctonos supera los 42.000. «El criterio asociado a los ingresos, por tanto, ha sido notable» en el acceso a VPO desde 2013 de las personas foráneas, un colectivo que «padece situaciones de exclusión residencial entre 6 y 8 veces superior» al resto. Y es este colectivo el que, con un sueldo medio de 795 euros, más dificultades tiene además para hacer frente al pago de una renta, situación in crescendo en Euskadi, o más necesita recurrir a las subvenciones públicas como la Prestación Complementaria de Vivienda vinculada al cobro de la RGI para hacer frente a las cuotas de alquiler.

Junto a ello, las adjudicaciones están marcadas por el número de miembros de la familia. Casi la mitad de los extranjeros inscritos en Etxebide tiene al menos un hijo, y un 13,6% tienen tres o más. Y entre los autóctonos, esos porcentajes descienden hasta el 28% en el primer caso, y el 5% en el segundo.

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