Cadena perpetua o pena de muerte para Ibar

Ibar lleva veinticinco años privado de libertad. En cualquier otro país estaría ya fuera de prisión, aun cuando hubiese reconocido la autoría de los delitos que se le atribuyen. Pablo ha pasado más de media vida luchando por demostrar que es inocente, que no fue él quien apretó el gatillo aquel 27 de junio de 1994 en un chalet de la localidad de Miramar, próxima a Miami, y que, por lo tanto, no es el autor de las muertes del empresario de clubes nocturnos Casimir Sucharsky ni tampoco de las modelos Marie Rogers y Sharon Anderson. Los tres fueron asesinados a sangre fría a manos de dos encapuchados que asaltaron la residencia en la que se encontraban

De momento, sin embargo, ninguno de los tres jurados que se ha pronunciado sobre el caso ha creído la versión de Pablo Ibar. El primero, en 1998, no llegó a alcanzar un veredicto y el proceso fue nulo. El segundo, en 2000, le declaró culpable, aunque bien es cierto que lo hizo sin haber calibrado el alcance de las pruebas exculpatorias que había en la causa. Y no lo hizo, en gran medida, por la actuación del abogado que le representó, un hombre abrumado por sus problemas personales, los conflictos en su matrimonio y su adicción a las drogas. La actuación del letrado fue tan deficiente que el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena y ordenó que se repitiera el juicio.

Muchos creían que el tercero de los procesos terminaría por poner las cosas en su sitio y demostraría que la razón estaba de parte de Ibar. Pero no fue así. El jurado tampoco creyó su versión y, por unanimidad, le declaró culpable del triple crimen. Era la mañana del pasado 19 de enero, víspera de la festividad de San Sebastián, cuando se dio lectura al veredicto. Fue un momento demoledor para la familia Ibar.

De poco sirvió la batería de pruebas que esgrimió la defensa, que se antojaban más que suficientes para introducir dudas razonables respeto a la participación de Ibar en los delitos. No valió tampoco que uno de los mayores expertos mundiales en reconocimiento facial, como es el británico Raymond Evans, sostuviese que era imposible afirmar con la rotundidad exigible en un proceso de esta naturaleza que era Pablo la persona que aparecía en las imágenes del vídeo de seguridad que Sucharsky tenía instalado en el salón de su casa y que grabó los asesinatos.

De la misma manera, el jurado no tuvo en cuenta que los restos de ADN hallados en una camiseta que fue hallada en el escenario del crimen, que según la Fiscalía pertenecían a Ibar, eran tan insignificantes que solo podían haber llegado a esta prenda mediante una contaminación producida en los laboratorios. Si como sostuvo el fiscal, la camiseta fue la que Ibar utilizó para ocultar su rostro y más tarde para secarse el sudor, tendría que estar a rebosar de trazas genéticas suyas.

Pero recordar lo que hasta ahora ha acontecido de poco sirve en estos momentos. Con un veredicto de culpabilidad inamovible, los esfuerzos de la defensa están ahora centrados en la vista que arrancará a partir del próximo 15 de mayo. En la misma, el abogado Benjamin Waxman, jefe del equipo jurídico que ha dirigido el último proceso, pedirá al jurado que no tenga en cuenta la solicitud de la Fiscalía que demanda para Ibar la pena de muerte. El abogado presentará varios testigos que avalarán la tesis de que Pablo no es merecedor del semejante castigo.

Enfrente, una vez más, los abogados tendrán a la Fiscalía. De momento se ignora si en esta nueva fase del procedimiento será Chuck Morton quien, como lo ha hecho en los juicios anteriores, represente al ministerio público. Si lo hace, Ibar volverá a verse las caras con su gran enemigo, con su 'bestia', con el responsable de que hoy esté donde está. Morton fue rescatado de la jubilación para hacerse cargo del último juicio y aunque ha contado con dos ayudantes, ha sido él quien ha llevado el peso de los interrogatorios. Fue también él quien efectuó el informe final. Morton defenderá que a Ibar se le imponga el máximo castigo y para sustentar su demanda también aportará pruebas y testigos.

En esta nueva etapa, el jurado ha de pronunciarse exclusivamente sobre la pena. Es decir, debe determinar si se inclina por la pena capital o la cadena perpetua.

Pasado mañana se celebrará una vista preparatoria ante el mismo juez Dennis Bailey que ha presidido las sesiones del juicio. En la misma, las partes desvelarán las pruebas que tienen previsto presentar ante el jurado a partir del día 15, que es cuando realmente comienzan la sesiones.

Los miembros del tribunal popular, al igual que sucedió durante la vista, se mantendrán aislados y solo podrán regresar a sus domicilios en cuanto hayan alcanzado una opinión unánime. El tribunal estará formado por doce miembros y entre ellos ya no estará uno de los que condenó a Pablo Ibar, que fue apartado después de que se mostrarse arrepentido con el veredicto de culpabilidad que emitió y denunciase haber sido objeto de presiones por parte de los restantes integrantes.

Sea cual fuere la decisión del jurado, la última palabra la tiene el juez. En caso de que el fallo fuese de muerte, el magistrado tiene la potestad de poder modificar el fallo y rebajarlo a cadena perpetua. Ahora bien, si el jurado optara por prisión permanente, no puede cambiar esta resolución por la de pena capital. La condena a muerte solo la puede determinar el jurado y ha de ser por unanimidad.

El recorrido judicial, sin embargo, no termina aquí. Quedan por delante las apelaciones. Si los miembros del tribunal se inclina por la pena de muerte, cabe recurrir ante el Tribunal Supremo de Florida. Si, por el contrario es sentenciado a perpetua, deberán apelar ante el Tribunal del Circuito correspondiente de Florida. La resolución a los recursos que se planteen no llegará antes de cinco años según fuentes jurídicas consultadas. Entonces, Ibar llevará treinta años en prisión.