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El plan propone entre 1.500 y 2.000 inspecciones en cada ejercicio

Se intensificarán los controles y se creará una unidad de inspección para verificar que todos los perceptores de la RGI cumplen los requisitos

Macarena Tejada

San Sebastián

Viernes, 18 de febrero 2022, 07:49

Además de aumentar las cuantías, la nueva Ley de Garantía de Ingresos de Euskadi (RGI) intensificará los controles. Con el objetivo de asegurarse de que todos los perceptores cumplan con los requisitos establecidos, el Departamento vasco de Trabajo y Empleo plantea hacer entre 1.500 y 2.000 inspecciones al año, según el borrador de la memoria económica de la reforma de la ley, que habla de elaborar anualmente un plan de asistencia, inspección y control. De este modo se dotará al servicio vasco de empleo Lanbide de una herramienta específica para la que se estima unos costes de desarrollo y mantenimiento, así como de servicios profesionales, de 620.000 euros –120.000 euros se destinarán a sus servicios de consultoría y 500.000 a introducir mejoras de la gestión–. Esta cuantía y su partida correspondiente están contempladas en los presupuestos de 2021 de Lanbide.

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La duración media de una inspección será de 24 horas, divididas en unos tres días. Es decir, se realizarán unas 70 inspecciones al año por persona inspectora en el marco de 200 días de jornada de trabajo anual. En caso de que se realicen 1.500 inspecciones, como se contempla en el primer escenario, harán falta 21 personas inspectoras; para el segundo escenario –2.000 controles–, se necesitan 28 profesionales.

Como consecuencia de la duración indefinida de la prestación también se verán reforzadas las sanciones. Entre otras cosas, el borrador del anteproyecto de ley establece una sanción de carácter económico, «una multa», solo para aquellas infracciones leves. Las infracciones graves y muy graves se castigarán con la extinción de la RGI, con la imposibilidad de cobro de las ayudas de emergencia social y, en su caso, devolución de las percibidas. El beneficiario que incumpla los requisitos se enfrenta así a la extinción de la prestación y la imposibilidad de acceso a la RGI en los próximos cinco años.

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