Kontseilua: «La universalización del conocimiento del euskera no solo atañe a los euskaldunes»

Las decisiones y sentencias judiciales que llegaron a lo largo de 2023 «imposibilitaron» llevar a cabo «un debate que hubiera sido muy enriquecedor», en palabras de Eskisabel, que ha señalado que «con la ofensiva judicial se está dirigiendo un asunto social y político». En la base de ese debate están, para la secretaria general, dos visiones encontradas. Una en la que la normalización del euskera «se iguala con garantizar que la relación con la Administración, el acceso a los servicios públicos, sea también en euskera» y otra que parte de una visión «más profunda» y que cree que el proceso debe realizarse «en todos los espectros de la sociedad» y que, por lo tanto, «los derechos lingüísticos, como el resto de derechos, deben garantizarse en todos los ámbitos».

Esa dicotomía entre el compromiso cívico y la libertad individual no es exclusiva del idioma ni de Euskadi y se extiende a «los principales debates sociopolíticos» a lo ancho y largo del mundo, ha señalado Eskisabel, que ha puesto otros ejemplos como el último debate sobre la Ley de Educación Vasca, la igualdad de género o el cambio climático. Así, ha opinado que «la esencia de la perspectiva a futuro» se halla ahí, en «poner, comprender y aceptar la normalización y revitalización del euskera desde el parámetro del compromiso cívico. Que es tarea de toda la sociedad».

Esa será la columna vertebral del acuerdo sociopolítico que buscará Kontseilua en los próximos meses. «Un compromiso cívico con la universalización del conocimiento del euskera, porque la normalización del euskera y el futuro de la comunidad de euskaldunes es imprescindible para la cohesión social. Porque es en definitiva un camino para profundizar en la justicia social, la convivencia y la democratización», ha reivindicado Eskisabel. Además, ha recalcado que la institución seguirá la línea desarrollada con la dinámica 'Batuz Aldatu' «sobre dos bases: la universalización del conocimiento y la creación de espacios cómodos para su uso», algo que sobre el papel puede parecer «sencillo», pero que «lleno de contenidos tiene un gran potencial para buscar acuerdos y dar el empujón que necesita la normalización del euskera».

De lo contrario, de limitar la normalización «a la relación con la administración», ha advertido del peligro de crear «una sociedad segregada, con dos comunidades, y todos sabemos cuál será la fuerta y cuál la pequeña que siempre estará pidiendo ayuda».

En la hoja de ruta presentada para 2023 el término más repetido fue «ofensiva judicial» y el último año lo ha confirmado. Por desgracia, Eskisabel ha opinado que en 2023 se ha dado «una intensificación» en varios ámbitos y un «salto cualitativo», por ejemplo, con tumbar parcialmente el artículo 6.2 de la Ley Municipal. «Ahí se encendieron todas las alarmas rojas, porque las normas y herramientas han quedado debilitadas». «El poder judicial está haciendo política», ha denunciado, «usando una premisa falsa: contraponer derechos lingüísticos a los laborales».

Aún así, Eskisabel ha destacado que entre las espinas también hay rosas, como la que se ha dio como comunidad, por ejemplo, con la convocatoria de la protesta el 4 de noviembre, comparecencia de los electos el 13 de julio en Usurbil o la propia movilización de Bilbao que «cualitativamente fue reflejo de la diversidad de la sociedad». También ha destacado los resultados de la encuesta sociolingüística con «1,2 millones de personas que entendemos euskera y 810.000 vascoparlantes», cifras que «demuestran que somos alguien», que 7.000 personas participen en 'mintzalagun' para «ayudar a que otros aprendan euskera», que UEMA haya superado los 100 miembros, los procesos abiertos por Topagunea o Euskaltzaindia o los 50 años que cumplió Elhuyar y los 20 de Berria.