Urkullu eleva las críticas al juez Garrido y le acusa de «menospreciar la ciencia»

Es el sexto revés judicial que sufren el Ejecutivo vasco y su órgano asesor para la pandemia (LABI) durante la crisis sanitaria por parte del TSJPV, que se ha erigido como uno de los tribunales que con más énfasis combate la limitación de derechos fundamentales si esta se aplica de forma generalizada entre toda la población sin la suficiente argumentación ni cobertura legal.

Durante su intervención en el acto de apertura del curso de la UPV, celebrado en San Sebastián, Urkullu no se mordió la lengua y, aunque sin citar su nombre, acusó a Garrido de «menospreciar la ciencia» y «desautorizar» a los expertos en salud pública. El lehendakari mostró su apoyo a la comunidad científica, «epidemiólogos, virólogos, médicos, expertos...» que, denunció en alusión al juez, «constantemente ven sus recomendaciones sanitarias desautorizadas por personas que han demostrado su menosprecio a la ciencia, incluso con declaraciones públicas, pero que tienen capacidad de decidir sobre las cuestiones que afectan a la salud de las personas». Una desacreditación que Urkullu hizo extensiva al LABI.

Cabe recordar que el juez Garrido se vio envuelto en febrero en una sonora polémica cuando anuló el sistema aprobado en Euskadi tras la ola postnavideña que cerraba automáticamente la hostelería en los municipios con tasa de incidencia superior a 500. Un día antes de firmar ese auto había participado en una tertulia de radio en la que había desprestigiado a los epidemiólogos, calificándolos de «médicos de cabecera que han hecho un cursillo». Por aquel entonces, además, tenía como eslogan de estado en Whatsapp la frase 'no more lockdowns' ('no más confinamientos', en inglés). Luego se disculpó.

El presidente vasco aseguró que a pesar de no contar con el apoyo de la Justicia seguirá pidiendo al LABI que adopte «las medidas que estime necesarias para controlar la pandemia, amparándose en las recomendaciones científicas y en aplicación del mayor equilibrio posible en la vida de la sociedad vasca, según nuestras propias circunstancias».

En este sentido, reiteró su confianza en la «actitud responsable de la mayoría de los vascos» a la hora de seguir las normas y recomendaciones. «Así ha sido hasta ahora, y lo agradezco», remató.

El nuevo choque entre el poder ejecutivo y el judicial en Euskadi se produce en vísperas de que mañana se reúna de nuevo el LABI para, presumiblemente, relajar varias de las restricciones vigentes desde julio. La quinta ola está llegando a su fin y el elevado porcentaje de población vacunada justifican una flexibilización de las medidas. La tasa de incidencia ha bajado en la primera quincena de septiembre a menos de la mitad y ayer se situó en 155, frente al 312 del día 1, y todos los datos relacionados con la pandemia evolucionan a la baja.

Es precisamente esta tendencia descendente de la que se ha servido el juez Garrido para justificar su decisión de dar la razón a la LFP y rechazar los argumentos del Gobierno Vasco. En su opinión, la limitación del 30% de aforo podría ser «proporcionada» con la situación epidemiológica que había el 30 de agosto, pero entiende el magistrado que puede haberse quedado «desfasada» porque las condiciones han cambiado.

La controversia entre el Gobierno Vasco y la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV exhibe una situación paradójica en Euskadi, con un juez que se atreve a hacer valoraciones epidemiológicas y un dirigente político que critica sus decisiones con argumentos políticos y sanitarios, no jurídicos, más allá de que Urkullu resaltara que «en Euskadi seguimos con la declaración de emergencia sanitaria vigente», y en aplicación de la ley aprobada el 24 de junio en el Parlamento Vasco.

También censuraron el último auto del TSJPV el vicelehendakari primero del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka; y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. El primero acusó al juez de actuar bajo una posición marcada por un «sentimiento antiautonómico» y contrario al respeto competencial de Euskadi. La segunda se preguntó si es lógico llenar los estadios al 60% con una incidencia aún por encima de 150 y los niños hasta 12 años sin vacunar.