Permiso para fugarse

Un caso como el de Añón Botana llega a la opinión pública por la alarma social que generan sus delitos. En las últimas semanas se han producido otros episodios similares; presos con largos historiales que incumplieron las condiciones del permiso penitenciario y ahora tienen movilizadas a las fuerzas de seguridad para dar con su paradero. Roberto Izquierdo se escapó dos días antes que Iván. Interno en Valdemoro, iba de traslado escoltado al servicio de urgencias del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Familiares le esperaban a las puertas en un BMW en un punto determinado del recorrido. Izquierdo salió corriendo del furgón en un descuido, se reunió con ellos y emprendió la fuga.

También saltaron las alarmas con Fernando Iglesias, preso por matar a su mujer y sus dos hijos. Había cumplido 22 de sus 25 años de pena y salido muchas veces de permiso. Incluso disfrutaba de régimen abierto y pasaba fuera todos los fines de semana. Pero a mediados de agosto decidió no retornar a la cárcel orensana de Pereiro de Aguilar y ahora está también en búsqueda y captura.

Hay otras historias cercanas en el tiempo. Benito Ortiz se largó de Zuera (Zaragoza). Santiago Izquierdo cumplía la última parte de su condena en régimen de semilibertad en Mansilla de las Mulas (León), pero un día de julio no regresó. Le cogieron a mediados de agosto en el centro de León, once días después de romper su proceso de reinserción.

Cada día un preso quebranta su condena en España. En lo que va de año, casi 300 casos. Dicho así, parece una cifra temible. Pero con la labor penitenciaria pasa como con los accidentes de tráfico. En la prensa no leemos noticias de los cinco millones de personas que sacaron su coche en el último puente de Todos los Santos, sino de las siete víctimas mortales que se produjeron en la carretera.

En España se abren provisionalmente los cerrojos 120.000 veces al año para una población reclusa que, por primera vez desde 2004, baja ligeramente de las 60.000 personas. El nivel de incidencias no ha dejado de bajar curso tras curso y ya se sitúa por debajo del 0,40%. Entre enero y septiembre se firmaron 75.700 permisos y hubo un 0,38% de quebrantamientos, según datos de Instituciones Penitenciarias. «Son una minoría tan minoritaria que no soportaría un análisis que intentara explicar qué estamos haciendo mal», subraya Guadalupe Rivera, una veterana psicóloga penitenciaria que ha trabajado en toda la escala, incluida la dirección de prisiones.

Hay una poco habitual pero total coincidencia entre la cadena de profesionales de la custodia de penados de que se están haciendo «razonablemente bien» las cosas. Pero hablar del asunto genera un fuerte temor. Un miedo que nunca desaparece del todo. «Siempre habrá un riesgo, pero las salidas al exterior son imprescindibles para hacer una buena labor y cumplir con la reinserción, que es un mandato constitucional», explica el letrado de la Comisión Penitenciaria del Consejo General de la Abogacía Carlos García Castaño. Se apoya en las estadísticas para insistir en que «la racha de fugas de presos que en su día fueron peligrosos no es significativa de nada». Esos mismos dígitos dejan claro, en su opinión, que España tiene «uno de los ratios de incumplimiento más bajos de toda Europa occidental».

Desde el departamento de Medio Abierto, Penas y Medidas Alternativas, su titular, Myriam Tapia, lamenta «lo difícil que es transmitir a la ciudadanía que esos permisos son claves para la reinserción de una persona, y que es mucho más el beneficio que el reproche que se nos puede hacer». Tapia reclama mayor reconocimiento para el largo equipo de profesionales que hay detrás de cada penado. Psicólogos, asistentes, forenses, juristas o funcionarios de a pie cuya labor converge en un órgano colegiado: la junta de tratamiento.

«Las juntas son muy prudentes, a veces conservadoras -asegura el abogado García Castaño-. Muchas veces los jueces de Vigilancia revocan sus decisiones. Pero yo no veo que unos y otros concedan permisos para jugársela. El problema es que trabajamos con material humano. Y, en este caso, sometido a más presión».

Las voces más críticas se escuchan desde los sindicatos de funcionarios. Un cuerpo de 24.000 trabajadores que acumula un déficit de 3.000 plazas. «Llevamos veinte años con pérdida progresiva de empleos. Un 20% del total», denuncia el portavoz del sindicato ACAIP, Francisco Pollino. Reclaman no sólo más medios, sino una mejor adaptación a la realidad delincuencial española. «Ha bajado la población reclusa -constata Pollino-, pero han aumentado las tipologías criminales. Hemos pasado de tener al 'Vaquilla' a juntar a condenados por terrorismo yihadista, delitos de tráfico, violencia de género, traficantes de personas... La exigencia es máxima para nosotros».

Nuevas exigencias que también afectan a la dedicación que se puede prestar a cada interno. «Tendrían que liberarnos de tanta burocracia que nos quita tiempo para otras cosas», se duele la psicóloga Guadalupe Rivera. La prueba de que las prisiones funcionan con notable gestión es que hace años que no se produce una fuga desde el interior. Todos los quebrantamientos ocurren durante los traslados entre prisiones, las visitas al hospital o al juzgado para declarar o aprovechando los permisos.

Desde dentro se pide una actualización de esas salidas, el punto débil de toda la cadena de custodia. La instrucción que los regula es de 2009 y «se ha quedado obsoleta», censuran los sindicatos. «Se podrían evitar muchos traslados con mejor medicina en la prisión o usando las videoconferencias para comparecencias judiciales», reclama Francisco Pollino.

La Administración admite parte de estas demandas. «Tenemos un problema con la sanidad», reconocen en Instituciones Penitenciarias. También que «hay mucho por recorrer a la hora de reducir los traslados. Estamos trabajando para mejorar la telemedicina o esas videoconferencias que evitan las salidas», avanza Tapia. Y el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comprometido la convocatoria de 900 plazas de funcionario de prisiones para este año.

Otra experiencia novedosa es el creciente apoyo en ONG y asociaciones de ayuda (Tercer Sector) que colaboran en medidas de reinserción para personas que tienen una deuda «con toda la sociedad, no solo con el Estado, y que son parte de ella», reflexiona Rivera. Es una política penitenciaria más aperturista que trata de impulsar alternativas al ingreso en la cárcel, siempre que sean razonables. Porque, como advierte esta veterana psicóloga, «un penado sin alternativas ni permisos estaría perdido definitivamente».