El Congreso avala que se supere el curso en ESO y Bachiller sin límite de suspensos pero Euskadi no lo aplicará

El Congreso convalidó ayer el real decreto-ley que autoriza a las autonomías y a los centros educativos a modificar este curso «de manera excepcional» los criterios de evaluación de todos los niveles de enseñanza de tal modo que los alumnos puedan pasar de curso o titularse en ESO, Bachillerato y FP sin que lo impida el tener asignaturas suspensas o el número de ellas. En Euskadi, en cambio, esta flexibilidad no se aplicará. El Gobierno Vasco ya anunció hace quince días que no se regirá por esta normativa.

Esta reforma legal de urgencia impulsada por el Ministerio de Educación autoriza la modificación y flexibilización de los criterios de evaluación, promoción y titulación, según justifica el propio decreto, para afrontar la «situación de emergencia» en el sistema educativo provocada por la pandemia, que obliga a muchos alumnos a compaginar docencia presencial con telemática, que causa el cierre temporal de aulas y colegios, y que exige comprimir las enseñanzas a lo esencial. Estas modificaciones legales estarán vigentes hasta el final del curso en que «dejen de concurrir las circunstancias extraordinarias», sea este u otro posterior.

La ministra de Educación rechazó que el real decreto, que sacó adelante con el apoyo de los partidos que componen el Gobierno y de sus socios nacionalistas, derogue los límites actuales de suspensos que permiten pasar de curso o titularse. Isabel Celaá señaló que la reforma lo que hace es autorizar un cambio en los criterios de evaluación para que la promoción o la titulación dependa de la mejora global del alumno en los conocimientos, competencias y objetivos básicos que debe adquirir en el curso –y no tanto del trabajo concreto en cada materia–, y para que la decisión (la evaluación) sea «colegiada»; que no sea la suma del criterio aislado de cada profesor sino fruto de la valoración conjunta y a un tiempo de todos los docentes del alumno.

Los principales partidos de la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, reclamaron a Celaá un rectificación y le exigieron que su ministerio asuma sus competencias exclusivas en materia de regulación de títulos y fije de forma concreta, y para todo el territorio nacional, el número de suspensos con que se puede promocionar en cada nivel educativo y con los que se pueden obtener los títulos. En caso contrario, le advirtieron, estará incumpliendo la ley, rebajará el nivel de exigencia de la educación en España, y provocará el aumento de las diferencias entre alumnos de distintas comunidades, según si sus consejeros de Educación y centros fijan criterios más o menos estrictos para las evaluaciones.

Algunas otras autonomías donde gobierna el PP –Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla y León– ya han adelantado que ignorarán parte de las posibilidades que les ofrece el decreto, y que este curso volverán a aplicar los criterios de promoción y titulación que fija la Lomce, la ley educativa vigente.

Eso quiere decir que en estos territorios solo se pasará de curso en la ESO con un máximo de tres suspensos, tope que en Bachiller será de dos. El decreto también fue rechazado por varias organizaciones de profesores, en especial por ANPE y CSIF, con argumentos muy similares a los esgrimidos por la oposición parlamentaria.