El pacto educativo se sostiene entre grietas

El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, se aferra a que su departamento es «fiel» a lo que el 90% de la cámara acordó a la hora de redactar la que será la futura norma educativa. Bildarratz repite como un mantra «trabajo, escucha y discreción» cuando se le pregunta por cualquiera de los desencuentros y críticas que desde hace siete meses se producen en cualquiera de los avances en este sentido.

El último capítulo ha puesto al propio acuerdo educativo, calificado como «histórico», entre las cuerdas. Elkarrekin Podemos-IU puso el grito en el cielo por la supuesta oferta, en el contexto de las negociaciones presupuestarias, con PP+Cs para extender los conciertos educativos a las aulas de 2 años de los centros de titularidad privada. Una «gota que colma el vaso» para los morados que, según denunciaron los jeltzales y socialistas, estos ya conocían con anterioridad y que provocó que EH Bildu manifestase que el Ejecutivo esté alimentado la «desconfianza» entre los firmantes del pacto. Ambos grupos solicitaron una reunión de la comisión de seguimiento del pacto que de momento mantiene su agenda prevista de un encuentro trimestral. Antes de todo esto, el acuerdo con Google fue el primer escollo entre los grupos políticos nada más firmarse el pacto seguido del decreto de planificación de los centros que Educación se abrió a modificar para calmar las aguas.

El anteproyecto de ley presentado a mediados de septiembre se encontró desde el mismo día de su publicación con una acogida crítica por buena parte de la comunidad educativa y de los firmantes del acuerdo. La coalición morada fue la primera en calificarla de «humo», y el resto fue desgranando su malestar ante las «inconcreciones» que presentaba el texto. Bildarratz defiende que la ley tiene que tener un marco amplio que luego se irá desarrollando en decretos y órdenes. Ahí es donde reside uno de los principales problemas. «Lo que no quede escrito en la norma estará sujeto a interpretación del grupo que esté en el poder», se lamentan distintas fuentes. El periodo de presentación de alegaciones recogió un total de 26 presentadas por 35 agentes del sector educativo y en Educación ahora están inmersos en la redacción del texto definitivo mientras «se sigue escuchando a diferentes agentes y organismos».

En la agenda del departamento de Educación se va retrasando el plazo para la presentación del texto que se propondrá como definitivo al Parlamento. Bildarratz afirmó este fin de semana en una entrevista a la radio pública que «más que los plazos» lo que interesa es «recoger las cuestiones que nos preocupan». Si hasta ahora se hablaba del último trimestre de este 2022, el responsable de Educación habló de «diciembre, enero, febrero. Ahí nos vamos a mover» tras recordar que la primera fecha que se dio cuando se puso en marcha la idea de contar con una ley educativa que sustituyera a la de 1983 fue diciembre de 2023.

De todas formas, Bildarratz también sostiene que los cambios ya han empezado a producirse. Las modificaciones en el decreto de admisión que obliga a los centros financiados con dinero público a guardar plazas para el alumnado más vulnerables es uno de los ejemplos. Pero sigue sin concretarse qué se considera alumnado vulnerable o cuántas plazas deberán reservar los centros.

Responsables de la red pública y concertada ven con buenos ojos la puesta en marcha del nuevo sistema público vasco de educación que compromete a quienes reciben dinero de la administración a cumplir con los requisitos que esta imponga. Una de las prioridades es poner fin a la segregación en los centros vascos por lo que estar bajo su paraguas obligará a no poder cobrar cuotas.

El presidente de la federación de directores de centros públicos, Heize, Iñigo Salaberria, considera que el anteproyecto de ley necesita concreción para que «la red pública dentro del sistema tenga capacidad de aumentar su espacio». Reivindica que la educación «sea lo más justa posible», lo que para Salaberria «no significa que haya un reparto igualitario de recursos» sino que se siga el principio de «dar más a quien menos tiene». «La escuela pública debe ser el centro y debe ampliar su ámbito de acción», subraya. Asimismo, considera fundamental «la organización de la oferta». Y pide que se realice «un análisis por redes de cada centro». En cuanto al euskera, Heize aboga por un modelo «generalizado e inclusivo». Solicita que en la futura ley se fijen bien «no solo los objetivos sino también los compromisos adquiridos por todos». Y a esto añade que «deberíamos fijar para todo el sistema educativo un modelo de mejora claro».

«Ya se están tomando medidas y estas van en contra de la escuela pública», critica Lurdes Imaz, la directora de las asociaciones de padres y madres de familias de la escuela pública, Ehige. Como ejemplo pone el decreto de concertación. «Se ha blindado toda la oferta educativa de la concertada para los próximos seis años sin ningún tipo de condición», explica. «Hay un acuerdo educativo que no se está cumpliendo porque el Gobierno se está basando en ese pacto para hacer decretos y órdenes», asegura Imaz. «Estos van claramente a favor de blindar el sistema público privado sin ningún tipo de condiciones a la red concertada», manifiesta. «Esto es muy grave. No se toma ninguna medida para crear plazas públicas. Ahora ya hay un claro desequilibrio de plazas, la privada está más fuerte y lo que se quiere es mantener su oferta, y eso va a acabar perjudicando a la escuela pública que se pone en riesgo por ese desequilibrio».

Las ikastolas, como referente de los centros concertados, reclaman un sistema educativo vasco «integrador» y propio. Una reivindicación que hicieron pública la semana pasada con la puesta en escena de una reunión de 113 representantes citados en Donostia. «Las ikastolas hacemos un esfuerzo especial, el nuestro es un proyecto único para todo el territorio vasco», explicó Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen Elkartea. Esta singularidad les lleva a reivindicar «un nuevo marco legal» para mantener y difundir sus ejes. «Euskera, transmisión de la cultura vasca, currículo vasco, modelo democrático de gobernanza, participación, innovación», son algunas de sus peticiones. Asimismo, reclaman conocer cuáles serán «los requisitos, derechos y obligaciones» que deberán cumplir los centros para participar en el llamado servicio público educativo vasco.

Los colegios unidos bajo el paraguas de Kristau Eskola (KE), otra de los referentes de la red concertada vasca, se muestran más cautos en sus declaraciones en relación a la futura ley vasca de Educación. Ante el último decreto de admisión marcado por el índice de vulnerabilidad, su nueva directora, María Eugenia Iparragirre, subraya que espera que se respete «el derecho de las familias» de libertad de elección de centro porque acogen «como propio» atender a los vulnerables. En el inicio del curso escolar urgió a educar en valores» y «trabajar unidos como red». «En nuestras manos está contribuir a transformar la sociedad en un lugar en donde todos tengamos cabida, sin dejar a nadie atrás», señaló.