Cuatro de cada diez mujeres que abortan en Gipuzkoa son veinteañeras

Según se desprende del Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo correspondiente a 2022, el 94,7% de los abortos que se llevaron a cabo en Gipuzkoa se realizaron a petición de la mujer. El 5,3% restante fueron practicados por motivos médicos, ya fuese por grave riesgo para la vida de la madre o del feto, o por anomalías fetales. Estos 66 casos fueron realizados en hospitales, en su mayoría de Osakidetza. En Euskadi, el Servicio Vasco de Salud lleva a cabo en sus centros únicamente los abortos motivados por cuestiones médicas, que ascendieron a 178 el pasado año en el conjunto de los tres territorios.

El resto, los voluntarios, los deriva a clínicas privadas y asume su financiación. En Gipuzkoa, por ejemplo, a la clínica Askabide de Donostia y al consultorio del doctor Prada, también en la capital guipuzcoana. Son los dos centros del territorio que han solido notificar algún aborto durante los últimos años además del Hospital Universitario Donostia, el Hospital de Zumarraga, el de Mendaro y el comarcal de Alto Deba.

Cuando uno piensa en el perfil de la mujer que aborta en Gipuzkoa se imagina a una chica joven, en muchos casos menor de edad y que vive con sus padres. Pues esa idea es errónea. De todas las guipuzcoanas que interrumpieron voluntariamente su embarazo el pasado año menos de un 10% alcanzaba los 19 años. Una minoría. El perfil es otro muy diferente. En su mayoría se trata de mujeres jóvenes adultas, maduras, económicamente independientes, emancipadas, con su vida hecha y que toman la decisión de forma meditada.

La mayoría de las que optan por interrumpir su gestación son mujeres de entre 20 y 39 años y cuatro de cada diez son veinteañeras. Asimismo, el 9,4% de las pacientes que ejercieron este derecho el pasado año tenía 40 o más años, concretamente once de ellas era mayor de 44 años. Mientras que el caso más prematuro que se contabilizó en el territorio fue el de una adolescente menor de 15 años.

Los datos publicados por el Ministerio de Sanidad indican que la mitad de ellas no eran madres de otro niño cuando decidieron frenar su embarazo y el 28% ya habían abortado al menos una vez con anterioridad. Seis mujeres incluso habían pasado por esta situación en cinco o más ocasiones de manera voluntaria.

Así las cosas, tres de cada cuatro interrupciones de embarazo que se practican en el territorio se llevan a cabo dentro de las primeras ocho semanas de gestación. Dos son los métodos que más se emplean para ello. Por un lado está el farmacológico. Los dos medicamentos más utilizados son la mifepristona y los prostaglandinas. El otro procedimiento más habitual es el de la dilatación y aspiración o evacuación del feto. En Gipuzkoa también se practicó un aborto a dos mujeres en 2022 más allá de la semana 23 de gestación.

Los datos publicados por Sanidad son previos a la entrada en vigor de la tercera reforma de la ley del aborto del pasado marzo, que como principal novedad incluyó que las menores de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin la necesidad del consentimiento paterno. La norma mantiene la reforma aplicada por Zapatero en 2010, la conocida como 'ley de plazos' y que incorporó dos grandes novedades: dar libertad a las mujeres para abortar durante las primeras 14 semanas de gestación e incluir estas interrupciones en el Sistema Nacional de Salud.

Con esta modificación legal, Osakidetza deberá asumir los más de 3.000 abortos que ahora deriva a la red privada, un hecho que el propio Departamento vasco de Salud ya aseguró a comienzos de año que «trastornaría gravemente la organización de los servicios de ginecología públicos». La consejera Gotzone Sagardui argumentó entonces que no se trata de una práctica que se lleva a cabo en Euskadi «por razones de objeción de conciencia» de los trabajadores de los hospitales públicos, sino que responde al «elevado número» de mujeres que desean poner fin a su embarazo, a «la celeridad con la que deben de practicarse» y a «la sencillez» de las intervenciones, lo que, a su juicio, «impide» que las interrupciones «puedan programarse y encajarse en un sistema de lista de espera» como el del Servicio Vasco de Salud.