IBI y basuras aportarán dos tercios de los 3,1 millones más que prevé recaudar Donostia en 2026

Tal y como adelantó DV, la tramitación de las nuevas ordenanzas fiscales se cerró con diferentes acuerdos entre el gobierno municipal y los grupos EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Así, PNV-PSE apoyaron una enmienda y dos proposiciones normativas presentadas por la coalición abertzale.

La primera es sobre el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, en el que el incremento del 2% se aplicará únicamente a los turismos de más de 16 caballos fiscales y a las motos mayores a partir de 500 centímetros cúbicos. Para el resto, la revisión se quedará en el 1,5%. Además, el gobierno municipal también dio sus votos a la proposición normativa de EH Bildu para que la bonificación que reciben en el impuesto los vehículos eléctricos pase del 90% al 95%.

Del mismo modo, el Ejecutivo que encabeza Eneko Goia –quien tuvo que utilizar su voto de calidad para resolver dos empates– avaló la propuesta del grupo abertzale en relación a la tasa por el suministro de agua, de modo que la cuota variable que deberán pagar el regadío de fincas y las piscinas privadas pasará a ser de un 2%.

Asimismo, PNV-PSE auspiciaron la aprobación de proposiciones normativas de Elkarrekin Podemos relativas al IBI, para suprimir los artículos relacionados con las bonificaciones que podrían recibir las viviendas vacías, así como para incluir un nuevo punto en el artículo 12 del mismo impuesto con el siguiente texto: «No gozarán de ningún tipo de bonificación los bienes inmuebles de uso residencial sujetos a recargo por no constituir residencia habitual». Con esta redacción de la ordenanza, las segunda residencias que hasta ahora se beneficiaban de algún tipo de bonificación tendrán que abonar desde el 1 de enero el recargo completo del IBI a los pisos deshabitados, el 150% máximo que permite la ley, si bien las casas de veraneo que demuestren una ocupación de al menos 90 días al año seguirán exentas del pago.

La aplicación de estas subidas permitirá a las arcas municipales ingresar 1,1 millones más en concepto de IBI, 217.000 más por el Impuesto de Vehículos, 150.000 más por el IAE y 18.000 más por Plusvalías. El ICIO de construcciones y obras se congela y se introduce una declaración de interés social para las promociones protegidas de alquiler con una bonificación del 95%.

En cuanto a las tasas, la recaudación aumentará 40.000 euros por vallas y andamios, 9.300 euros por vados, 12.900 euros por los servicios de playas, 168.000 euros por la OTA (la viñeta de residente no se encarece, solo el precio del tique), 11.800 euros por la grúa, 272.000 euros por saneamiento (el déficit del servicio se calcula en 3,5 millones), 40.000 euros más por terrazas y 1 millón más por la tasa de basuras, que arrastra un desequilibrio estructural de 1,1 millones.

El concejal de Gestión de Personas, Economía y Presupuestos, Kerman Orbegozo, explicó que «hemos propuesto modificar 11 de las 23 ordenanzas fiscales con objetivo de gestionar los recursos municipales de modo eficiente, así como fortalecer la justicia social a través de un sistema fiscal justo y progresivo que nos permita poder hacer frente a los retos del futuro sin dejar a nadie atrás». El delegado del PNV calificó la política fiscal del gobierno municipal de «moderada, responsable y socialmente comprometida», al tiempo que recordó que para los próximos ejercicios se ha acordado contratar doce nuevos bomberos y quince trabajadores de Acción Social, salarios a que también habrá que cubrir.

Por su parte, la portavoz del PSE, Ane Oyarbide, subrayó que la actualización de las ordenanzas fiscales «recoge los ingresos necesarios para hacer frente a los costes de los servicios públicos que presta el consistorio». Asimismo, destacó que la subida planteada «es inferior al IPC» y aseguró que «es una propuesta basada en la equidad y tiene en cuenta el principio de progresividad».

Desde los grupos de la oposición, Jabi Vitoria de EH Bildu advirtió de que «no se puede centrar el esfuerzo fiscal en las familias» cuando «venimos de importantes ahorros presupuestarios esta legislatura –46 millones entre 2023 y 2024– y se prevén mayores ingresos vía Foffim», por lo que abogó por «repartir la presión fiscal y equilibrar las subidas».

El portavoz del PP, Borja Corominas, criticó a PNV-PSE por «legislar para una Donostia de ciudadanos ricos» y denunció que «para algunas familias, pagar el IBI puede suponer no comer bien ese mes». También reclamó una «auditoría de procesos de trabajo» en el Ayuntamiento porque «los donostiarras pagan más impuestos que nunca y reciben cada vez menos».

Por último, Arantza González, de Elkarrekin Podemos, lamentó que «se han perdido diez años en discusiones sobre qué institución debe aplicar la tasa turística, un tributo que nos reportaría entre 7,5 y 8 millones anuales», además de censurar la subida «del 10% del IBI en la presente legislatura», variación que «no está justificada ni supone el mismo esfuerzo para todos».