El Ararteko reclama que no se suspenda la RGI a familias con menores

El Ararteko ha explicado este jueves ante el pleno del Parlamento Vasco el informe de actividad de la institución referido a 2016, un año en el que el conjunto de actuaciones se ha incrementado un 23% respecto al ejercicio anterior hasta alcanzar las 10.958. Esta cifra le ha llevado a reiterar que «nuevamente nos hemos visto desbordados por las quejas y consultas presentadas por la ciudadanía».

La explicación a este incremento obedece, según Manuel Lezertua, a que los efectos de la crisis económica «siguen visibles» como lo demuestra el constante el incremento de quejas ciudadanas en un 70% respecto a 2010, «debido, principalmente, al gran peso de las relativas a las prestaciones sociales de contenido económico».

En este ámbito, se ha vuelto a referir al peso de las consultas relacionadas con el con el funcionamiento de Lanbide y sus actuaciones en materia de ayudas sociales. Tras resaltar que la renta de garantía de ingresos (RGI) es «un instrumento potente para paliar la incidencia de la pobreza en este país», Lezertua recomienda a Lanbide, gestor de la ayuda, a no suspenderla a familias con menores porque «el interés del menor es superior a cualquier otro». En este sentido, ha pedido «una protección especial para las familias monoparentales». Además, ha pedido que la normativa que rige las ayudas sociales «se redacte en un lenguaje adecuado» para que sea comprensible por todo el mundo y ha pedido un plan interinstitucional de acogida a menores no acompañados.

En una intervención de cuarenta minutos, el Defensor del Pueblo Vasco ha resumido la actividad de una institución a la que la ciudadanía acude cuando cree que una administración pública conculca sus derechos. Así, se ha referido a las quejas por las listas de espera para una intervención quirúrgica cuando se sobrepasan los 180 días y ha pedido que en estos casos se ofrezca al paciente una fecha aproximada.

Asismismo, ha pedido a las administraciones con competencias en materia de tráfico que a la hora de redactar atestados por accidentes de tráfico, los agentes que lo hacen y no han presenciado el siniestro argumenten mejor las causas que, a su juicio, lo ha originado.

Labor «impecable»

En el turno de grupos, todos los partidos han coincidido, aunque con matices, en destacar la importancia de la labor que realiza la institución del Ararteko para garantizar los derechos de los ciudadanos.

Así, por parte del PNV, Irune Berasaluze ha puesto el acento en el hecho de que al atender las quejas presentadas, el Defensor del Pueblo ha comparado que en más de la mitad de los casos «no ha habido actuaciones incorrectas» por parte de las administraciones censuradas.

Eva Blanco, de EH Bildu, se ha referido al incremento de las denuncias relacionadas con las ayudas sociales y ha considerado necesario «responder adecuadamente a las situaciones de pobreza». Asimismo, ha hecho alusión al incumplimiento de recomendaciones del Ararteko en cuestiones como la instalación de dispositivos de videograbación «cuando se producen detenciones de la Ertzaintza» o las trabas que en ocasiones se ponen a los inmigrantes para acceder a los servicios sanitarios.

Tinixara Guanche, de Elkarrekin Podemos, ha calificado de «impecable» el trabajo del Ararteko y ha centrado su discurso en censurar al Gobierno vasco y, en particular, a Lanbide al referirse a las ayudas sociales porque más de 750 quejas relacionas con la RGI demuestran que «se ponen parches para resolver las necesidades de los más desfavorecidos».

La socialista Rafaela Romero ha alabado la función del Defensor del Pueblo «en su lucha contra la marginación» y ha agredecido el informe anual en la medida que ayuda a los representantes de los ciudadanos «a trabajar» en favor de los derechos sociales.

Por último, Juana Bengoecha, del PP, ha opinado que cada recomendación de la institución que lidera Manuel Lezertua es «un tirón de orejas» a las administraciones. Además, ha expresado su preocupación por el hecho de que en ocasiones no se tengan en cuenta sus resoluciones «porque aboca a las personas a ir a juicio» si quieren seguir adelante con su reclamación.