Vivienda flexibiliza la ayuda a la emancipación de jóvenes tras denegar la mitad de solicitudes

El ambicioso programa que se puso en marcha a principios de año con el objetivo de ayudar económicamente a pagar el alquiler a unos 2.500 jóvenes vascos de entre 23 y 35 años el primer año, se está quedando corto. Y el Ejecutivo ha decidido flexibilizar, a partir del próximo 2020 -o «antes si es posible»-, los requisitos que impuso con el fin de no dejar fuera a tantos solicitantes. Los ingresos mínimos y máximos exigidos en las bases de la prestación, la edad mínima o el precio de las rentas de alquiler se han erigido en barreras demasiado altas a superar por quienes precisan de un dinero 'extra' para poder plantearse una vida fuera del hogar paterno y afrontar el pago de un alquiler en solitario o en compañía, en un momento donde escasean y donde sus precios están desorbitados, sobre todo en Gipuzkoa y en San Sebastián.

El viceconsejero Pedro Jáuregui asume que no se están cumpliendo las expectativas, calculadas a partir de una estimación media sobre los potenciales beneficiarios. «Vemos la buena acogida del programa por el volumen de solicitudes recibidas», dice, pero al tiempo los números constatan que hay «más denegaciones de las previstas». En concreto, según los datos ofrecidos ayer por el Departamento, entre el 1 de enero y el 11 de julio, Alokabide, la gestora del parque de alquiler público que gestiona esta iniciativa, recibió un total de 1.173 solicitudes. De ellas, 350 procedían de Gipuzkoa, 592 de Bizkaia y 231 de Araba. Pero tras comprobar la documentación entregada, solo han logrado disponer ya de la ayuda un total de 451 personas, menos de la mitad: 135 de ellas son jóvenes guipuzcoanos, 221 vizcaínos y 95 alaveses. Estas prestaciones suponen el abono ya de 316.849 euros hasta el 15 de julio, y un compromiso de medio millón de euros para este año, y de 3,1 millones hasta 2021, fecha hasta la que podrían seguir cobrando si no cambian sus condiciones.

A estas prestaciones, aclara Jáuregui, se pueden sumar en próximas semanas y meses algunas más ya que quedan 195 expedientes por resolver. El resto son peticiones denegadas. 253, en concreto. Otras 26 están recurridas y 11 renunciaron al cambiar posiblemente su situación.

Entre estas últimas cifras, las de expedientes que se han quedado fuera, Vivienda indica que el 90% se debe a que exceden, por arriba o por abajo, los límites de ingresos establecidos. En este punto se introducirá por tanto el primer cambio. El viceconsejero especificó ayer que la nueva orden del consejero que modificará la anterior, a finales de año o principios del que viene, ampliará en torno a un 20% el límite de ingresos. «Queremos que jóvenes que ahora se han quedado fuera por este motivo, puedan volver a solicitar la ayuda» que permite costear hasta un 50% del alquiler, explica. Y de hecho, el propio Departamento se pondrá en contacto con ellos en otoño para explicarles la posibilidad de hacerlo.

Ahora, esos límites establecen un ingreso mínimo igual a la cuantía máxima de la RGI y un tope máximo de 15.000 euros al año a solicitantes individuales, de 20.000 para unidades familiares o 25.000 en caso de familias numerosas. Pero cuando se apruebe la modificación, desaparecerá esa vinculación con la RGI, «dado además que nadie que cobre otra prestación pública» de esa índole puede acogerse a Gaztelagun, y los ingresos mínimos serán de 3.000 euros -los exigidos para optar a Etxebide-, y los umbrales máximos se amplían a 18.000, 24.000 y 28.000, respectivamente para cada uno de los colectivos antes mencionados.

Otra de las principales novedades es que se va a rebajar de 23 a 18 años la edad para poder solicitar la prestación. La decisión que, según explica el viceconsejero, responde a la demanda recibida por parte de jóvenes que desde esa edad quieren vivir en su propia casa. Pero una situación, no obstante, no muy habitual en Euskadi, que ostenta el primer puesto del Estado en emancipación tardía, casi a los 30 años. Además, indica, también se soluciona el problema de unidades familiares en las que uno de sus miembros tenía entre 18 y 23 años y, aunque cumplía el resto de requisitos, no podía acceder a la ayuda por ser 'excesivamente' joven. El decreto estipula a este respecto que todos los integrantes de la unidad familiar, a excepción de los menores, deben ajustarse a los requisitos exigidos.

El tercer muro con el que se encuentran los solicitantes es el de las rentas del alquiler máximas. El programa establece límites de precio de las viviendas alquiladas, en función de su localización. Un requisito que también ha dejado fuera a algunos solicitantes, sobre todo en capitales como San Sebastián, que tendrán que seguir ajustándose al máximo el cinturón para cubrir los gastos de una vida independizada.

El Ejecutivo no modificará las rentas máximas establecidas porque cree que así podría «recalentar» aún más los precios ya desorbitados, pero sí «permitirá incrementos» que deriven de la actualización del alquiler por la aplicación del IPC. Es decir, si alguien obtiene la ayuda por un piso de 750 euros en Donostia -el máximo permitido en las capitales-, seguirá percibiéndola durante el máximo de tres años aunque el 'casero' le incremente la renta según el IPC. En las áreas metropolitanas y municipios de más de 10.000 habitantes, ese tope se mantiene en 650 euros; y en los de menor tamaño, en 600. «Sabemos que la oferta es escasa sobre todo en capitales como San Sebastián, pero no podemos dar más ayuda, así que quien tenga una necesidad real de vivir emancipado igual tiene que irse a la periferia, y no aspirar a vivir donde los alquileres son más altos», reconoce Jáuregui.

«Gaztelagun no es la panacea», añade. Está pensado para dar un empujón inicial a las generaciones más jóvenes que empiezan a trabajar y formar una familia.