Gaztelagun se flexibiliza a partir del miércoles

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha anunciado este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco la inminente reforma, con la que se pretende llegar a cientos de jóvenes más durante los tres años que estará en marcha este programa. La nueva orden que regula los requisitos fue aprobada por el consejo de gobierno el pasado martes, y será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco el día 17, por lo que se activará al día siguiente.

Los principales cambios versan sobre la ampliación de la edad y sobre la horquilla de ingresos requeridos. La primera, tal y como ha venido informando este periódico, supone rebajar de los 23 a los 18 años la edad para poder solicitar la ayuda, con un tope máximo de 35 años. De esta forma, ha explicado Arriola, se permite la emancipación a edad más temprana y se «soluciona el problema de las parejas en las que uno de los miembros no llegaba a los 23 y quedaba excluido».

Pero la novedad más relevante, a tenor de que el 80% de las solicitudes desestimadas lo fueron por motivos económicos, es el cambio en los ingresos exigidos. El mínimo será de 3.000 euros, como para el alquiler público de Etxebide, y no el importe de la RGI que elevaba sustancialmente esa cantidad, a más de 8.000 euros. Además, se eleva de 15.000 a 18.000 euros los ingresos anuales máximos cuando se trata de un solo perceptor; y a 24.000 y 28.000 euros para unidades familiares y familias numerosas, respectivamente. «De esta forma se incluye a un ámbito más amplio de la población joven y se atiende a realidades ya detectadas por Alokabide», la gestora del alquiler público, ha explicado el consejero.

El resto de requisitos se mantienen. Es decir, la ayuda no podrá rebasar el 50% de la renta de alquiler que se paga, o del 60% en caso de que sea un piso compartido, con un tope en cualquier caso de 250 euros, el mismo que las prestaciones económicas para el alquiler que concede Vivienda. Tampoco se modifican los máximos de renta permitidos. En las capitales de hasta 750 euros, en áreas metropolitanas de 650 euros y en el resto de municipios vascos, de 600 euros. Y se exige no tener vivienda propia, que el arrendador no sea familiar, que el piso se utilice como residencia habitual o llevar un año de residencia ininterrumpida en Euskadi.

Durante este 2019, hasta principios de diciembre, se habían presentado un total de 1.602 solicitudes a través de Alokabide, que gestiona estas ayudas. Según ha indicado Arriola, de ellas se han concedido 757 y 444 se han denegado, la mayoría, un 76% debido a que no cumplían las exigencias de ingresos; y un 5% por la edad. El resto se han desestimado por falta de documentación, o desistimiento del propio solicitante. «Estimamos que con los criterios más flexibles una gran parte de estas solicitudes rechazadas podrán acceder a las ayudas y que se sumará también un número considerable de personas que no han llegado a presentar su solicitud porque sabían que no cumplían los requisitos», ha augurado el consejero. Alokabide, de hecho, ya se ha empezado a poner en contacto con algunas de esas personas que se quedaron fuera para informarles de la nueva normativa y permitir que se beneficien de ella.

El cálculo del departamento es que este primer año de Gaztelagun finalice con unos 800 beneficiarios, «un dato muy positivo porque se trata de un colectivo sensible que hasta el momento no había podido acceder» a estas ayudas, ha indicado Arriola. Pero una cifra que se queda lejos de la estimación original de llegar el primer año a 2.500 jóvenes, según los datos extraídos de la encuesta sobre necesidad de vivienda. De momento, Vivienda ha desembolsado más de un millón de euros a los jóvenes que ya son perceptores, y ha comprometido 4,2 millones más para seguir pagándoles la ayuda hasta que cumplan tres años.

El consejero cree que flexibilizar la norma «incrementará sustancialmente» estas cifras, tanto de solicitantes como de prestaciones concedidas. Del 50% al 80%, ha concretado. Gaztelagun tiene prevista una vigencia hasta 2021, con un techo de gasto de 52 millones con los que pretende favorecer la emancipación de hasta 6.000 jóvenes, que siguen viviendo con sus progenitores. Aún queda, por tanto, mucho margen para crecer y para que este empujón, junto al resto de políticas de vivienda destinadas al colectivo (alojamientos dotacionales…), permita a los jóvenes iniciar antes su proyecto de vida emancipada. Ahora, la edad media en Euskadi se sitúa en 29,6 años, según el último informe del Observatorio Vasco de la Juventud.