Las nuevas residencias de Euskadi no podrán superar las 150 plazas para mejorar la atención
La reforma del Gobierno Vasco permite contratar auxiliares para hacer labores de enfermería
Euskadi reforma el modelo de residencias de mayores –unas 60 en Gipuzkoa que atienden a unos 5.000 ancianos dependientes– tras el impacto de ... la pandemia. Lo hace a través de la reforma de un decreto donde se establecen las reglas mínimas que debe cumplir el sector y que luego cada Diputación –con competencia propia– puede elevar. Las principales novedades radican en limitar el tamaño de los nuevos centros, que no podrán superar las 150 plazas pero podrían tratar de mejorar la atención sanitaria a través de la contratación de auxiliares para paliar la falta de enfermeras, un problema que agravaron las necesidades sanitarias durante el Covid, que dejó una profunda huella en el sector. Estos cambios son de obligado cumplimiento para los tres territorios. En el caso de Gipuzkoa, ya lleva tiempo trabajando en su propia hoja de ruta para elevar ratios y avanzar en el modelo más «personalizado» en la atención a mayores.
La reforma, que ha dado su primer paso y deberá pasar por Consejo de Gobierno, permitirá contratar auxiliares para las labores de enfermería en los centros de mayores. El borrador del nuevo decreto de residencias autoriza a recurrir a otros perfiles sanitarios «de manera provisional y hasta 3 años» ante la escasez de enfermeras que deseen trabajar en un recurso de estas características. No es un problema nuevo. Por eso, la reforma del decreto de residencias, que ya ha sido firmada por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, incluye la posibilidad de incorporar a auxiliares en el equipo sanitario «toda vez que hayan demostrado fehacientemente que han resultado infructuosos los esfuerzos de búsqueda y contratación de personal sanitario».
Hace tiempo que las residencias tienen dificultades para contratar a enfermeras e incluso médicos, entre otras cosas por «la migración del personal de enfermería de los centros hacia Osakidetza», según explica la directora de Servicios Sociales, María Antonia Olabarrieta, en la memoria de impacto normativo, que también recoge que los nuevos centros no podrán sobrepasar el máximo de 150 plazas, un límite que en Gipuzkoa solo superan cuatro de las 65 residencias en funcionamiento –estas no deberán reducir sus plazas por el «inasumible» coste económico que podría suponer a la Diputación–.
«Hay una fuga de cerebros en el colectivo de médicos y enfermeras» y pese a que «se prevé que sea una situación transitoria que hay que solventar», desde el departamento de Melgosa ven necesario incluir un nuevo punto en la norma para «garantizar la calidad de la atención sanitaria» en las residencias. Los centros «deberán acreditar ante los servicios de inspección el haber publicitado ofertas de empleo para integrar el equipo sanitario en diversos medios públicos oficiales como Lanbide y medios públicos no oficiales como redes sociales durante un mes como mínimo». Además, «cada seis meses deberán acreditar el haber realizado esfuerzos de contratación de personal sanitario según los perfiles profesionales establecidos».
La falta de profesionales «es sobre todo un problema de gestión», se admite en la memoria. Así, «en supuestos en los que no se puedan contratar médicos y enfermeras se intenta conceder otras funciones en otros perfiles. No se sustituyen perfiles», se matiza, «sino que se complementan».
Cuidados personalizados
La reforma del decreto de residencias de Euskadi llega en plena transición hacia un modelo de cuidados personalizado. Con esa idea de que todo gira en torno a la persona y su bienestar, la nueva norma limita el tamaño de las residencias del futuro, que no podrán tener más de 150 plazas. Todos los recursos, además, «deberán estar organizados en módulos de atención y cuidados con máximo de 25 plazas por módulo», como se instauró con el Covid. «También se amplía de 20 a 25 el número máximo de plazas por unidad de psicogeriatría». La distribución modular «se impone en todos los centros, independientemente del número de plazas».
El incremento de las ratios también se contempla en la reforma. Es más, si se aprueba la norma tal y como está el borrador, se incrementarán un 15% las ratios «de personal de atención directa (gerocultores) y equipo psicosocial» con respecto al decreto vigente. En Gipuzkoa estos mínimos ya se superan, según aseguran fuentes del departamento de Políticas Sociales.
Las sujeciones se eliminan y solo se podrán usar si lo autoriza el usuario o un familiar
El decreto que fija el nuevo modelo de residencias en Euskadi incluye también la adición de un nuevo artículo sobre cuidados paliativos y final de la vida, así como una revisión del artículo sobre las sujeciones, que son consideradas «como 'mal trato' de personas mayores. Es importante el compromiso formal de atención libre de sujeciones, que se acreditará» mediante la existencia de un plan que «contemplará la supresión total de las sujeciones, fomentando modelos de intervención preventivos». Solo se podrán utilizar con autorización del propio afectado o su familia. Este periódico ya adelantó hace un año que Euskadi limitaría por ley el uso del cinturón nocturno y las correas en las residencias.
Por otro lado, los directores de los centros «deberán contar con titulación universitaria de grado o equivalente y haber realizado un mínimo de 300 horas de formación acreditada en áreas tales como dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de centros residenciales u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia, salvo en los puestos de dirección ya ocupados en centros acreditados, que se mantendrán» siempre que se cumplan algunos requisitos, como antigüedad de cinco años en el puesto o formación especializada.
El decreto define «con claridad» que «la atención debe garantizarse las veinticuatro horas del día y los 365 días del año». Sin embargo, «para la atención sanitaria se establece la posibilidad de la teleasistencia» en determinados supuestos, como «para realizar consultas y asesoramientos de bajo riesgo sanitario».
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