La Iglesia reconoce errores en la gestión del caso Gaztelueta

La condena a 11 de cárcel a José María Martínez Sanz por abusar sexualmente de un alumno suyo menor de edad cuando fue profesor del colegio Gaztelueta ha provocado un evidente daño a la Iglesia católica. No se debe sólo a que el docente sea numerario del Opus Dei, la misma realidad eclesial a la que pertenece el centro educativo de Leioa, sino también porque el mismo Papa Francisco intervino en el caso ordenando a la Congregación para la Doctrina de la Fe que abriera una investigación e instruyera un proceso canónico al educador y al colegio. Resultó archivada en octubre de 2015 por falta de pruebas.

«La Iglesia tiene los medios que tiene, no se pueden comparar con los de la Policía y la Fiscalía. Pero es sin duda muy negativo que no hubiera una coincidencia entre la sentencia de la Justicia civil y las conclusiones a las que en su momento llegó la investigación ordenada por Roma», reconoce una alta fuente eclesiástica. También en las instituciones civiles ha habido cambio de criterio, pues la Fiscalía de Menores afrontó en dos ocasiones el caso, pero optó por archivarlo en 2013. La querella presentada por la víctima contra el profesor en 2015 propició el proceso en primera instancia concluido con la condena del jueves por un delito continuado de abuso sexual.

Tanto en la Iglesia española como en la Santa Sede causó sorpresa la decisión de Jorge Mario Bergoglio a finales de 2014 de implicar al antiguo Tribunal del Santo Oficio en lo sucedido en Gaztelueta, pues este dicasterio se encarga sólo de quienes han recibido la ordenación sacerdotal. «Fue un poco extraño y hubo quien no lo entendió. Sólo a un cura le puedes abrir un proceso canónico. Si lo haces con un laico y lo condenas, ¿qué pena le vas a poner? ¿Le excomulgas? Tal vez Francisco se confundió en su generosidad de querer ayudar a la familia y pensó que el profesor era un sacerdote», opina una fuente de la Iglesia de nuestro país. Desde la Santa Sede se recuerda en cambio que el Papa tiene poderes como «supremo legislador» y, por tanto, cuenta con la autoridad para hacer las dispensas que considere a la legislación general. «Puede tomar las decisiones que quiera para contribuir a la salvación de las almas, por mucho que le choquen a los canonistas», explica un miembro de la Curia romana.

Aunque no hay aún ninguna decisión tomada , las fuentes consultadas creen que será difícil que la Congregación para la Doctrina de la Fe reabra la investigación sobre los abusos en Gaztelueta. «Por lo general se acepta el fallo de la Justicia civil. Si el condenado hubiera sido un sacerdote, la Iglesia asumiría la condena y le impondría la pena pertinente según el derecho canónico: sería dimitido del estado clerical. Pero en este caso es un laico, así que poco más se puede hacer».