El proyecto vasco de ley de Educación nace dividido por no incluir modelos lingüísticos

El principal socio de gobierno de los jeltzales, el PSE, ha mostrado sus «diferencias» en cuanto al texto aprobado, algo que se deberá subsanar en el trámite parlamentario. Los sindicatos han trasladado su rechazo frontal al texto y algunas instituciones como Eusko Ikaskuntza tampoco se han mostrado del todo conformes con el proyecto aprobado hoy.

En líneas generales la ley aboga por una enseñanza «de calidad, integradora y euskaldun» bajo un sistema único que aúna la red pública y la concertada. El futuro sistema garantizará la gratuidad de la enseñanza, toda una revolución en el sistema educativo. El consejero de Educación Jokin Bildarratz ha resaltado este martes que «culmina así un proceso intenso exigente pero sin duda apasionante». «Define las bases de una nueva ley educativa 30 años después», ha subrayado, la tiempo que ha defendido que el texto es «fiel y leal» al pacto educativo firmado el 7 de abril en la Cámara vasca.

Las dos redes educativas, pública y concertada, se integran en el servicio público vasco de educación que buscará una educación «de calidad, integradora, de igualdad de oportunidadades», ha enumerado el consejero, «con la escuela pública como pilar fundamental» y «euskaldun».

Precisamente en cuanto al futuro de los modelos lingüísticos, el proyecto de la ley de educación no recoge, tal como hay hoy en día, la existencia modelos A, B y D de enseñanza. Apuesta por un perfil de salida de los alumnos al terminar sus estudios B2 en euskera y castellano y un B1 en inglés. En este sentido Bildarratz ha señalado que «los modelos no desaparecen» y que «cualquier familia puede elegir el modelo en el que educar a sus hijos». En este aspecto, cada centro educativo deberá redactar su propio proyecto lingüístico «porque cada ecosistema lingüísitico de los centros es diferente». «Tenemos un elemento nuevo», ha expuesto Bildarratz, «el perfil de salida».

El responsable del área educativa vasca espera que la convocatoria de elecciones municipales y forales no afecten al futuro devenir del proyecto, ahora en manos del Parlamento Vasco que «sigue trabajando».

En el nuevo texto se refuerza la importancia de la red pública y el papel del euskera «como eje vertebrador de un sistema plurilingüe e intercultural». Pero también presenta algunas novedades que se recogen en sus cuatro disposiciones adicionales, entre ellas la segunda que habla de la integración de centros en la red pública por la que «se desarrollará el régimen que permita la integración de centros educativos privados en la red de titularidad pública tras recabar la conformidad de dichos centros».

Además se constituirá el Consejo Asesor sobre condiciones laborales «en el plazo de un año» desde la entrada en vigor la Ley. En este futuro nuevo órgano estará representados además del departamento de Educación, «las organizaciones empresariales más representativas de los centros concertados y de los sindicatos» con una presencia «igual o superior al 10%» en el conjunto de los centros que presenten el servicio público vasco de Educación.

A su vez se «impulsará» un proceso de diálogo «activo» con la comunidad educativa para lograr un Pacto contra la segregación escolar. La cuestión de la vulnerabilidad del alumnado y su concentración en determinados centros educativos es uno de las cuestiones que la Ley busca erradicar. El decreto puesto en marcha ya para el próximo curso en la matriculación de los más pequeños es la primera prueba de ello. El futuro sistema educativo vasco, por el que apuesta la ley, quiere que asentarse en valores de «convivencia» en el marco de «una escuela inclusiva», en la que todo el alumnado tenga «una educación de calidad».

El servicio público vasco de educación aunará los centros públicos y los privados concertados. La administración educativa «garantiza la prestación de una enseñanza gratuita» en los centros financiados con fondos públicos. Los centros dentro acogidos bajo ese paraguas deben regirse por los principios de «no discriminación, transparencia, carencia de ánimo de lucro, atención al alumnado vulnerable y a la diversidad del alumnado». A su vez priorizarán el euskera dentro del sistema educación, y deberán garantizar «la libertad sexual y de género», así como la laicidad. En cuanto a la asignatura de Religión, «el mínimo establecido será la el máximo establecido por la legislación básica» y se garantizará que «no haya adoctrinamiento». En los procesos de matriculación, la ley tiende la mano a los ayuntamientos que podrán colaborar «facilitando espacios para crear oficinas específicas de información, orientación, y matriculación para las familias».

La Administración «deberá aportar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas». Los centros concertados «serán financiados íntegramente» en lo que a las enseñanzas respecta. Estarán sujetos a auditorías así como «a las normas de transparencia contable» para «asegurar el carácter finalista en el empleo de recursos públicos». Para la concertación tendrán preferencia los centros que atiendan a poblaciones escolares «de condiciones económicas desfavorables».

Los centros financiados con fondos públicos «no podrán ser receptores de fondos o cantidades procedentes de las familias» por enseñanzas impartidas «de forma gratuita». «No se podrá imponer la obligación de abonar cuotas o realizar aportaciones a fundaciones o a asociaciones». A su vez se regulará las actividades complementarias y extraescolares, « debiendo garantizar su carácter no lucrativo» así como «la voluntariedad» en la participación de los alumnos. Educación será quien autorice tantos los servicios escolares extra como sus cuotas, «y publicará en la web del departamento» las cantidades aprobadas.

La norma asume «un especial compromiso» con el euskera, «la lengua propia del país, y con la cultura y su transmisión». El sistema de enseñanza es «multilingüe cuyo eje es el euskera». Al finalizar los estudios los alumnos deberán tener un perfil de salida de B2 en las dos lenguas oficiales (euskera y castellano) y un B1 en un idioma extranjero, «preferiblemente el inglés». Se quiere «potenciar» el uso activo del euskera por parte del alumnado «en el contexto educativo formal y no formal». Además la ley hará «especial hincapié» en la mejora de la capacidad «comunicativa y metodológica» de los profesionales de la educación. Se reforzará su a través de planes específicos «destinados a normalizar la utilización» en la acción escolar. Con el mismo fin se prestará «especial atención» al conocimiento de la cultura vasca». Se formará al personal no docente « para que pueda desarrollar sus tareas en euskera».

Se crea el 'Instituto para el aprendizaje del euskera y de las lenguas' con la misión principal del tratamiento de las metodologías lingüísticas como la formación del profesorado «al objeto de reforzar su actitud, progreso e implicación lingüística». Y se pide a los centros educativos que hagan presentes «las lenguas y culturas del alumnado de origen extranjero», y pondrán en relieve el valor cultural y económico de la diversidad.