Archivan la causa por el presunto fraude en la OPE de Osakidetza que le costó el cargo al consejero Darpón

Durante este procedimiento, Osakidetza paralizó los procesos de asignación de plazas en las categorías médicas que se encontraban investigadas –anestesia, angiología y cirugía vascular, cardiología, plástica, digestivo, medicina intensiva, urología, traumatología, urgencias, microbiología y cirugía vascular–, y fueron imputadas 19 personas, entre miembros de tribunales médicos y opositores, muchos de los cuales prestaron declaración. Finalmente ninguno de ellos tendrá que sentarse de nuevo ante el juez al cerrarse el caso sin que se vaya a celebrar juicio alguno. En cuanto a los responsables políticos que renunciaron a sus cargos por este presunto fraude, la magistrada Cristina Rodríguez, primera encargada de investigar el caso, eximió en 2021 a toda la cúpula sanitaria, incluido Darpón.

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«Respecto de todas las especialidades que han resultado investigadas en este procedimiento, a excepción de la de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, no ha quedado ni lo más mínimo e indiciariamente justificado que quienes resultaron investigados en las referidas especialidades llevaran a cabo una filtración de las preguntas o una infidelidad en la custodia de los exámenes», señala la jueza en su auto de 164 páginas. En lo que concierne a los investigados en la especialidad de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, «lo indicado en el párrafo que antecede es extrapolable a los investigados X y B». Por el contrario, «no procede acordar el sobreseimiento libre respecto a los investigados C y D, sino el sobreseimiento provisional». A excepción de estos dos investigados, declara el sobreseimiento libre del resto de las 17 personas investigadas. Es decir, no halla culpables en un auto que no es firme y sobre el que cabe recurso.

La segunda mayor OPE de la historia del Servicio Vasco de Salud se celebró en primavera de 2018, con exámenes en 86 categorías laborales, tanto las del personal sanitario como las del resto de servicios. Había 3.335 plazas en juego y 72.500 personas acudieron a los exámenes que se realizaron en Vitoria y Barakaldo. El último examen de esa OPE se hizo el 24 de junio, pero ya el 30 de mayo saltó la primera alarma de supuestos beneficios a algunos opositores a los que se les habrían facilitado los exámenes o respuestas de algunas pruebas. Fue el cirujano José María de Egaña Barrenetxea, profesional del Hospital Universitario Donostia, el que remitió a Osakidetza ese primer escrito en el que se refería a resultados «insólitos» en su especialidad. Las sospechas en otras especialidades fueron aflorando y los sindicatos ELA, LAB y ESK comenzaron a hablar de «opacidad» e «irregularidades». También los tres partidos en la oposición al Gobierno Vasco, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, señalaron que había «indicios fundados» de filtraciones. Osakidetza reaccionó y el 2 de junio ya anunció una investigación ante la sospecha de que se habían filtrado exámenes de algunas especialidades médicas. Tres días después, ELA se convirtió en el primer sindicato en denunciar ante la Fiscalía este caso.

Tras la primera acusación de un profesional sanitario que llegó desde Donostia, el caso adquirió mayor calado tras las denuncias públicas que realizaron Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, tres anestesistas que durante esos años trabajaban en el Hospital del Alto Deba de Arrasate. Por su parte, tanto Podemos como ESK hicieron públicos sendos documentos presentados ante notario en los que acertaron los nombres de los opositores que iban a sacar las mejores notas en sus pruebas antes de hacerse los exámenes.

Nueve meses después de las primeras acusaciones, el caso llegó a la Fiscalía del País Vasco, que presentó un escrito de denuncia y citó como imputados a tres jefes de servicio y trece testigos.