Euskadi multa a 106 propietarios de VPO con 240.000 euros por fraude

Viviendas de VPO en Eibar. /MORQUECHO
Viviendas de VPO en Eibar. / MORQUECHO

El Gobierno Vasco intensifica los controles para detectar pisos sin ocupar, ausencias injustificadas o alquileres sin autorización

Amaia Chico
AMAIA CHICO

No ha trascendido el número exacto de sanciones que el Gobierno Vasco ha impuesto en Gipuzkoa a propietarios de viviendas de protección oficial que han hecho un uso fraudulento de ella, pero fuentes consultadas aseguran que el territorio acumula el menor número de infracciones por dos razones. La primera, porque hay menos VPO que en el resto de los territorios, y en segundo lugar porque, por ese mismo motivo, existe una mayor demanda de vivienda de protección, en alquiler pero también en régimen de compra, y por tanto sus adjudicatarios sí la habitan, tal y como marca la ley. Pero ese menor porcentaje de infracciones no sirve de alivio cuando siguen existiendo usos fraudulentos de un bien financiado con dinero público, que no solo es básico sino que además es muy preciado en un territorio con el metro cuadrado por las nubes.

En concreto, y aunque la tasa de fraudes detectados en las VPO en propiedad es mínimo, en el último año y medio el Gobierno Vasco impuso 106 multas de diferente cuantía a otros tantos propietarios que no cumplían con las «obligaciones» que se adjudican a los demandantes de Etxebide, junto al «derecho» a habitar una vivienda digna. «Porque todo derecho tiene un reverso de obligaciones», ha recordado este viernes el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, quien ha aseverado que su departamento ha incrementado las inspecciones y lo seguirá haciendo, con la próxima incorporación de dos personas más, para ser «riguroso» con la defensa de la «función social» que la última ley confiere a la vivienda protegida.

Según ha detallado este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco, en el último año y medio se han llevado a cabo 9.502 inspecciones de pisos en toda Euskadi. De ellas, 2.010 en Gipuzkoa, 3.997 en Álava y 4.095 en Bizkaia. Y hasta el 30 de junio de este año, se visitaron otros 7.277 pisos, 2.380 de ellos en Gipuzkoa, para comprobar si sus moradores cumplen o no con la exigencia de que el inmueble sea efectivamente su residencia «principal y permanente».

Los datos

16.779 inspecciones
se han llevado a cabo en Euskadi en 2017 y el primer semestre de 2018. De ellas, 4.390 se han realizado en Gipuzkoa, que tiene el menor número de sanciones por tener menos VPO y mayor demanda
Motivos
No ocupación
45 sanciones
Ausencia injustificada
26 multas. Alquiler no autorizado: 12 casos multados. Uno, con 10.000 euros
Multas
Cuantía
Infracción leve, de 300 a 3.000 euros; grave, hasta 20.000; y muy grave, hasta 300.000

Como resultado de esas 16.779 inspecciones se incoaron 270 expedientes sancionadores, aunque, tras su tramitación y la comprobación de las alegaciones de los propietarios, solo 106 terminaron con una multa, 84 el año pasado y 22 en el primer trimestre de este. Es decir, solo en un 0,6% de los casos se detectó un fraude más o menos grave.

Como piso turístico

La mayoría de las sanciones, ha explicado el consejero, se deben a que la vivienda no está ocupada. El segundo motivo de infracción es la ausencia prolongada del domicilio sin justificación y, en tercer lugar, las multas fueron impuestas a propietarios que alquilaban sus pisos sin autorización. Concretamente, 12 de las multas impuestas en 2017 lo fueron por esa razón. Una de ellas, según ha concretado Arriola, fue para el dueño de una VPO que no solo no habitaba su casa -por lo que le cayeron 1.500 euros- sino que además la ofertó por internet en una plataforma de pisos turísticos -fraude que le costó otros 10.000 euros-. «En total, 11.500 euros que ya ha abonado», ha confirmado el consejero.

En total, las 106 multas impuestas suman 240.747 euros, una media de 2.888 euros por caso. No obstante, Arriola no concretó qué cuantía se ha abonado ya.

Lo que sí ha recordado Arriola es que con la nueva Ley de Vivienda aprobada en 2015, las sanciones que hasta entonces se imponían en los controles que el Gobierno Vasco comenzó a practicar en 2004, se endurecieron «de forma muy considerable». Así, actualmente, las infracciones leves conllevan multas de 300 a 3.000 euros; las graves, entre 3.001 y 20.000 euros; y las muy graves pueden llegar hasta los 300.000 euros. Solo en casos excepcionales, de situaciones de máxima gravedad, se podría decretar la expropiación de la vivienda, aclaran fuentes del Departamento, que distinguen estas VPO de las viviendas sociales de alquiler, que gestiona Alokabide y que están sometidas a un control mucho mayor y más frecuente para comprobar si cambian las condiciones económicas de sus inquilinos. Las inspecciones y sanciones referidas, por tanto, solo se refieren a viviendas de protección en propiedad, el menos controlado por la Administración pese a que las políticas públicas han primado el régimen de compra sobre el del alquiler, hasta el último giro dado en los últimos años.

Este dato llega un día después de que el Tribunal Constitucional haya dado luz verde al Gobierno Vasco para intervenir, mediante cánones o incluso expropiaciones, en cualquier vivienda vacía.

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