Cambios en habitabilidad para facilitar la conversión de locales en viviendas
El decreto apuesta por «redensificar la ciudad construida» sin necesidad de ocupar siempre suelos nuevos
El decreto de Medidas Urgentes que ultima el Gobierno Vasco también se plantea el objetivo de «redensificar la ciudad construida», lo que en la práctica significa tomar medidas para facilitar la conversión de locales comerciales y de espacios industriales en viviendas. Al equipararlos a las viviendas resultantes de una rehabilitación, el decreto posibilita la conversión total o parcial de plantas bajas, de edificios industriales o terciarios en más vivienda sin necesidad de consumir suelo nuevo. En este contexto, la modificación del decreto de Habitabilidad asegurará la conversión de locales en vivienda mediante la exoneración de las condiciones de soleamiento, orientaciones y distribución interior, equiparándolos a actuaciones de rehabilitación con condiciones menos exigentes.
El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, defiende esta exoneración al considerar que «es un instrumento útil para flexibilizar y facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas, para lo que será necesario que los ayuntamientos echen una mano y pongan también toda su capacidad normativa al servicio de esta causa».
La entrada en vigor del decreto a final de año supondrá la modificación de doce normas, ya que introduce cambios en cinco decretos: de habitabilidad, de régimen jurídico de la VPO, del programa de vivienda vacía Bizigune, del programa de intermediación en el mercado de alquiler libre ASAP, y del derecho subjetivo a una vivienda. También modifica siete órdenes: de acción positiva para mujeres víctimas de la violencia de género, de medidas financieras para la compra de vivienda, de registro de solicitantes de vivienda, de medidas financieras para la rehabilitación, de fomento del alquiler, del programa de alquiler Gaztelagun, y de determinación de los precios y rentas máximas de las viviendas de protección pública.
El Departamento de Vivienda destaca que algunos de los objetivos de estos cambios normativos son «hacer más atractivas las ayudas de fomento al alquiler y los programas de captación de vivienda; el acceso a las ayudas de rehabilitación; ampliar la prioridad de las mujeres víctimas de la violencia machista en el acceso a las viviendas de protección pública; y garantizar el acceso de determinados colectivos a la adjudicación extraordinaria o directa».
Estas modificaciones provocarán un aumento del gasto anual del departamento superior a los 5 millones, aunque también prevé sumar 2,5 millones a través de los contratos con inquilinos del programa Bizigune.
