El Pacto de Salud genera consenso en Atención Primaria y fisuras por el peso del sector privado
La mitad de las 24 líneas estratégicas votadas se aprueban casi por unanimidad y la referida a la concertación concita 19 'síes' y 6 'noes' entre los 28 agentes implicados
El Pacto Vasco de Salud continúa adelante, hacia el despliegue práctico de las acciones acordadas por sus agentes, tras aprobar ayer las 24 líneas estratégicas ... proyectadas para reforzar y modernizar Osakidetza. La reunión de la Mesa del pacto dejó ayer unos números que apuntan a un amplio consenso. Había que votar y los resultados cuantitativos visualizan un gran acuerdo. Arrojan, según el consejero de Salud, Alberto Martínez, «un logro de toda la sociedad vasca». A partir de ahí, algunas valoraciones cualitativas evidencian aún fisuras en torno al modelo, sobre todo en el apartado de la colaboración público-privada, y afloran asimismo reproches al Gobierno Vasco por una supuesta intención de obtener la foto del consenso sin voluntad de abordar verdaderas transformaciones.
El apoyo a las líneas estratégicas fue mayoritario. De los 28 agentes participantes, votaron 26 tras las renuncias de LAB y Sumar. El 66,6% de los puntos concitó entre 24 y 26 votos, y solo dos se quedaron por debajo de los 20 votos: la colaboración público-privada y los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales.
Una de las líneas que buscaba el consenso se refería al fortalecimiento de la Atención Primaria, objeto de debate social. Recibió 22 'síes' por tres 'noes', con la abstención del PP. La Mesa respaldó así el objetivo de «desarrollar un modelo de atención integral, accesible, proactivo y longitudinal, desde la perspectiva de la gobernanza del sistema». Este apartado recibió incluso el apoyo explícito de EH Bildu, principal fuerza de la oposición, al entender que introduce cambios relevantes.
Sin embargo, la coalición soberanista critica con dureza la línea estratégica sobre la colaboración público-privada (19 votos favorables, 6 contrarios y 1 abstención). Para su líder en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, «llegamos hasta hoy sin haber alcanzado un compromiso claro que garantice la protección de la sanidad pública frente al ánimo de lucro y que el Gobierno Vasco, con PNV y PSE, sigue sin definirse de forma inequívoca por cerrar la puerta a la privatización».
Por este flanco le llegaron al Gobierno el resto de críticas, fundamentalmente por parte sindical. ELA denunció que el Pacto de Salud ha supuesto «un año perdido» y un «intento de maquillar graves problemas de Osakidetza» como «los recursos destinados a la sanidad privada o las condiciones laborales», mientras que UGT y CC OO tampoco apoyaron el Pacto por la política de concertación. El Sindicato de Enfermería Satse lamentó tener que abandonar el Pacto por «la política del personal, la cartera de servicios y la colaboración público-privada», y ESK, fuera de la Mesa desde hace ocho meses, denunció su funcionamiento «opaco y antidemocrático».
En cualquier caso, finalizadas tres fases del proceso –diagnóstico, valores/principios y líneas estratégicas– arranca la cuarta, de seguimiento. El Pacto continúa así adelante con la mayoría de apoyos y, tal como señaló el consejero, documentos concretos que recogen 150 objetivos e indicadores, y cerca de 300 iniciativas. Alberto Martínez concluyó que «hoy contamos con una auténtica hoja de ruta compartida hacia un nuevo modelo de salud universal, sostenible, equitativo y centrado en el paciente, para garantizar el bienestar de la población de Euskadi en el futuro».
Arranca la cuarta fase
No obstante, el propio consejero de Salud dejaba claro que «hoy no llegamos a la meta, sino que iniciamos una nueva etapa, decisiva porque es la del despliegue de las acciones acordadas para avanzar en áreas como la oncología, la cronicidad, las enfermedades raras, la salud mental, la atención primaria o la política de personal», entre otras que abarcan las 24 líneas estratégicas elaboradas y compartidas por los grupos de trabajo donde participan 400 expertos, profesionales y pacientes.
Alberto Martínez aseguró que ese acuerdo plenario en los 24 documentos se lo debían a la sociedad vasca. A su juicio, es un «acuerdo histórico para Euskadi, un acuerdo histórico para Osakidetza, para los profesionales y, sobre todo, para pacientes: pacientes que pueden ser de una ideología o de otra, pacientes de ámbito sindical, pacientes que trabajan en empresas, en definitiva, pacientes». Por lo tanto, concluyó que ahora «toca seguir trabajando».
Quiso reconocer a los agentes que integran el Pacto, tanto representantes de asociaciones de pacientes como expertos del ámbito sanitario: colegios oficiales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Psicología, Odontólogos, Ópticos y Optometristas, Trabajadores Sociales, Fisioterapeutas, Biólogos y Veterinarios, Sindicato Médico, Satse y SAE; así como partidos políticos, sindicatos, Confebask y universidades (UPV/EHU, Deusto y Mondragon Unibertsitatea).
Con todos ellos pretende el Gobierno Vasco implementar las medidas aprobadas ayer. El éxito en su aplicación será objeto de evaluación por parte de la sociedad vasca.
El PSE enmienda el texto sobre los derechos lingüísticos
La línea estratégica 24, referente a los derechos lingüísticos de pacientes y profesionales, ha sido la que menor apoyo ha recibido en la Mesa del Pacto de Salud y ha llegado a la votación final con modificaciones respecto a la versión original. El PSE ha incorporado enmiendas después de expresar su «disenso con algunos de los planteamientos del texto». El secretario general del grupo parlamentario del PSE, Ekain Rico, explicó que «el euskera no es el problema en el ámbito sanitario y nosotros no queríamos que lo fuera».
Concretamente, el PSE solicitó eliminar la exigencia del C1 para plazas asistenciales en medicina y familia que se incluía en el documento, «algo que implicaba de facto una modificación de la política lingüística abordada en el ámbito político y profesional, la mesa sectorial, y que excedía mucho en el ámbito de actuación de este grupo del Pacto de Salud y la realidad sociolingüística». También propuso eliminar la calificación de «amenaza» a las sentencias de tribunales contrarias a requerimientos de perfiles lingüísticos porque «inducía también a calificar como amenaza a aquellos trabajadores y trabajadoras que han optado por la defensa de sus derechos laborales, y eso nos parecía inaceptable».
Preguntado por ello, el consejero de Salud, Alberto Martínez, enmarcó en la normalidad la presentación de enmiendas, puso en valor el «alto consenso», con 18 votos a favor, tres abstenciones y cinco votos en contra, aunque reconoció que ha generado diferencias, por ser «excesivo para algunos y corto para otros«
fs
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