Las víctimas vascas del amianto denuncian que un año después siguen sin recibir la ayuda del fondo

En octubre del año pasado tras la aprobación de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto se daba un plazo de 90 días para dar luz verde a un reglamento que debe regular «cuestiones cruciales» como las cuantías de las indemnizaciones, las condiciones que se deben cumplir o el procedimiento que deben emplear las víctimas para cursar las peticiones. Pues bien, el reglamento aún no se ha aprobado, una circunstancia que denuncian las víctimas: «Están incumpliendo la ley y aquí no pasa nada», lamenta García.

Pero su indignación ha ido creciendo a medida que el Gobierno ha ido elaborando el proyecto del Reglamento, ya que a su juicio «contradice el espíritu de la ley porque otorga indemnizaciones económicas muy por debajo del objetivo de acabar con los procesos judiciales». García califica el proyecto de «rácano» y asegura que la actitud del Gobierno es «cicatera» porque «las cantidades propuestas son tremendamente inferiores a las indemnizaciones que se vienen obteniendo por vía judicial y a las que se establecieron para otros colectivos, como son las víctimas del terrorismo, del VIH y las de la talidomida».

En una nota suscrita por UGT, CC OO y Fedavica, la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto, también se critica que las personas afectadas por el amianto tendrán que tributar en el IRPF por las indemnizaciones lo que, a su juicio, supone «profundizar en la discriminación que sufren al ser consideradas por el Gobierno como víctimas de segunda categoría».

Jon García se muestra «sorprendido» por la tardanza del Gobierno en poner en marcha el reglamento y las «mil y una pegas» que han recibido, ya que la ley fue apoyada por todos los grupos políticos y «con todo el mundo de acuerdo». El portavoz de Asviamie lamenta que «al no haber una presión social, echan balones fuera y recortan las partidas». Además, el adelanto electoral del pasado verano ha sumado más incertidumbre si cabe. Y es que es la segunda ocasión en la que el adelanto de unos comicios frena el proceso de la puesta en marcha de este mecanismo. Si el Ejecutivo en funciones no lo aprueba mediante un decreto ley, lo más probable es que el proceso se quede parado y el nuevo ejecutivo sea el que active de nuevo el proceso.

Las víctimas del amianto no piensan quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Anuncian movilizaciones y seguirán reuniéndose con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de llegar a un acuerdo porque «es inadmisible que después de más de 20 años de la prohibición del uso del amianto en nuestro país, el Estado no asuma su responsabilidad de amparar a las víctimas».