Una residencia alavesa se enfrenta a multas de hasta 660.000 euros por atar a los mayores y no cumplir las medidas contra el coronavirus

La Diputación Foral de Álava ha abierto dos expedientes sancionadores a una residencia privada de personas mayores ubicada en el concejo de Arróyabe, en el municipio de Arrazua-Ubarrundia, donde propone multas que pueden alcanzar los 660.000 euros: 600.000 por atar a las personas mayores usuarias, infracción calificada como muy grave, y otros 60.000, falta grave, por no cumplir los protocolos de prevención contra el coronavirus. Se trata, como han confirmado fuentes forales, del centro residencial privado San Francisco Javier, de la empresa Aneim ATE, que ha comunicado su intención de clausurar este pequeño geriátrico que se localiza a 10 kilómetros de la capital alavesa.

Como han apuntado desde la institución foral, las multas las propone la Diputación en el curso del expediente que ha abierto al centro. Tras el periodo de alegaciones y una vez la residencia presente la correspondiente documentación, la Diputación «resolverá si se le imponen esas sanciones». Tras esta notificación se inicia un plazo de tres meses hasta el cierre definitivo del centro residencial.

La residencia sufrió el pasado otoño, a inicios de noviembre, un brote de Covid-19 que afectó a 9 de los 12 usuarios y en el que fallecieron dos mayores. El centro confinó a todos los residentes. En la primera de las visitas de la inspección foral, el 11 de noviembre, se detectaron al menos 32 irregularidades en el protocolo sanitario, siendo la más grave una que indica que se ataba a una residente. «Mantienen con sujeción abdominopélvica a usuaria con pico febril», recogen los informes.

Además, al parecer, carecían de suficiente personal, lo que hacía que tras atender a los casos positivos entraran en contacto con los negativos. Un día después se realizó otra inspección donde se observaron de nuevo irregularidades como carteles en las habitaciones con la palabra 'semiconfinamiento', cuando los usuarios tenían que guardar cuarentena, y una mujer atada en su habitación, que el personal señala que se mantenías así para que la usuaria no saliera de su cuarto, ya que debía estar en aislamiento. En los informes se apunta también que se detectó a una mujer con positivo confirmado en una habitación que gritaba pidiendo ayuda.

Desde la Diputación se advirtió por escrito a la dirección de que «no existe pauta médica» para sujetar a los ancianos, calificándolo de «injustificado». El 13 de noviembre se completó la tercera visita en tres días seguidos, pero el personal desconocía las indicaciones que se les habían dado solo un día antes y la mujer continuaba atada.

Después hubo otras dos visitas más. En concreto, los días 17 y 18 de noviembre y una llamada de comprobación el 24 de ese mismo mes. Finalmente, la institución foral ha propuesto dos sanciones, una grave que va de 12.001 a 60.000 euros y la segunda muy grave que oscila entre los 60.001 y los 600.000 euros.. La empresa cuenta con otra vivienda comunitaria en el centro de Vitoria.