Euskadi denuncia a cuatro empresas fabricantes de pañales para adultos por pactar precios y causar un perjuicio de 202 millones

En concreto el Ejecutivo autonómico interpondrá una demanda contra Essity Spain, Laboratorios Hartmann, Paul Hartmann España y Laboratorios Indas por posible fijación de precios, condiciones comerciales y de dispensación en el mercado de la fabricación, comercialización y distribución de productos absorbentes para la incontinencia grave en adultos.

En esta práctica anticompetitiva, el Gobierno Vasco ha sufrido un perjuicio al haber tenido Osakidetza que abonar en el periodo comprendido entre 1997 y 2014 un sobreprecio en las adquisiciones de estos productos que se distribuían a través de las farmacias.

La existencia del cártel, la infracción del derecho a la competencia y la participación de las empresas anteriormente señaladas, ha quedado ya confirmado por los Tribunales de Justicia. La sentencia firme condenatoria contra este Cartel la dictó el Tribunal Supremo en el año 2023.

El Gobierno Vasco cifra el perjuicio para las arcas públicas en una cantidad de 202 millones de euros, incluidos los intereses.

El departamento de Sanidad envió ese mismo año a las empresas un requerimiento extrajudicial en el que solicitaba una indemnización al Gobierno por los perjuicios provocados. Las empresas o, no contestaron, o rechazaron el acuerdo extrajudicial. Y es ahora cuando comienza el plazo legal para la reclamación de daños causados.

El área de actuación del 'cartel de pañales' no se circunscribía exclusivamente a Euskadi, sino que actuaba en la mayoría de comunidades autónomas del Estado. Una docena de Gobiernos autonómicos exigirán en los tribunales al menos 1.751 millones de euros a los fabricantes de pañales para adultos por inflar los precios de estos productos sanitarios durante más de dos décadas.

Catalunya dio el primer paso hacedos años al reclamar 526 millones; Andalucía reclamará más de 600 millones, la reclamación de Galicia rondará los 350 millones, Madrid al menos 80 millones, Murcia 50 millones, Baleares 27 millones y Asturias 18 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictó una resolución, en mayo de 2016, donde sancionaba con 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos, a su asociación y a dos directivos por formar un cártel. Desde al menos 1996 fijaron los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social (Servicio Nacional de Salud) que se compran en las farmacias para los pacientes no hospitalizados.

Los pañales para adultos (no hospitalizados) con incontinencia grave pueden obtenerse directamente en las farmacias, con la correspondiente receta, o a través de las redes de asistencia sanitaria o socio-sanitaria (centros de atención primaria, residencias de ancianos, etc.). En ambos casos son financiados por la Seguridad Social, si bien para los pacientes hospitalizados la Administración competente adquiere el producto a través de licitaciones públicas competitivas, lo que rebaja considerablemente sus precios.

El cártel sancionado por la CNMC afectaba a la distribución de pañales para incontinencia urinaria grave que financia el Servicio Nacional de Salud a través del canal farmacia. Se dispensan con receta y su pago solo es asumido en parte por el usuario final, dado que el resto se lo reembolsa la Administración.