Euskadi se propone duplicar en 15 años las viviendas en alquiler público «asequible»

El reto ha sido comprometido en la comparecencia parlamentaria esta tarde del responsable de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, que ha planteado un nuevo Pacto Social por la Vivienda para lograr que el 5% de las viviendas principales en Euskadi sean públicas en alquiler, para asentar un parque de VPO permanente de más de 102.000 viviendas, el 10% del total de residencias habituales, y para desarrollar los decretos pendientes para implementar la Ley de Vivienda de 2015, que reconoce el derecho subjetivo a habitar una morada «digna». «El Plan Director de Vivienda para la presente legislatura», asegura, buscará la «ejecución efectiva de la Ley de Vivienda y sus desarrollos normativos» con la misión «de facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a las personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, en especial a las personas beneficiarias del derecho subjetivo y a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social». Recuerda en este sentido que quedan por aprobar los decretos sobre la regulación del derecho subjetivo, el de vivienda deshabitada cuyo borrador proponía un canon en caso de no sacarla al mercado o el de habitabilidad, que quiere «propiciar la creación de espacios más versátiles y flexibles, que se adapten a las necesidades actuales y futuras de sus ocupantes, evitar la infravivienda y atajar la sobreocupación».

Entre los colectivos prioritarios se encuentra el de los jóvenes, para quienes Arriola anuncia «mejoras normativas específicas» para favorecer su emancipación a través de los programas ya en vigor de Gaztelagun, alojamientos dotacionales y cupos en promociones. Y avanza que se mejorarán los criterios de adjudicación y requisitos de acceso a una VPO, y se revisará la normativa de precios, sin actualizar desde 2010, para «corregir y ajustarlos» a «la evolución en los costes de promoción y construcción« porque »en algunos casos se encuentran desfasados por defecto y en otros por exceso«.

Además, ha aseverado que su departamento no va a «desahuciar» a nadie de una vivienda del Gobierno Vasco «por no poder pagar de buena fe el alquiler». «Afirmo con rotundidad queninguna persona ha sido desahuciada» por esa razón, desde que en 2017 se aplica el protocolo acordado con Eudel, «y así va a continuar siendo en el futuro».

En este área, pero en materia de rehabilitación y regeneración urbana, el departamento impulsará otro plan Renove «que integre las ayudas sin convocatorias anuales», para mejorar la accesibilidad, eficiencia energética y habitabilidad exterior de viviendas y edificios.

En la otra cartera que esta legislatura recupera Arriola, Transportes, sus objetivos se centran en el avance en los proyectos ferroviarios en marcha, la extensión del billete único a todos los medios de transporte de la CAV y la renovación de la Ley de Movilidad Sostenible, con un plan que «establecerá las directrices para garantizar que los sistemas de transporte de Euskadi se ajusten a las necesidades económicas, sociales y ambientales».

En ese marco, el «impulso» al TAV es «un objetivo prioritario». Arriola no aventuró nuevas fechas para su posible puesta en marcha -2024 ya ha quedado también obsoleta- y se limitó a confiar en que se terminen las obras de la estación de Atotxa, de los tramos ya licitados, y que finalice el estudio informativo del ramal Astigarraga-Lezo para poder iniciar la redacción de los proyectos constructivos y de ejecución del apeadero de Astigarraga, infraestructura que no será parada de alta velocidad pero servirá de enlace entre la red convencional y la nueva.

En las dos redes convencionales, la de Euskotren y la de Renfe, habló de «transformar el Topo en el ferrocarril metropolitano» que vincule los ejes Zumaia-Irun y Tolosa-Donostia, para lo que rescató el proyecto del intercambiador de Loiola, que conectaría ambos trazados en Donostia. Para ello, planea finalizar la pasante subterránea de Donostia, acometer un nuevo trazado entre Orio y Usurbil que reduce 1,5 kilómetros el actual con doble vía, impulsar la renovación del tramo Altza-Galtzaraborda con el soterramiento de la estación de Pasaia y la construcción del mencionado intercambiador.

Además, está entre los planes la construcción de la nueva estación de Euskotren en Zarautz o el nuevo trazado entre Ventas de Irun y la frontera.

Estas actuaciones siguen su curso con la vista puesta en recuperar a los viajeros perdidos durante la pandemia, y el consecuente impacto económico que Arriola calculó en más de 300 millones «de déficit de explotación» en toda la red de transporte vasca y para la que animó al resto de instituciones a impulsar «un plan de choque».